Por: Nicolás Lantos.

Le digo efecto Coyote por el personaje que siempre intentaba (y nunca podía) cazar al Correcaminos en los dibujitos animados. Durante esa eterna persecución, una y otra vez este personaje iba más allá del borde de un acantilado o un cañón y seguí­a corriendo en el aire sin notar que debajo suyo habí­a un precipicio. Hasta que miraba. Eso rompí­a el hechizo y lo dejaba en manos de la fuerza de gravedad, que sin excepciones lo arrojaba silbando contra el lejaní­simo suelo hasta que el impacto producí­a una nube de humo y una explosión. 

Si no mirás para abajo, no te caés. Ese es el efecto Coyote, que explica en buena medida lo que sucede con el gobierno de Javier Milei. Esta semana se conocieron datos que terminan de echar por tierra las expectativas de una rápida recuperación de la economí­a: la construcción en marzo cayó un 42,2 por ciento interanual, la industria de manufactura un 21,2 por ciento, las ventas en supermercado en abril volvieron a desplomarse un 15 por ciento, el í­ndice de salarios perdió nuevamente contra la inflación y se estima que el consumo recién podrí­a recuperarse en 2025.

No miren para abajo. Aunque no aparecen fuentes de financiamiento externo y el superávit sólo pueda simularse con deuda en dólares, aunque la inflación siga en niveles altí­simos en el marco de una recesión histórica que recién empieza y el poder adquisitivo encuentre, un mes atrás del otro, nuevos subsuelos, no miren para abajo. Aunque al oficialismo le cuesta cada vez más construir consensos polí­ticos y no sacó una sola ley, aunque las internas sean cada vez más feroces, aunque el presidente hable con perros muertos, si nadie mira para abajo no nos caemos.

Pero tarde o temprano el Coyote siempre terminaba descubriendo su precaria situación. Sin importar cuántas veces lo intentara, nunca llegó al otro lado. Corolario al efecto Coyote: el único final posible, si no hay nada que te sostenga, es la caí­da. Es cuestión de tiempo. Van cinco meses de gobierno, que es al mismo tiempo mucho y muy poco. El envión de un triunfo contundente en la cámara de diputados no duró ni una semana. El paro nacional del miércoles pasado fue el más importante desde el gobierno de Fernando De La Rúa, hace un cuarto de siglo.

Y algunos empiezan a mirar para abajo. El jueves fue un dí­a complicado en la Casa Rosada. A unas cuadras de allí­, en el Hotel Alvear, en el marco de un foro de empresas nacionales y extranjeras dedicadas al negocio de la energí­a, el gobierno recibí­a, por primera vez, una amonestación severa del cí­rculo rojo. El motivo fue la decisión de pagar la deuda con ese sector, de 1200 millones de dólares, con bonos a 14 años y una quita del 50 por ciento. La decisión despertó interés en el FMI y el Departamento del Tesoro. Se usaron las palabras “ruptura de contratos” y “default”.

La situación financiera de la Argentina sigue siendo delicada y toda estrategia del gobierno se basa en un complejo mecanismo de ingenierí­a social para sostener la expectativa de una rápida mejora a pesar de que la realidad indique lo contrario. El superávit fiscal, el precio del dólar quieto, la baja del riesgo paí­s y la estabilización, en niveles muy altos, de la inflación, son equilibrios delicados, en el mejor de los casos, o maquillaje contable, y que quedarán expuestos en cuanto pase la euforia y las dudas empiecen a proyectar su sombra. Lo del Alvear no ayuda.

El entuerto puede costarle el puesto a Eduardo Rodrí­guez Chirillo, el secretario de Energí­a al que además se le atribuye la autorí­a de la ley de bases, aunque él mismo tuvo que reconocer, esta semana, al exponer en el plenario de comisiones del Senado, que deconocí­a algunos de los artí­culos clave. Sin embargo el verdadero responsable de la oferta de bonos a las energéticas fue el ministro de Economí­a, Luis “Toto” Caputo, cuya continuidad quedó en duda sobre el final de la semana mientras los candidatos a reemplazarlo se multiplican.

Además de Federico Sturzenegger, el autor intelectual de la reforma del Estado, sin cargo formal en el gobierno pero trabajando en un nuevo mega-decreto con más de 160 normas para que Milei estrene sus facultades delegadas ni bien la ley de bases consiga su sanción, y de José Luis Espert, interlocutor privilegiado del presidente, en la Casa Rosada también evalúan para el cargo el actual embajador en Paraguay Guillermo Nielsen, expresidente de YPF, exembajador en la pení­nsula arábiga, especialista en energí­a y finanzas.

Los sponsors que lo promueven le recriminan justamente a Caputo que no exhibió efectividad en ninguno de esos dos ámbitos. No pudo conseguir el ingreso rápido de divisas por inversiones en el área de hidrocarburos ni la apertura de mercados financieros para el paí­s. Ni siquiera consiguió el fondeo necesario para salir del cepo, su objetivo más urgente. El ministro, en privado, reparte culpas: a Diana Mondino por bloquear la opción china, al propio Milei por espantar a fondos árabes con su posición intransigente de defensa a Israel.

Lo que no puede explicar “Toto” sin autoincriminarse es por qué no consigue dólares frescos de Estados Unidos a pesar del furor por Milei en algunos cí­rculos empresariales y financieros, de que este gobierno subordinó a Washington su polí­tica exterior y que hasta la CIA gestionó fondos frescos con el FMI. No hubo caso. El propio Caputo es el principal obstáculo. Las pérdidas ocasionadas por su paso anterior por la gestión todaví­a se están pagando. Los gringos tienen un refrán que dice: si me cagás una vez es culpa tuya, si me cagás dos, es culpa mí­a.

El ministro de Economí­a fue respaldado por el presidente a través de un tuit, acaso la forma más auténtica en la que expresa sus opiniones, y por lo tanto polí­ticamente la más valiosa. Pero Milei no siempre tiene la última palabra. Los tironeos por el sillón de Caputo no son más que un frente periférico en la interna asimétrica entre las dos facciones que pretenden llevar el timón en su gobierno. Por un lado Karina Milei, en alianza con Santiago Caputo y los dos Menem, Martí­n y “Lule”. Por el otro el jefe de gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Interior, Guillermo Francos.

Esta semana también hubo nubarrones sobre la cabeza de Posse. El jueves hubo una reunión del equipo de gobierno en Casa Rosada, a la que Milei no asistió. Fue encabezada por la secretaria general de la presidencia, Karina, y no por el jefe de gabinete, como indica la Constitución. La tensión llegó al punto de que, en las primeras después del accidente en el ferrocarril San Martí­n, que dejó casi un centenar de heridos, mientras el gobierno nacional no tuvo una posición pública se operaban entre sí­ los dos bandos para endilgarse responsabilidades por el hecho.

Todos los ojos estarán puestos sobre el jefe de gabinete este miércoles, cuando asista al Senado para hacer un balance de su gestión. Va a recibirlo Victoria Villarruel, protagonista periférica de la misma interna por su lugar expectante en la lí­nea sucesoria. La tregua que firmó con Karina para agilizar el tratamiento de la ley de bases en la cámara alta duró lo mismo que los planes para darle un trámite express. Ni bien se presentaron obstáculos la desconfianza mutua volvió a aflorar. La vice ya no disimula los gestos de diferenciación con el presidente.

En la Casa Rosada ven con mucha suspicacia los movimientos del senador salteño Juan Carlos Romero, un experimentado legislador sin más jefe que sí­ mismo y que muchas veces funciona como vocero de Villarruel en el recinto. Esta semana Romero accedió rápidamente, primero, a agregar exposiciones durante el tratamiento en comisión, lo que significó una demora en el cronograma apretado que impulsaba el oficialismo. También intervino con varias crí­ticas durante el debate con funcionarios, que esperaban una actitud colaborativa de su parte.

El gobierno ya se resignó a que no tendrá la ley de bases aprobada antes del 25 de mayo y que seguramente deba volver a la cámara de diputados con cambios significativos. Es probable que el RIGI sufra recortes importantes o sea eliminado y también existen muchas dudas sobre el futuro del impuesto a las Ganancias. La reforma del Estado podrí­a quedar trunca, las facultades extraordinarias no reúnen consenso, y la lista de empresas a privatizar volver a achicarse, dejando a salvo, entre otras, a Aerolí­neas Argentinas.