Como la reacción de la naturaleza ante la agresión del hombre en Avatar, la película de James Camerón más vista en la historia del cine, la creciente del río Paraná y arroyos de la región derribó parte de los terraplenes construidos de forma ilegal por la empresa Bema Agri, de capitales chileno holandeses, y tapó los cuestionados cultivos de soja que montó en las islas frente a la localidad santafesina de Villa Constitución.

La firma extranjera invirtió millones de pesos para levantar un muro de unos siete metros alrededor de unas diez mil hectáreas en la Isla Irupé, ubicada entre los arroyos Esteves, San Lorenzo y Los Laureles. Pero la estructura, que fue denunciada hace un año por ambientalistas y sancionada por el gobierno de Entre Ríos –con jurisdicción en la zona-, cedió ante la presión de la suba del agua como consecuencias de las intensas lluvias en la región.

El fenómeno fue observado por representantes de la delegación en Victoria del Puerto de Fiscalización que realizaron una inspección el viernes pasado, según publicó el portal entrerriano Paralelo32.com.ar.

Los inspectores Gustavo Andino y Gustavo Spadillero, el titular de la repartición, señalaron que los distintos cursos de agua provocaron varios cortes en el megaterraplén. Y como la empresa chileno-holandesa había cerrado todas las entradas y salidas de los arroyos, la isla se convirtió en un dique y quedó bajo agua.

Según el sobrevuelo del lugar y los cálculos de los técnicos, apenas un 5% del total del lote quedó libre de agua. Incluso algunas máquinas utilizadas –las mismas que fueron fotografiadas y denunciadas por ambientalistas mientras realizaban los terraplenes- fueron afectadas por la crecida.

Las diez mil hectáreas serían irrecuperables para cultivos y a la empresa le llevaría entre dos y tres años la recomposición del suelo vegetal y el terraplén, que se realizó sin permiso de las autoridades entrerrianas.

El conflicto se inició en febrero del año pasado cuando organizaciones ecologistas realizaron la denuncia. Crítica de la Argentina dio cuenta de ese fenómeno en las islas entrerrianas. Después de eso, la Dirección de Recursos Naturales de la provincia envió un equipo de técnicos que constató los hechos e intimó a los propietarios de la empresa a paralizar las obras. El municipio de Victoria hizo lo propio ya que sus ordenanzas prohíben la siembra en los terrenos inundables en el Delta del Paraná.

Los representantes de la firma Bema Agri defendieron la obra y no dieron marcha atrás. El caso amenazaba con judicializarse hasta que la naturaleza irrumpió este año con toda su fuerza y frenó el atropello que las autoridades, por omisión, permitieron.