Siendo ministro de Economía, y en una actitud inusual para su cargo y sus costumbres, Amado Boudou se reunió dos veces en el 2010 con el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray: le pidió ayuda para que la imprenta Ciccone Calcográfica pudiera levantar una quiebra que le había pedido el organismo recaudador -lo que efectivamente pasó- y permitió que esa empresa gráfica estratégica pudiera ser adquirida por la sociedad The Old Fund, que la Justicia le atribuye ahora al ex vice. Además, Boudou le dijo personalmente a Echegaray que la compañía gráfica necesitaba entrar en una moratoria para poder pagar su deuda millonaria con el fisco. Le dijo que si tenía alguna duda sobre el tema no dudara en consultarlo. Y que a partir de entonces, tras los dos encuentros, él le avisó que quien seguiría esta trama sería su jefe de gabinete en Economía, Guido Forcieri. Quien “denunció” este interés personal y total de Boudou en el “rescate” financiero de la imprenta de dinero, fue el propio Echegaray. Lo hizo ante la Justicia el 28 de noviembre, cuando amplió su indagatoria en el marco de uno de los expedientes “conexos” de la causa Ciccone. Clarín accedió a esa declaración.

“Recuerdo aproximadamente dos reuniones con el ministro de Economía que tuvieron lugar en la AFIP”, le afirmó Echegaray al fiscal Jorge Di Lello cuando éste le preguntó sobre una nota que este ex funcionario le había mandado a Boudou donde le pedía que le dé su opinión -que sería “determinante”- respecto al otorgamiento de un plan de pagos de deuda fiscal para Ciccone cuando ya estaba bajo control de The Old Fund.

Aunque Echegaray no lo admitió jamás en público, es evidente que estaba en conocimiento de que ese negocio despertaba un singular interés de Boudou. Y prefirió que esa situación quede asentada en un escrito.

Respecto a las reuniones con Boudou, Echegaray contó detalles como éste: “el ministro de Economía expresó que si tuviéramos alguna duda sobre cómo resolver la situación con el criterio más amplio, le efectuáramos una consulta que él iba a responder”.

En la etapa de instrucción del caso Ciccone, la justicia le atribuyó a Boudou haber sido el dueño “oculto” de esa planta gráfica. Hoy está siendo juzgado junto a otros protagonistas de esta historia, por un tribunal oral. El ex vice es acusado por coimas y negociaciones incompatibles con la función pública.

Clarín accedió a la indagatoria de Echegaray, en la que, si bien no estaba obligado a decirle la verdad al juez y al fiscal, avisó que las reuniones con Boudou pueden ser probadas.

Si eso ocurre, Boudou sumaría entonces otro problema más en el laberinto de expedientes coincidentes que reúnen cada vez más pruebas en su contra respecto a cómo utilizó su cargo para posiblemente adueñarse de la fábrica de hacer plata.

En esa indagatoria de fines de noviembre, Echegaray no solo reveló lo que jura fueron dos reuniones que mantuvo con Boudou por el tema Ciccone. También contó que el socio del ex vice, el millonario súbito José María Núñez Carmona, visitó la AFIPcomo representante de la ANSES, un organismo del que no era empleado: Echegaray explicitó que el mejor amigo de Boudou encabezó en una oficina de la AFIP una reunión para ofrecerle al departamento de sistemas de ese organismo las “terminales de autoconsulta” que tenía “la ANSES”, conocidas “como Arturito”. Los dichos de Echegaray sobre ese punto describen a Núñez Carmona como muy interesado en un negocio de un ente estatal del que no era empleado formal, el ANSES, pero que sí había sido presidido por Boudou antes de llegar a Economía.

En su nueva presentación ante la Justicia, Echegaray se declaró inocente de haber cometido cualquier delito respecto a beneficios impositivos que la AFIP le dio a Ciccone-The Old Fund, y pidió su sobreseimiento.

El ex titular de la AFIP había sido indagado en uno de los expedientes “conexos” al de Ciccone. Fue citado por la Justicia otra vez tras las declaraciones del flamante arrepentido, Alejandro Vandenbroele, acusado de ser “prestanombres” de Boudou.

Vandenbroele, tras años de negar cualquier vínculo con el ex vicepresidente, pidió ser incorporado al programa de protección de testigos y admitió su rol en esta trama. El juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, investigadores de Boudou en varias causas judiciales, creyeron lo que el flamante “delatador” les contó. El ex vice negó durante años -aún niega- conocer a Vandenbroele, el presidente de la sociedad comercial The Old Fund, quien se quedo con el control de la ex Ciccone Calcográfica desde el 2010 hasta el 2012, cuando la empresa fue estatizada por orden de Cristina Kirchner. Es el único caso en la historia nacional en que una compañía de la magnitud de Ciccone, capaz de imprimir dinero, acciones, cheques, DNI y pasaportes, fue expropiada sin que los dueños le reclamasen una indemnización al Estado.

Con The Old Fund, Ciccone sólo tuvo dos clientes de relevancia: el Gobierno K y el Frente para la Victoria. En abril del 2012, el Estado Kirchner contrató a la empresa gráfica, ya investigada por lavado de dinero en la Argentina y Uruguay, para que confeccione 410 millones de billetes de cien pesos, por unos 160 millones de pesos. El FpV, es decir el partido de gobierno, le había pagado ya a esa compañía alrededor de 12 millones de pesos para que imprimiera las boletas electorales que llevaron al poder a la fórmula Cristina Kirchner Presidente-Amado Boudou.

Echegaray está siendo investigado de nuevo en una de las causas “paralelas” al expediente de Ciccone, porque la AFIP K tuvo acciones ambivalentes con esa compañía. El organismo pidió la quiebra de la firma cuando sus dueños eran los hermanos Nicolás y Héctor Ciccone. Por decisión del juez comercial Javier Cosentino, la empresa fue alquilada a la compañía del juego y del rubro gráfica Boldt. Pero por orden de Néstor Kirchner, varios organismos de Gobierno como la Secretaría de Comercio Interior, de Guillermo Moreno, y Defensa de la Competencia, entre otros, accionaron para que The Old Fund pudiera tomar el control de la empresa.

La AFIP pidió el levantamiento de la quiebra que había solicitado poco tiempo antes, y le permitió entrar en una moratoria para que la firma se pusiera al día con el fisco. En su indagatoria del 28 de noviembre, Echegaray negó haber tomado alguna resolución tributaria fuera de las normas. Boudou y su socio, Núñez Carmona, están presos por orden del juez Ariel Lijo, para quien conformaron una asociación ilícita que cometió un “número indeterminado de delitos”. El magistrado recibió hace pocos meses un peritaje contable de las empresas de ambos socios, y determinó que si seguían en libertad iban a poder utilizar dinero y activos descubiertos en el último tiempo, que Lijo quiere recuperar para el Estado porque considera que tiene las pruebas suficientes para demostrar que fueron comprados con dinero ilegal.

Al ex vicepresidente ya lo vinculaban a Ciccone Calcográfica opositores al kirchnerismo, abogados e investigadores independientes, o periodistas. Ahora, quienes revelan cada vez más lazos de Boudou con su increíble afán por quedarse con el negocio de la fabricación de dinero son el mismísimo Vandenbroele y nada menos que Ricardo Echegaray.