Estados Unidos no aceptará voluntariamente lidiar con la Argentina en el Tribunal Internacional de La Haya si el Gobierno de Cristina de Kirchner elige esa opción para definir el "juicio del siglo" contra los fondos buitre. Así se lo hicieron saber desde la Secretaría de Estado norteamericana que maneja John Kerry a la Embajada argentina en Washington; junto con el anticipo de que en el encuentro de hoy de cancilleres en la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos no firmará una acusación directa contra el Poder Judicial de su país. 

Según el mensaje no oficial que se le envió a la sede diplomática argentina, Estados Unidos entiende, siguiendo el estatuto de la Corte Internacional de la Haya, que se pueden llevar a ese nivel "sólo si los Estados implicados han consentido de alguna manera en pasar a ser parte en actuaciones ante la Corte" mediante un "principio de consentimiento entre las partes". Según la interpretación del Gobierno de Barack Obama, para llegar a la Corte radicada en la capital política holandesa, debe haber un acuerdo entre los dos Estados que en ese nivel debe resolverse un conflicto bilateral; situación que el Gobierno norteamericano no estaría dispuesta a avalar. Por otro lado, siguiendo la interpretación de EE.UU., no se podría llevar la resolución del caso a La Haya unilateralmente. Otra cuestión que estaría vedada para la interpretación de la administración Obama, sería que sólo pueden litigar en la Corte Internacional cuestiones entre Estados y no entre un país y un privado. Según el estatuto "sólo los Estados podrán ser parte en casos contenciosos ante la Corte y por lo tanto, presentarle casos", además de mencionar que "la Corte no podrá considerar controversias entre un Estado y una organización internacional", ni cuestiones "remitidas por entidades privadas o de particulares, por meritorias o conmovedoras que sean". En otras palabras, la Argentina no puede litigar contra los fondos buitre en La Haya. 

La eventual intención del Gobierno local era que, de no haber un acuerdo en las negociaciones que se están desarrollando en el bufete de Daniel Pollack, se llevara la resolución del "juicio del siglo" ante la Corte Internacional donde teóricamente jueces de diferentes regiones y sistemas jurídicos del mundo estarían más dispuestos a aceptar los argumentos que desde la Argentina hay para exponer sobre este caso. Más teniendo en cuenta que la mayoría de las organizaciones internacionales, los Estados y agrupaciones de países y hasta el Fondo Monetario se manifestaron en contra del fallo de la Corte de EE.UU. El problema ahora es que para llegar a esta instancia se debe tener el aval de Estados Unidos, algo que el Gobierno de Obama no estaría dispuesto a conceder. La Argentina buscará hoy el apoyo de la OEA luego de que los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, expliquen que el país "quiere pagar y que no puede por una falla del sistema. Lo que estamos viniendo a pedir es apoyo para poder pagar y esa es la contradicción: que un país venga a explicar qué quiere pagar y qué no pueda hacerlo porque hay una falla en el sistema que los fondos buitre encontraron, por la cual se le permite trabar el normal funcionamiento entre acreedores y deudores en beneficio propio", dijo ayer Timerman. 

La reunión está prevista para hoy a las 15 (16 en la Argentina), y fue convocada por el Gobierno para considerar el tema "reestructuración de la deuda soberana: el caso de la Argentina y sus consecuencias sistémicas". Participarán representantes de los 35 Estados miembro, entre ellos 15 cancilleres o ministros de otras carteras, así como gran parte de los 70 miembros observadores. 

Timerman tendrá probablemente como único escollo para una definición unánime la posición de los Estados Unidos que advirtió ayer que no firmará un comunicado que critique los fallos y decisiones de su Poder Judicial. 

Mientras tanto, el titular de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, hizo pública su "solidaridad con la Argentina por la situación en la que se la ha puesto" y calificó de "insólita" la decisión del juez Thomas Griesa. Al encuentro de hoy también fueron invitados el FMI, el BM y el BID.