Sin embargo, la cantidad de novedades vinculadas con el megaproyecto son difíciles de abordar. Lo que da cuenta, por un lado, de la relevancia que sigue teniendo para los actores institucionales y corporativos y, por otro lado, de las dificultades y controversias que impiden su acelerada y pretendida expansión.

Más allá de una personalidad menos afecta a los medios que la de su antecesor, el freno a la promoción estatal de Vaca Muerta se debe a que Lopetegui llegó para ajustar subsidios. En Fortín de Piedra, el único proyecto hidrocarburífero del que podía jactarse el macrismo como propio de su era, comenzó un duro diferendo. Esta fricción tuvo un nuevo episodio: Tecpetrol demandó al Estado por 2.500 millones de pesos por subsidios mal liquidados.

El año pasado, el área netamente gasífera Fortín de Piedra permitió que, cuando los ojos globales se posaban sobre argentina en el marco del G20, se pudiera destacar oficialmente el esfuerzo nacional para minimizar emisiones de cambio climático utilizando el discurso del gas como energía puente. El Ejecutivo nacional aseguró que el gas es menos nocivo que la explotación de crudo y eso es colaborar con el cambio climático. El discurso que enarbolaba a la Vaca Muerta gasífera como un proyecto amigable con el clima duró lo que el G20 en Argentina. Desde fines del año pasado, las inversiones corporativas apuntaron nuevamente al petróleo. Así lo hacen entre otras YPF, Shell y Vista, las compañías que en los últimos meses han realizado los anuncios más cuantiosos.

Desde otra óptica el desarrollo hidrocarburífero no convencional implica la profundización de la precariedad laboral. En mayo también en Fortín de Piedra murieron dos operarios de la compañía de servicios Pecom. Con esos decesos, fueron ocho las muertes en la cuenca neuquina en los últimos 15 meses. Un muerto cada menos de dos meses. Lo que obligó al sindicato petrolero -más afecto a cuestionar a sus afiliados que a las empresas- a realizar duras declaraciones sobre la seguridad en los yacimientos y exigió la reducción de los diagramas de trabajo y propuso aumentar la rotación con una grilla de 10 días en el campo y cinco en la casa, la eliminación de los campamentos en el medio del campo y los recorredores nocturnos de los pozos que salen solos. “Si el precio que tenemos que pagar para la explotación de hidrocarburos es la vida de un compañero, desde ya decimos que el proyecto Vaca Muerta ha fracasado”, posteo el sindicato de petroleros privados de Neuquén en su Twitter.

Por otro lado, la crisis macroeconómica nacional también ha puesto en jaque el proyecto del tren a Vaca Muerta. Cuando se anunció su licitación a mediado del año pasado se informó que  su concreción abarataría un 10% el costo de cada pozo. Pese a los esfuerzo gubernamentales tras el fracaso de la inicial propuesta de financiamiento público-privada, buscaron salvarla mediante la venta de carga anticipada, tampoco lo lograron, las reservas del sector privado fueron muy pocas.

Otra nota destacada de estas últimas semanas, la merece la resolución del juez de Garantías, Gustavo Ravizzoli en la causa de los hermanos Vela contra las autoridades de la comunidad Campo Maripe. En ese fallo el magistrado señaló tuvo en cuenta el cambio de paradigma que implica el derecho indígena y señaló que esta conflictividad no puede ser materia penal, sino a lo sumo civil y señaló que debería buscarse soluciones políticas más que judiciales. Los hermanos Vela reclaman la nulidad de la sentencia. Este es solo un ejemplo de las centenares de conflictos territoriales, no solo indígenas, que acarrea el desarrollo del megaproyecto Vaca Muerta.

Continúan la causa en torno a la denuncia contra la planta de tratamiento de residuos hidrocarburíferos Treater, ubicada en Añelo. Por un lado, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina, junto a la APDH y a la Confederación Mapuche de Neuquén sostienen que hay contaminación por fuera de la piletas en las que se depositan los residuos y la empresa responde con otros estudios que aseguran que no hay afectación. “No somos un basurero”, afirma Treater en un comunicado. La fiscalía de Delitos Ambientales, a cargo de Maximiliano Breide Obeid seguirá investigando las muestras tomadas con nuevos estudios de mayor complejidad.

Finalmente, Mendoza, donde la explotación de fracking comenzó sin un estudio de impacto ambiental por lo que el tema está judicializado por varias organizaciones entre ella FARN, ahora ofrece bajar en un 50% las regalías para impulsar la inversión petrolera, estás serán en áreas determinadas y la reducción hará pasar de un 12% a un 6% lo percibido por el estado.