La educación en la provincia de Buenos Aires está en una crisis cada vez más pronunciada, que pone en riesgo la formación de miles de jóvenes que no reciben la cantidad de días de clase que recomiendan los especialistas para poder aprender los conocimientos básicos que requiere cualquier persona, ya sea para intentar insertarse en el mercado laboral o para poder seguir una carrera universitaria.

Los números dan miedo en lo que va del ciclo lectivo 2012: cuando finalice el año escolar, el 18 de diciembre, se habrán registrado 22 días de paro, realizados por distintos gremios de la educación. Esto da como resultado una medida de fuerza cada 9 días aproximadamente. Y todo indica que la situación, en 2013, no tenderá a mejorar, ya que existen indicios de que, por los reclamos salariales de los sindicatos docentes, podría no comenzar el ciclo lectivo, cuyo inicio está previsto para el 25 de febrero, dos días antes que lo registrado este año.

Esta situación es producto de múltiples causas y responsabilidades. Por un lado, el gobierno bonaerense no ha logrado, hasta el momento, poner en orden lo que es considerado una de las principales cajas negras de la política bonaerense: la Dirección General de Cultura y Educación, que absorbe el 40% del presupuesto total de la Provincia. En reiteradas ocasiones, en las páginas de este diario se puso de manifiesto la existencia de al menos 30 mil contratos irregulares en esa dependencia (en su mayoría de personas que cobran, pero no cumplen función alguna), que representaría aproximadamente una erogación de unos 4.000 millones al año, es decir, un 10% del presupuesto total de Educación.

Otro punto oscuro son las licencias médicas del personal docente y administrativo. Pese a que la Provincia tiene una red de 77 hospitales públicos, el contralor de este beneficio está a cargo de una empresa privada -llamada Dienst Consulting-, cuyo contrato se firmó luego de una polémica contratación directa (sin llamado a licitación), que en lo que va del año recibió una suma cercana a los 86 millones de pesos. ¿El resultado? Se calcula, según confiaron a Hoy distintas fuentes gubernamentales, que por cada cargo llega a haber hasta cinco docentes, que se convierten en suplentes de suplentes, lo que demanda una erogación presupuestaria que se vuelve insostenible ante la crisis económica y financiera que atraviesa la Provincia, que está contando las monedas para poder pagar el medio aguinaldo.

A este combo explosivo se le suma el creciente éxodo de escolares de las escuelas públicas, cuyos padres deciden hacer un gran esfuerzo económico para anotarlos en establecimientos de gestión privada, con el objetivo de poder recibir niveles mínimos de formación.

“De las escuelas primarias estatales de la provincia de Buenos Aires, a partir del año 2003 se fueron unos 127 mil alumnos. Es la primera vez que pasa esto en la historia, nunca había caído la matrícula estatal primaria en la provincia de Buenos Aires”, le dijo a Hoy Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación.

Y agregó: “Algo parecido pasa en las secundarias. Entre los años 2003 y 2010, la matrícula en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires ha caído. La Provincia está incumpliendo la ley de jornada extendida, que decía que la provincia de Buenos Aires, como todas las provincias, tenía que tener el 30% de los alumnos en escuelas de doble escolaridad. Y en los partidos del Conurbano no llega al 2%”.

“Las familias pobres ya han reaccionado, y muchas sacaron a sus hijos de la escuela estatal. Mientras las familias y los chicos sean rehenes de las disputas de los ministerios de Educación y los gremios docentes, vamos a tener un gran problema. La mejor receta para el gobierno es condenar a los pobres a la exclusión social. Por eso, para poder modificar las cosas y progresar, hay que comenzar por conocer la realidad. Y a mí me da la impresión de que en la provincia de Buenos Aires no se dieron cuenta de esta realidad, por lo menos las autoridades”, concluyó el especialista.

Altos niveles de desaprobación

Alieto Guadagni también afirmó que “la aprobación en las escuelas estatales secundarias es muy baja. Cada cien alumnos que hay en sexto grado, solamente egresan 44 a nivel nacional. En Salta, 25; en Chaco, 27 y en los 24 partidos del Conurbano, apenas 22. O sea, que el panorama de la deserción en la escuela secundaria en el Gran Buenos Aires es más grave que en Salta y Chaco”.

“Pero lo más grave es que esto está afuera de la agenda política de discusión en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Guadagni, que además de ser miembro de la Academia Nacional de Educación, es consejero del Instituto DiTella y profesor de los cursos de postgrado de la Universidad DiTella. También fue ministro de Economía, de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y secretario general de la Gobernación.

El especialista alertó que “el núcleo de la decadencia educativa en la República Argentina en términos cuantitativos en la escuela pública se concentra en la provincia de Buenos Aires y particularmente en los 24 partidos del Conurbano, que es el pico máximo de la pobreza en Argentina”.

Cuestionan la gran cantidad de feriados

En diálogo con Hoy, el especialista en educación Ernesto Marcellini alertó sobre las contradicciones que genera el conflicto docente y el rol del Estado.

“Me parece que las cosas se van a seguir agravando en la medida en que el Estado y las partes no se sienten a definir políticas sobre cuáles son los reclamos y qué cosas pueden ser solucionables en el corto, mediano y largo plazo. En la medida en que el sistema educativo siga siendo manipulado por políticas partidarias, para el beneficio del gobierno de turno y no una política de Estado que defina cuál es la educación que queremos, para qué país queremos, va a resultar imposible que podamos concretar obras y acuerdos básicos para poder seguir adelante”, afirmó Marcellini, que es diplomado superior y especialista en Ciencias Sociales con mención en Prácticas Escolares.

El especialista también cuestionó la cantidad de feriados en el año: “Es imposible cumplir con un calendario de 180 días de clases cuando uno lee que hay 17 feriados pautados para 2013. Hay una incoherencia”.

“Al estar el Estado ausente y al no dar garantías de infraestructura, no es tan sólo un paro de los docentes, también debe ser un paro por parte de la sociedad. Es decir, yo no puedo mandar a mi hijo a donde no hay garantías para tomar agua potable y que termine enfermo de una hepatitis o de cualquier cosa. Porque no están las garantías mínimas para que esa persona, ese individuo que se está formando, se forme en un aula limpia, en un espacio cómodo, habitable. Y no que sea la reproducción de la miseria, donde hay más miseria”, agregó el especialista en educación.

Marcellini también advirtió que “desde 1995 con la ley de Transformación Educativa -y quizás desde antes-, la transferencia de los servicios educativos a las provincias no fue acompañada de la infraestructura que se requiere.

Y tampoco hay inversión por parte del sector público a nivel nacional para acompañar a las provincias en el desarrollo y crecimiento vegetativo que requiere la educación”.

“La cantidad de días no habla de la calidad educativa. Si yo no puedo garantizar desde el Estado un buen servicio educativo en todos los niveles, buenas infraestructuras escolares, accesibilidad a las escuelas, cercanías a los domicilios, sueldos de los docentes bien pagos, que éstos no tengan que estar viajando -porque hay docentes que superan las 30, 60, 90 o 120 horas para poder vivir por los costos-. Entonces, llega un momento en que está todo tan desvalorizado que el docente o los gremios terminan perjudicados. Pero creo que hay que hacer un gran debate respecto a la educación, porque es una herramienta de Estado para un país que tiene un horizonte de Estado definido o es un discurso mediático de un ministro o jefe de Gabinete o un senador”, concluyó.