El Diputado Nacional de la UCR, Luis Petri se definió “totalmente de acuerdo” con la modificación del régimen. Desde el justicialismo no hay una postura unificada al respecto.
Las diferencias por la modificación de la edad de imputabilidad se replicaron en Mendoza. Quien se definió “totalmente de acuerdo” fue el diputado Luis Petri (UCR), para quien hay que modificar el régimen de la dictadura.
“La pregunta que tenemos que hacernos es si en definitiva una persona a los 14 años tiene comprensión del acto que realiza o no. Si la tiene es necesario juzgarla y hacerle un reproche de tipo penal”.
En una línea similar, el senador Juan Carlos Jaliff (UCR) opinó que “un joven de 15 años comprende el delito que está cometiendo, es una cuestión de responsabilidad hacerse cargo”. Agrega: “La inmensa mayoría de esos chicos no roba, no viola, ni mata”.
No existe una postura unificada dentro del justicialismo, que incluso a nivel nacional varió entre las críticas y el aval del último candidato presidencial, Daniel Scioli. Aquí, Omar Félix reconoció que si bien Daniel Cassia se ha pronunciado a favor, él expresó críticas personales.
“No podemos pensar en meter chicos de 14 años en las cárceles que tenemos ahora. Es un problema integral que requiere inversión. La idea no debe ser generar un depósito de chicos que hagan un máster de delincuencia en una cárcel sino recuperarlos”, afirmó Félix.
La senadora María José Ubaldini (PJ) recordó que los casi 100 chicos en el ex-COSE eran un número ínfimo contra los más de 4 mil presos. “Esto va en contra de todos los estándares internacionales. La prisión como está no resocializa a nadie”, sintetizó.
El procurador general Gullé prefierió hablar de “edad de punibilidad” ya que una cosa es que el chico conozca la criminalidad del acto que ha realizado y otra es que se le pueda aplicar pena, algo que hoy no pasa.
A Gullé le parece correcto bajar la edad a los 14 años pero “no sirve de nada si no acompañás con otras modificaciones que contemplen planes concretos de re inserción de los menores y de tratamiento”. Además, deberá estar en consonancia con la Convención sobre de los Derechos del Niño.
Del gobierno provincial, uno que propuso un plan alternativo fue Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia. Cree que no debería bajarse la edad en general sino que habría que analizar cada caso desde los 14 hasta los 16 años ya que “la madurez mental depende de cada persona”. Aseguró que con esto “no se va a solucionar el problema de la inseguridad”.
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