Desde noviembre de 2015, Claudio Antonio Pérez es secretario de la Legislatura, el máximo cargo interno al que puede aspirar un empleado. Pero un proyecto de ley del propio oficialismo apunta a dividir su poder y a establecer un responsable para las finanzas (el secretario administrativo) y otro para la tarea parlamentaria (el secretario legislativo). La iniciativa, sin embargo, no sólo no fue tratada aún en las comisiones de trabajo: además, seis de los 15 legisladores que la impulsaban concretaron los trámites formales recientemente para retirar su firma.

El hecho, que no registra antecedentes en los últimos años, puede ser interpretado -entre otras alternativas- como un “guiño” de parte del bloque oficialista Tucumán Crece-PJ hacia Pérez o como un signo de fortaleza del secretario, quien actuó como director de Tesorería en el 2015 electoral y tuvo una participación directa en las investigadas finanzas legislativas de ese año.

El 18 de abril, el peronista Ramón Roque Cativa formuló un proyecto para escindir la Secretaría del Poder Legislativo y establecer un nuevo organigrama con un secretario administrativo y otro parlamentario. Un opositor y 13 oficialistas acompañaron el texto del también ex secretario Cativa, quien incluso citó en los argumentos de la propuesta su experiencia en esa función durante la vicegobernación de Fernando Arturo Juri. “La sana práctica legislativa nos indica que ambas tareas, la legislativa como la administrativa, son de una envergadura tal que deben, sin lugar a dudas, ser desempeñadas no por una sino por dos personas”, añadió Cativa.

“De carrera”

Pérez es considerado en los pasillos del edificio parlamentario como un funcionario legislativo “de carrera”. Llegó durante la vicegobernación de Raúl Topa, en la década de los 90, y gracias a su fiel desempeño y a otras virtudes, llegó a convertirse en la “mano derecha” del vicegobernador Osvaldo Jaldo. Lo designó la actual conformación de la Legislatura en noviembre de 2015. Los radicales Eudoro Aráoz, José Canelada y Adela Estofán se abstuvieron de la votación. El dirigente bancario Eduardo Bourlé y el macrista Luis Brodersen rechazaron su puesta en funciones.

El año pasado, el fiscal de Instrucción Washington Navarro Dávila archivó una de las causas por el manejo de los millonarios recursos para “gastos sociales” de la Legislatura en el 2015 electoral, abierta por la denuncia del peronista disidente Oscar López. Pero dispuso que el expediente continuara abierto respecto del ex tesorero y actual secretario Pérez, dado que su rol no contempla fueros constitucionales, como ocurre con los legisladores y el vicegobernador. La decisión de Navarro Dávila fue revocada por su jefe, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, quien dispuso el retiro del archivo de la denuncia de López y su remisión a la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, a cargo de Claudio Bonari. Junto con el caso de “la ruta de las valijas”, en ese despacho recayó el caso de Pérez.

Esta circunstancia no afectó la situación del secretario en el cuerpo legislativo, quien se mantuvo en el cargo sin sobresaltos ni novedades hasta que Cativa y otros 14 representantes del pueblo propusieron la división de la Secretaría del Poder Legislativo.

Días atrás, sin embargo, apareció en el sistema de consulta de expedientes con trámite parlamentario un dato llamativo. Allí se consignaba que -en el siguiente orden- habían retirado su firma del proyecto los oficialistas Luis Morghenstein, ex intendente de Las Talitas y titular de la comisión de Obras Públicas; Osvaldo Morelli, ex intendente de Concepción y presidente de la comisión de Economía y Producción; Marcelo Caponio, apoderado local del PJ-FPV y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales -debería analizar el proyecto en cuestión-; Guillermo Gassenbauer, vicepresidente 1° de la Cámara, Daniel Herrera y Silvia Rojkés, titular de la comisión de Educación y Cultura.

Según pudo reconstruir LA GACETA, en la mayoría de los casos fue un empleado de confianza de Pérez quien llevó los expedientes a los legisladores para que finalizaran el trámite. Además, no se descarta que otros de los firmantes retiren su apoyo al proyecto.