Durante la campaña, Alberto Fernández aprovechó dos frases recordadas de Cambiemos para hacer referencia a educación. Una, de Mauricio Macri: “Los chicos que tienen que caer en la escuela pública...”, cuando presentó los resultados de la primera prueba Aprender. La otra, de María Eugenia Vidal: “Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, en referencia a la proliferación de universidades públicas en el conurbano bonaerense durante el kirchnerismo.

Con pocas propuestas arriba de la mesa, tanto en la plataforma electoral como en el debate como en los discursos que dio en la UBA y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, Fernández puso el foco en la necesidad de “recuperar” la inversión educativa. En el mientras tanto, los equipos técnicos elaboraron un programa con una serie de recomendaciones.

A pocos días del cambio de mando, parece estar definido el nombre que conducirá el Ministerio de Educación Nacional. La danza de nombres que incluyeron al senador Daniel Filmus, a la actual secretaria de políticas educativas de La Matanza, Silvina Gvirtz, al rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk, y otros culminaría en la designación de Nicolás Trotta.

Nicolás Trotta se encamina a ser el próximo ministro de Educación (Crédito: Santiago Saferstein)

Trotta es el rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), una institución educativa de origen sindical, y fue el encargado de coordinar los equipos técnicos del Frente de Todos. El mismo Trotta mencionó la necesidad de generar un “contrato social educativo”: promover una discusión entre los distintos actores del sistema para diagramar una agenda educativa con vistas a los “próximos veinte años”.

De hecho, la UMET junto a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) fue una de las impulsoras de un encuentro que reunió a más de 100 especialistas. De la jornada surgió un documento que tuvo la supervisión de la pedagoga Adriana Puiggrós, que hoy se menciona como futura viceministra de la cartera.

La propuesta, que será la base de la política educativa que se viene, se ordenó en torno a distintos ejes: financiamiento, salario y formación docente, primera infancia, los desafíos de la secundaria, gobierno del sistema. El foco será procurar el acceso y la permanencia de los chicos en la escuela, y es posible que se releguen las evaluaciones nacionales. No se avanzará sobre nueva legislación, sino, dicen, intentarán cumplir leyes vigentes como la de Educación Nacional (LEN), la de Financiamiento o la Educación Sexual Integral.

La paritaria nacional y el presupuesto

Hasta el momento, la única medida educativa concreta que ya anticipó Fernández es la vuelta de la paritaria nacional, que Mauricio Macri derogó por decreto en enero de 2018, con el argumento de que son las provincias las empleadoras y, por ello, quienes deben negociar salarios con los maestros.

El anuncio de la reapertura de la paritaria llegó después de que el presidente electo se reuniera con los principales dirigentes de Ctera, con Sonia Alesso, Roberto Baradel y Eduardo López. Ahí radicará una de las principales diferencias. La gestión saliente optó por confrontar con el gremio mayoritario. La gestión entrante se muestra cercana al sindicalismo. De hecho, Baradel ya anunció, aun sin negociar, que las clases empezarán en fecha en 2020: algo que no se logró este año ni el anterior por el conflicto salarial.

Los referentes del futuro oficialismo coinciden en marcar cierto “alejamiento” del Estado Nacional de la política educativa. El presupuesto que deben destinar por ley las provincias y Nación es del 6% del PBI, pero desde su sanción en 2006 solo un año se cumplió y en los últimos, incluso, se retrocedió. Según advierten, el nuevo gobierno irá tras ese 6% que al propio kirchnerismo le resultó lejano.

La jornada extendida

Con más de 50% de niños y adolescentes pobres, la función de la escuela es tanto educativa como social, tanto de enseñar como de contener y alimentar. Ese contexto lleva a que la jornada extendida, a la que solo el 13,4% de los alumnos de primarias públicas accedía en 2017, se presente como una de las prioridades.

La propuesta va incluso más allá. La intención sería extender la jornada para los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, con foco especial en los sectores más vulnerables. La medida se llevaría a cabo de la mano de organizaciones barriales y municipales, cooperadoras, clubes y sindicatos.

Antes de avanzar, los especialistas recomiendan hacer un mapeo de la realidad que hoy atraviesa la jornada extendida, que aunque no se cumpla es obligatoria en primaria desde 2006. Analizar qué ofertas existen hoy, ver en qué provincias hay mayor atraso para, de ese modo, establecer cuánto presupuesto se requeriría y cuántos cargos docentes habría que sumar.

El jardín de infantes

La sala de 4 y la sala de 5 son obligatorias. La sala de 3 no, pero sí el Estado debería garantizar el acceso. En los últimos años, las matrículas crecieron, pero todavía hay cientos de miles de chicos fuera del sistema. Este año Unicef identificó a 445.000 niños de 3 años, 115.000 de 4 años y 30.000 de 5 años que no asisten a ningún establecimiento educativo. En general, se trata de chicos pobres, lo que contribuye a reproducir la pobreza entre las generaciones.

Muchos de los establecimientos que existen hoy, sobre todo entre hasta los 3 años, son salas maternales. En la idea de aumentar el acceso en las salas de 3 y 4, y de terminar de universalizar la sala de 5, está justamente apuntar a verdaderos jardines de infantes, cuya función principal sea educativa y no asistencial. Incluso mencionan la importancia de la “escuela infantil”, que más allá de no replicar la metodología de la primaria, sí haga pedagogía.