Lejos de ser una medida de fondo ante una situación extrema, la "intervención administrativa" a Edesur anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa y el desembarco al frente de esa movida del ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat y actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, constituye otro cambio formal más para la tribuna que destinado a alterar el manejo operativo y el control de la "caja" de la distribuidora eléctrica controlada por el grupo italiano ENEL.

La intervención comunicada por el titular de Economía y la secretaria de Energía, Flavía Royón -junto el timonel del ENRE, Walter Martello y el secretario Legal y Administrativo de Economía, Ricardo Casal-, mediante un anuncio grabado tendrá una duración de 180 días que, en principio, debería concluir entre la realización de las PASO y la elección presidencial de octubre.

Tras haber inflado previamente el alcance de la medida, el propio Massa se encargó de bajarle el precio y el tono a la intervención al aclarar que no afectará el control operativo de empresa, que la responsabilidad del suministro seguirá en cabeza de Edesur y que la misión asignada al kirchnerista Ferraresi será "fiscalizar, controlar y monitorear el área administrativa, el plan de inversiones y el cumplimiento de las obras que garanticen la prestación del servicio.

En el mismo sentido, el ministro se preocupó por destacar que la decisión tomada "no afecta el contrato de concesión, ni los derechos de los accionistas privados", razón por la cual—según la interpretación de Massa—los directivos de ENEL no tendrían motivos para ir a denunciar al Gobierno ante el CIADI por incumplimiento contractual.

La nueva "intervención administrativa" que sacó a la cancha el equipo económico se suma a la jugada que había desplegado la semana pasada cuando la secretaría Royón instruyó al ENRE para que lleve adelante una denuncia penal contra el directorio de Edesur por los supuestos delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas.

Una intervención que deja mal parado al interventor del ENRE

En los hechos, la intervención –impulsada tras comprobar que la vía judicial irá para largo y no solucionará en el corto plazo el serio problema de gestión que evidencia Edesur—deja mal parado y desdibujado al interventor del ENRE, el massista bonaerense Martello, que viene pregonando y prometiendo sanciones muy duras y extremas contra los responsables de la distribuidora eléctrica.

La intervención administrativa de Edesur tendrá una duración de 180 días

Al frente organismo regulador, Martello no fue capaz de detectar a tiempo las carencias y falencias operativas de Edesur que estallaron con los masivos y prolongados cortes de luz que afectaron durante varios días a miles de usuarios porteños y bonaerenses.

Tampoco tuvo capacidad de reacción para proponer y coordinar un "comité de crisis" destinado a atender la situación de emergencia generada por la falta de energía eléctrica durante las históricas olas de calor que se vienen registraron en la región metropolitana desde mediados de diciembre.

Edesur: una intervención "para la tribuna"

Además, la intervención ordenada por Massa va camino a quedar superpuesta y con el riesgo de generar un "cortocircuito" con otra medida de característica similares que implementó Martello hace apenas tres semanas por indicación de las autoridades de Energía.

A fines de febrero -por medio de la resolución 237- el interventor del ENRE puso en marcha una "auditoría técnica integral" en Edesur con el fin de relevar su capacidad de gestión, determinar las sanciones que correspondan por la deficiente prestación del servicio y proponer las medidas operativas y regulatorias destinadas a evitar los reiterados problemas de suministro.

Según lo dispuesto por el ente de control, el equipo de técnicos enviados a Edesur tendrá 90 días para "efectuar la auditoria de procesos, verificar la consistencia de su disponibilidad tecnológica, materiales, insumos y de recursos humanos para realizar los procesos de gestión sustantivos consistentes en, la atención primaria, reclamos, operación, mantenimiento correctivo y preventivo, planificación de inversiones, costos y gestión de pérdidas".

Transcurrido ese lapso, contarán con otro período de 30 días para elevar ante la intervención del ENRE el "informe final" que—de acuerdo con lo indicado por Martello—será remitido al Congreso para que defina que hacer con la concesión de Edesur. 

Por los plazos en juego, los legisladores deberían juntarse para tratar y resolver la cuestión de Edesur en el momento pico de la campaña electoral de las PASO, algo de imposible concreción que les permitiría a los actuales controlantes de la cuestionada distribuidora eléctrica llegar casi indemne hasta el próximo cambio de gobierno.