La empresa superó en cortes a Edelap y engrosó su historial negro. En el conurbano la quieren afuera, pero su red de negocios cruza todo el sistema eléctrico.
Por LEANDRO RENOU .
En marzo de este año, en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires había 11 reclamos contra Edesur por la calidad del servicio y cero por incumplimiento de contratos. En julio, hubo 95 quejas por cortes y dos por incumplimiento de contrato, es decir, falta de inversiones. Las privatizaciones menemistas dividieron la zona del Área Metropolitana (AMBA) en dos concesiones: Edesur se quedó con el sur del conurbano y de la Ciudad, mientras que Edenor hizo lo mismo, pero en el norte. A su vez, La Plata quedó bajo Edelap, una de las peores a nivel gestión pero que fue incluso más eficiente que Edesur, que en julio rozó los cien reclamos contra 24 que acumuló la eléctrica platense.
Con esos números, más lo que surgió de los propios call center de los municipios del sur bonaerense, los intendentes de la Tercera sección electoral se pusieron en marcha para exponer públicamente a Edesur por su gestión. Se pusieron un objetivo de máxima que, a la luz de los hechos de los últimos 20 años, es casi una quimera: presionar para la expropiación de una compañía que ha hecho méritos para que se revise su concesión, algo que, a su modo, quisieron hacer la Cristina Fernández en su pico de popularidad y el propio Mauricio Macri, aún con mucha cercanía a los accionistas.
— Martín Insaurralde (@minsaurralde) July 25, 2020
El que tomó la bandera fue el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, el que vio en primer término la justificación numérica para ir a fondo. Charló rápido con su par de Quilmes, Mayra Mendoza; y con Mariano Cascallares, de Almirante Brown, tres de los distritos con peor calidad de servicio. Lo fueron a ver a Federico Basualdo Richards, el titular del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE). A la salida de ese encuentro, lo visitaron al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien desde 2019 viene alertando los inconvenientes crecientes con la distribuidora. En el Congreso, además, hay una bicameral que sigue el cumplimiento de las concesiones eléctricas.
La historia de Insaurralde y Edesur es extensa: en 2018, en los primeros días de marzo, pleno carnaval, hubo apagones generalizados en el conurbano sur. El lomense se juntó por entonces con Cascallares y Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, para abordar la cuestión. Las últimas gestiones del exdiputado nacional fueron ante al secretario de Energía, Sergio Lanziani, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Edesur, hoy con mayoría accionaria de la italiana ENEL, manifestó en la previa a las elecciones del 2015 que, para funcionar el negocio en la Argentina, debería operar un sistema de tarifas libres, como en Italia. Venían de años de congelamiento y retraso tarifario y Macri estuvo dispuesto a darles aumentos de casi 3.000%. El servicio funcionó algo mejor en los veranos pero, ya cerca del final de su gobierno, volvieron los cortes.
“De la Argentina no nos hemos llevado un centavo”, dijo en 2019 Nicola Melchiotti, country manager de ENEL en Argentina, en un mensaje que estuvo dirigido a Massa, quien recordó ese año los contactos de Macri con las familias accionistas de la eléctrica, entre ellas la de Nicolás Caputo, su hermano de la vida. Hoy, ENEL tiene el 43,097% de las acciones y el resto está en manos de Distrilec, donde es socio Caputo.
Pero más allá de las chicanas, el asunto con Edesur no es ideológico. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, descartó en diálogo con Radio del Plata que el Gobierno quiera expropiarla, pero sí les hizo un guiño a los intendentes para ir a fondo con el reclamo. La estrategia comunal es cercar a la compañía con datos de servicio, mostrando el corazón del problema y, así, hacerla invertir. Edesur contraatacó, reclamándole a los intendentes una deuda millonaria y largó un fuerte lobby en medios y redes sociales.
#noestatizaredesur#juntoslevantemoslaargentina pic.twitter.com/GPHXE7hLkt
— Nicola Melchiotti (@nmelchiotti) July 22, 2020
Hace unos días, el periodista Santiago Spaltro contó en El Cronista que un informe del ENRE le recomendó al ministro Kulfas, no darle curso a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016, que rige entre 2017 y 2022. También señalaba que eso podría derivar en una vuelta atrás de los aumentos cursados en la era Macri. Según esta nota, una resolución de 2006 con firma del exministro de Planificación Julio De Vido le permitiría al Estado rescindir la concesión en 2022. Pero esa aventura tiene serios escollos.
En Olivos se sinceran y confiesan que, luego del affaire Vicentin, está probado que el Gobierno no tiene espalda política para avanzar en una nacionalización. Más aún cuando hay un furioso lobby privado desplegado para convertir un reclamo por servicios en una afrenta del Estado a la libertad de empresa y la propiedad privada. El ejemplo más claro está en el flyer del chat Nuestra Voz, que alertó sobre el tema. Al grupo se acaba de sumar el Melchiotti, titular de Edesur, que en medio de conflicto difundió el mensaje de Nuestra Voz con el hashtag #JuntosLevantemosLaArgentina.
ENEL tiene en el país activos estratégicos y es, incluso, el amo y señor de la generación eléctrica en el AMBA, con propiedad de dos de las tres usinas clave: Dock Sud y Costanera. Paradójicamente, la tercera central del AMBA, Central Puerto, está en manos de Caputo. En el resto del país, ENEL también es dueño de El Chocón y Yacylec, la transportista que saca la energía de la central hidroeléctrica Yacyretá.
Todo eso hace que una expropiación sea compleja, más sin espalda para ir fondo. Descartada esa vía, lo más probable es que los intendentes y la Nación cambien aquel precepto de máxima por una obligación de subir inversiones y mejorar el servicio.
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