Luego de la cuestionada imposición de prácticas laborales obligatorias para los y las estudiantes del último año de la escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño decidió redoblar la apuesta y anunció la incorporación de un curso de educación financiera. Éste consta de 30 horas, que se suman a las 120 de las prácticas laborales, y se dictará a un total de aproximadamente 30 mil estudiantes. Integrantes de la comunidad educativa, sindicatos docentes, especialistas en educación y economía, y referentes de la oposición porteña no tardaron en poner reparos sobre la nueva medida que pretende llevar adelante la administración de Horacio Rodríguez Larreta, con Soledad Acuña al frente del área educativa y encargada de supervisar la aplicación. «El problema principal es la forma en que plantean esta medida: de espalda a las comunidades educativas, sin pensar realmente cómo van a ser esos quiebres pedagógicos y cómo se va a adaptar la escuela. En menos de dos meses esto se va a estar aplicando y no sabemos cómo va a suceder eso si no hubo instancias de diálogo», explicó Amparo López, vocal del Centro de Estudiantes del Lenguas Vivas, a El Grito del Sur.

La estudiante, que a partir del 17 de febrero encarará su último año del secundario, aclaró que la medida no es un error en sí misma, ya que en definitiva propone «ampliar la agenda educativa» e incorporar «herramientas para les pibis», sino que los problemas radican principalmente en la forma en la que se plantea, los sectores que intervienen y los intereses que se esconden detrás de ella. El curso de Educación Financiera busca introducir contenidos ligados a la importancia de la educación financiera, buenos hábitos, orientación vocacional, billeteras electrónicas y criptomonedas, consumo responsable, plan de ahorro y productos de crédito, reglas de oro para tus finanzas, entre otros. Y quienes se encargarán de brindar los cursos serán las propias empresas y bancos privados, a quienes la ministra no tardó en agradecer en sus redes sociales, desplazando a los y las docentes del aula. «Acá hay un beneficio que no es para los estudiantes, sino para los empresarios amigos del Gobierno porteño», sentenció López.

En esa línea, la titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Angélica Graciano, opinó: «Este acuerdo con determinadas empresas, para que ellas mismas dicten los contenidos de educación financiera, lo que plantea en definitiva son tres cosas: en primer lugar, la eliminación del lugar de los docentes; en segundo lugar, la tercerización de la educación; y por último, elude la discusión sobre el diseño curricular. Como no pueden modificarlo a través del debate público, imponen mediante distintas estrategias contenidos que no obedecen a los tres pilares fundamentales de la escuela, que son la formación ciudadana, la preparación para la educación superior y la vinculación con el mundo del trabajo».

Graciano aseguró que esta nueva medida es «una herramienta para formatear sujetos», que responde a lo que denominó como la «reforma neoliberal de la escuela secundaria» que viene llevando adelante la gestión porteña durante los últimos 15 años, y que tiene como único propósito «poner CEO’s empresarios a seducir y hablar de las virtudes que tiene el libre mercado y un Estado gobernado por empresas. Esto -según la sindicalista- a la larga va a implicar la reducción de puestos de trabajo docente. «Los embates que recibe la educación pública por parte del neoliberalismo en esta fase larretista son permanentes, y esto comenzó con el plan de reforma de las escuelas secundarias, que es la «Secundaria del Futuro». Ahí el principal propósito fue reducir los espacios curriculares y reorganizar las escuelas de modo tal que tuvieran espacio para la irrupción de las empresas o la determinación unilateral de los contenidos por parte del Gobierno porteño, lo que está prohibido por la propia Constitución de la Ciudad», advirtió.

Otra de las voces que se plantó contra la idea de introducir cursos de educación financiera en las escuelas secundarias de la Ciudad fue la ex-legisladora e integrante durante muchos años de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, Lorena Pokoik. Mientras para Soledad Acuña «el vínculo entre educación y sector privado es fundamental para recuperar la cultura del trabajo, generar empleo de calidad y romper con la dependencia de los subsidios estatales», Pokoik consideró el dictado de cursos de Educación Financiera en las escuelas como «un disparate para quienes comprendemos que la educación es un derecho social», al tiempo que aseguró que «representa un gran acierto para quienes entienden el conocimiento como una mercancía y no como un bien social». «Desde el Frente de Todos repudiamos y denunciamos este intento por parte de Larreta y levantamos las banderas de la educación como una herramienta de transformación social de los pueblos», expuso.

 La secretaria de Cultura del PJ porteño y una de las voces con más peso del Frente de Todos en la Ciudad planteó que «la educación es necesaria para que todo ciudadano y ciudadana participe de manera soberana en la esfera de lo público. La gran mayoría de los y las docentes son parte de esta concepción, y por lo tanto desde la perspectiva del mercado son personas no aptas para formar a los y las pibas en lo que el mercado demanda». «Es en ese marco que se requiere un nuevo concepto de maestros y profesores capaces de enseñar y orientar a los estudiantes a adaptarse a la lógica del mercado. De este modo, la producción de conocimiento deja de ser el principal valor agregado de una sociedad para convertirse en un bien de consumo -apuntó-. Con esa lógica ya avanzaron en la “Secundaria del Futuro” y en la UNICABA, que intenta formar a los y las futuras docentes en la lógica del mercado. Docentes del futuro para estudiantes del futuro, y así pretenden cerrar el círculo siniestro de mercantilizar los contenidos de la formación», continuó.

Luego de la contienda electoral de medio término en la que el oficialismo porteño logró consolidar su mayoría en la Legislatura, parece estar dispuesto a avanzar a paso firme con su plan de gestión. Y retomando una de las principales demandas expresadas por la juventud durante el debate electoral, como lo fue la falta de empleo, busca mediante estas medidas seguir acercando el voto joven. De todas formas, son los propios estudiantes quienes critican la medida y aseguran que no se corresponde con las necesidades que tiene hoy la juventud. «Si se está haciendo como un intento de escucha no sirve, porque se está haciendo de espaldas a la comunidad educativa», advirtió Amparo López.

Por otro lado, la representante estudiantil señaló que «no es casual que esto suceda en enero, cuando las escuelas están cerradas y nosotres estamos de vacaciones». «Es una muestra más de que no quieren que seamos parte del armado de estas medidas», reforzó.

En el mismo sentido, Angélica Graciano cuestionó la forma en que el Gobierno porteño pretender dar solución a la problemática del desempleo joven. «Quieren utilizar 120 horas dentro del horario escolar. Esto, multiplicado por los 27 mil alumnos que deben cumplir con las prácticas, te da un total de casi tres millones doscientas mil horas que se le van a regalar a las empresas con las que ha firmado convenio Larreta», subrayó. Por otro lado, en relación a las declaraciones de la ministra Soledad Acuña en la que aseguró que la escuela no prepara a les estudiantes para insertarse en el mundo laboral, no enseña a hacer un currículum ni desarrolla un test vocacional, la titular de la UTE expresó: «Hay un índice de desocupación muy alto y eso no es un problema de la escuela, la escuela forma a los estudiantes. Que no haya trabajo es un problema político y económico que no se resuelve en el ámbito educativo». Y agregó: «No se trata de generar mano de obra barata, sino de crear condiciones económicas para que todos tengan trabajo».

Por su parte, la dirigente de Unidos y Organizados destacó que «las motivaciones del Gobierno de la Ciudad de los últimos 15 años se caracterizaron, entre otras cosas, por tener grandes similitudes con el paradigma que el Consenso de Washington impuso en la década del ’90 en América Latina». Y afirmó que «los resultados devastadores» de ese plan para la Argentina tienen su traducción en el plano educativo. «Entre otros aspectos se observa la promoción de la inversión privada, la educación como un servicio que deja de ser pensada como un derecho humano fundamental, la calidad de la educación pública reducida a la responsabilidad de las/los individuos y no de las políticas inclusivas del Estado. De este modo, la escuela deja de ser un factor estructurante de la construcción ciudadana orientada al bien común, preparando a los/las estudiantes para que se adapten sin mayores cuestionamientos al modelo que imponen las reglas del mercado, minando la posibilidad de construcción del pensamiento crítico», detalló.

«En síntesis, el mercado requiere mano de obra precarizada, flexibilizada, con personas que no se reconozcan como sujetos de derechos y aceptan esas reglas del juego, entonces, quienes gobiernen bajo esos preceptos, deberán garantizar que una porción de la población no sea escolarizada o deserte del sistema», concluyó Lorena Pokoik.