Mendoza sigue bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo está desde mayo de 2015, cuando dictó cautelar sobre las condiciones de alojamiento de los presos en los penales Almafuerte y San Felipe.

El viernes hubo una reunión de trabajo en Washington. Allí el ministro de Gobierno Dalmiro Garay y el director de Enlace de Asuntos Penitenciarios, Ignacio Mulet informaron el plan de obras para ampliar la capacidad de los penales existentes y la construcción de uno nuevo.

Ahora se espera la resolución de la CIDH, resolución para la que no hay plazo. La Comsión podría levantar la cautelar, mantenerla tal como está y ver qué pasa con el plan de la provincia, ampliarla a otros penales mendocinos o elevarla a la Corte Interamericana para enjuiciar a la Argentina.

La situación de Mendoza en torno a las cárceles viene jaqueando a la provincia desde hace tiempo. Desde el Gobierno de Alfredo Cornejo reiteran el latiguillo de que durante los gobiernos peronistas de Celso Jaque y Francisco Pérez no se hizo nada para mejorar la situación de los presos, que ya estaban hacinados desde antes de la llegada de Cornejo al gobierno.

La cautelar 35-14 de la Comisión Interamericana parece darle la razón a los voceros de Casa de Gobierno; la denuncia es de 2014, presentada por el abogado Carlos Varela Alvarez, y la cautelar es del 14 de mayo de 2015, incluso antes de las elecciones generales que ganó Cornejo.

Pero los efectos se empezaron a sentir con el actual gobernador ya sentado en el sillón de San Martín. El viernes por la tarde Garay y Mulet desarrollaron los avances en el plan de obras de $125.000.000 para tareas de obras y refacción de la Unidades Penales de la Provincia de Mendoza y $35.000.000 para obras de mejoramiento y refacción de la unidad penal de San Rafael.

A eso hay que sumarle la próxima licitación para reactivar las obras en el complejo federal que se empezó a construir en las inmediaciones de Almafuerte, en la gestión de Pérez pero que nunca se terminó.

No es la primera vez que funcionarios de Cornejo se ven las caras con la Comisión Interamericana. En junio pasado, las condiciones de detención fueron motivo de debate en las sesiones extraordinarias de la Comisión que se desarrollaron en Chile, dónde estuvieron representando al Gobierno provincial los mismos protagonistas, Garay y Mulet.

En aquella ocasión también se esgrimió con defensa el paquete de obras para mejorar las condiciones de detenición de los internos de los penales.

En setiembre del año pasado, el presidente de la CIDH James Cavallaro, llegó a Mendoza y recorrió los penales de la discordia, Almafuerte y San Felipe.

Un mes más tarde, la Comisión lanzó un informe lapidario sobre las reformas en el Código Procesal Penal de la Provincia, particularmente en el apartado referido a las prisiones preventivas y no a la visita a los penales provinciales.

En ese informe la Comisión tomaba como propio el diagnóstico que hacen los organismos de derechos humanos locales: las prisiones preventivas se transforman en regla y no excepción.

El informe tomó por sorpresa al Ejecutivo. Al otro día de conocido el documento, Alfredo Cornejo salió con los tapones de punta a cuestionar a la Comisión y a los abogados locales de derechos humanos: “La Corte Interamericana es un organismo que está absolutamente tomado por (Eugenio Raúl) Zaffaroni, (Horacio) Verbitsky y las ONG. Los mismos que tiran el centro, cabecean. Son los mismos abogados los que hacen las denuncias y del mismo grupo que no da la cara”,decía Cornejo el 20 de octubre pasado.

Así pues la relación del Gobierno provincial con la Comisión no ha sido la óptima.