La oposición volvió a fallar ayer a la hora de sentar postura respecto del edificio legislativo, proyecto que pese a las trabas judiciales impuestas en principio por el radicalismo, estaría próximo a ponerse en marcha con un gran beneficiado: el presidente de la Cámara de Diputados, Darío Bacileff Ivanoff.

Ayer, los legisladores del interbloque Unión por Chaco (UPC) cayeron nuevamente en la tibieza de su posición al limitarse a señalar, con posiciones encontradas entre los integrantes de la bancada, que el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones solamente resolvió sobre la cautelar, pero no acerca del amparo presentado contra la sesión en que se adjudicó la obra.

Hoy al mediodía habrá una reunión en la que los legisladores opositores buscarán ponerse de acuerdo en cuanto a los pasos a seguir: por un lado hay quienes pretender apelar la decisión de Apelaciones y, por otro, quienes piensan lo contrario.

«Como nuestra historia lo indica, somos respetuosos de las decisiones judiciales, no está en nuestra esencia criticar los fallos que no son adversos y adherir a los favorables como sí lo hace el oficialismo, tanto el gobernador (Juan Carlos) Bacileff Ivanoff como su hijo el presidente de la Cámara de Diputados, oportunamente han tildado a la jueza Silvia Fólder que hizo lugar a la suspensión de ‘buitre’ y ‘golpista’», aseguró la diputada de UPC Irene Dumrauf.

Sin embargo, su par Luis Verdún se mostró en contra de esa postura y dijo que aún no está definido si el interbloque apelará o no el fallo y que ese se decidirá en la reunión de este mediodía.

«Cabe aclarar que lo resuelto por la Cámara alcanza solamente a la medida cautelar que solicitamos como accesoria al amparo que es la cuestión de fondo que aún falta resolver por inconstitucionalidad de la adjudicación del edificio legislativo, la cual ha sido sancionada en sesión extraordinaria durante el período ordinario, sin despacho de comisión permanente, a espaldas del debido control parlamentario a que tenemos derecho quienes somos oposición», ahondó Dumrauf.

Por otra parte, la legisladora planteó que el fallo de las juezas María Eugenia Sáez y Gladys Zamora sólo alcanza a la medida cautelar, ya que aún falta que la Justicia se expida sobre la cuestión de fondo que es el amparo por la inconstitucionalidad de la adjudicación de la obra, la cual fue sancionada en sesión extraordinaria durante el período ordinario.

De esta manera, su postura estaría mucho más cercana a la de no insistir ante la Justicia entendiendo que la decisión de la Cámara de Apelaciones debe aceptarse sin miramientos extras.

«Nos llama poderosamente la atención la clara contradicción que se manifiesta ya que en los fundamentos de la sentencia se dice que la medida cautelar recurrida no es nula por falta de fundamentación como lo había planteado el presidente de la Legislatura pero que, a pesar de ello, no comparte con la solución del fallo apelado, es decir que por un lado se dice que el fallo está bien fundamentado y se basta a sí mismo, pero por otro que todos los fundamentos alegados por la jueza y nuestra parte no son suficientes para acreditar la veracidad de nuestro derecho», indicó Dumrauf.

Por su parte, Verdún sostuvo que los cuestionamientos al edificio no terminan en la manera en que se aprobó, sino que también apuntan a la empresa que resultó adjudicada: Tridelta SA, sobre la cual pesa una causa por supuesto tráfico de ketamina y también críticas acerca de la calidad de trabajos anteriores, entre ellos pavimento en el interior.