Apuntaron contra la habilitación de espacios bajo la categoría de confiterías y bares, pero que en los hechos funcionan como ámbitos donde se ejerce la trata y la esclavitud sexual, “lo que no ocurriría si es que los controles fueran más amplios y eficientes”, reclamaron. Los ediles consideraron que en la falta de control se encuentra uno de los principales fallas que se deben mejorar con urgencia.

Si bien los controles caen bajo el égido municipal, expresaron que un trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno es clave y eso, denuncian es débil.

Los ataques más fuertes vinieron por el lado del Partido Obrero (PO), que consideraron que “hubo un fracaso por parte del Gobierno provincial en proteger a la mujer”. Cuestionaron la pasividad del Ejecutivo en la prevención para evitar los delitos de trata y Gabriela Cerrano criticó más directamente a la ministra de Derechos Humanos, María Pace. “Es insólito que la ministra de Derechos Humanos se haya enterado por televisión de que un grupo grande de mujeres fue rescatada. Si bien los procedimientos corren por la Justicia Federal, es ella quien después dice que el Gobierno rescató a más de 100 mujeres”, expresó la edil en diálogo con El Tribuno.

Pérez Estrada, Martín, concejal por el partido Propuesta Salteña, fue contra la administración municipal al calificar de ineficiente los controles que realizan en los locales. “Hay una falta de voluntad política y de capacidad de gestión”, expresó. Al igual que él, Arturo Borelli del PO, sostuvo que la Subsecretaría de Control Comercial de la Municipalidad tiene un presupuesto de 110 millones para realizar controles en los locales nocturnos, y sin embargo, es evidente que falla.

Raúl Medina, del Frente Salteño, aludió a la pasividad de los gobiernos, provincial y municipal en combatir los flagelos sociales. “Los funcionarios provinciales y municipales ven pasar los delitos, pero poco y nada hacen”, indicó el edil.

Reclamo

La concejal Frida Fonseca del PJ, reprochó a la mayoría de sus pares por no haber acompañado el proyecto que planteaba la prohibición de las whiskerías y cabarés en la ciudad, aunque sí se logró que se prohiban los prostíbulos. Fonseca, ya adelantó a este medio que volverá a insistir en la prohibición de las whiskerías porque son ámbitos necesarios de erradicar como parte de un plan de prevención de la trata y la esclavitud sexual.

Hubo concejales, que destacaron la cantidad de víctimas que se rescataron, pero fueron más los que resaltaron que aún se necesita que la Provincia encabece una lucha mayor.

Interpelación

Los concejales del PO, presentaron ayer sobre tablas un proyecto para interpelar al subsecretario de Control Comercial, Marcelo Scarponetti y a Facundo Furió, subsecretario de Ingresos Públicos.

Aprobada la iniciativa, los ediles llevaran a ambos funcionarios para que expliquen cómo es que realizan los controles que hoy se cuestionan, cómo realizan las habilitaciones y que rindan cuenta de cómo es que utilizan las partidas asignadas en la cartera. Fue el concejal Aroldo Tonini quien solicitó que Furió también acuda al Concejo.

Clausuraron el polémico boliche Club Room

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A raíz de lo acontecido la madrugada del sábado pasado en la que un joven de 24 años resultó apuñalado a la salida del boliche Club Room, ubicado en la calle Necochea y Balcarce, la Dirección General de Nocturnidad resolvió la clausura preventiva del lugar. De modo que el Tribunal Administrativo de Faltas de la Municipalidad de Salta, será el encargado de determinar el monto de la sanción.

Es la segunda vez que se allana el lugar por no contar con los requerimientos necesarios como un plan de seguridad y de salubridad.

Grave

El joven que resultó herido con un arma blanca la madrugada del sábado pasado, Martín Quinteros, aún se encuentra en grave estado. Quinteros, de 24 años, sufrió una puñalada en el tórax cuando estaba afuera del boliche ya que había sido expulsado por la seguridad privada del lugar.

Mientras aguardaba afuera, un joven salió del mismo boliche y lo apuñaló, dejándolo en estado grave.

Hoy, la vida de Martín corre peligro y sigue internado en la Unidad Coronaria del Hospital San Bernardo.

Uno de los presuntos autores se presentó en la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas 2, y quedó detenido, en tanto que ya había otros tres demorados.

La familia de Quinteros no radicó la denuncia en la Policía de Salta, no obstante los actos legales se iniciaron de oficio.