Según fuentes consultadas por NORTE, esa deuda del Poder Ejecutivo supera holgadamente a los compromisos pendientes con los proveedores, y rondaría los 17 millones. Una suma que, de momento, el gobierno no atiende, como parte de su estrategia de priorizar el pago de sueldos a los agentes estatales en medio del ahogo financiero que padece la administración de Jorge Capitanich.

Mar de fondo

El complejo momento económico de la empresa, convertida en una suerte de Cenicienta de las compañías controladas por el Estado provincial (las urgencias de Sameep y Secheep, por ejemplo, han sido siempre más consideradas por las autoridades), se combina con un clima interno marcado por relaciones personales y políticas más ásperas que suaves.

Sectores internos de la empresa sostienen que, por caso, no es armonioso el vínculo entre los tres integrantes del directorio, que preside Arturo Castaño, quien reemplazó en el cargo al primer titular designado por Capitanich tras asumir la gobernación, Rafael Yurkevich. Los dos vocales de la conducción son Diego Bolatti (vicepresidente) y Carlos Azcona.

"Entre ellos no hay ‘conectividad’", ironizó una fuente consultada, apelando a un término de la jerga de los sistemas de redes. De ese juego de relaciones tensas también participan otros actores, como Jorge Julián, coordinador del Sistema Informático Unificado Provincial (SIUP), unidad creada por el gobierno, y la conducción del gremio del sector, la UTICH.

Insumos dolarizados

Entre el personal el ánimo tampoco es el mejor. Una parte de los empleados no ve con buenos ojos el nuevo escalafón para los trabajadores informáticos, que contiene un sistema de puntos que perjudicaría a un grupo de agentes. Esta circunstancia y otras motivaría, incluso, que este año la renovación de autoridades gremiales se realice bastante antes de la época en que solían efectuarse los comicios (se hacían habitualmente en octubre), y sin que se descarte una judicialización del proceso por denuncias de la oposición en cuanto a supuestas anomalías en los padrones.

En definitiva, la situación en la empresa es compleja, por la ausencia de relaciones aceitadas entre las partes. Desde Ecom, reprochan al gobierno la deuda acumulada, y advierten que la que la empresa va engordando con sus proveedores "es un pasivo que no se puede dejar durmiendo, porque en la industria informática los insumos están dolarizados y los costos suben permanentemente".

Mientras tanto, la falta de disponibilidad concreta de recursos afecta a la necesaria actualización tecnológica y de servicios, y expone a la compañía a situaciones incómodas. En ese terreno se asegura que, por ejemplo, la textil brasileña Santana, instalada en Puerto Tirol, había recibido del gobierno el compromiso de que tendría a mano un sistema de conectividad que finalmente no apareció, y que ahora obliga a esa empresa a pagar costos superiores a los previstos para la transferencia de datos hacia y desde su base central de operaciones en el país vecino.