El ex titular de la AFIP fue procesado por la Justicia y por eso lo suspendieron en la Auditoría.
Aun con cada vez menos apoyo del peronismo, Ricardo Echegaray apeló ayer ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal la suspensión por 90 días a su cargo como titular de la Auditoría General de la Nación que dispuso la jueza Claudia Rodríguez Vidal y también el procesamiento dictado por Claudio Bonadio, por los presuntos delitos de falso testimonio y violación de secreto durante su gestión al frente de la AFIP.
Las presentaciones no dejaron sin efecto la medida, por lo que el ex funcionario kirchnerista no pudo retomar su puesto y el resto de los auditores se reunieron de manera informal para ratificar que la AGN seguirá funcionando “con normalidad”.
Con Javier Fernández como presidente interino -por ser el auditor con mayor antigüedad, peronista y porque así había quedado acordado en la última reunión del Consejo-, también asistieron los peronistas Vilma Castillo y Juan Forlón, los radicales Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva y el massista Gabriel Mihura Estrada.
“Nos juntamos para ratificar la existencia de quórum para tomar decisiones, que la administración está en marcha y que el programa sigue adelante”, dijo a Clarín uno de los presentes, y mencionó el análisis de la ejecución presupuestaria de 2015, de la gestión del correo y del Servicio Penitenciario, entre otras auditorías en curso.
El macrista Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, insistió ayer con que Echegaray “ya está removido” de la AGN y más que en la Justicia ubicó en la decisión del peronismo la llave para superar el conflicto: "No es la persona idónea que tendría que haber propuesto el Partido Justicialista, que tiene muchos nombres sin las dificultades de Echegaray para reemplazarlo en las próximas semanas".
Monzó y Gabriela Michetti -titular del Senado- firmaron el jueves la resolución para removerlo de su cargo, luego de que Bonadio lo procesara a partir de una denuncia del actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay. Y al día siguiente, Rodríguez Vidal ordenó su suspensión por 90 días.
El peronismo emitió dos comunicados a partir de ese escenario, el primero con un débil apoyo que lo limitaba a la decisión de la Cámara y luego otro más amplio, que contemplaba “todas las instancias” de la defensa de Echegaray.
De cualquier modo, los referentes en privado ya no ocultan el malestar. “Vamos a dejar que se defienda, pero tiene que darse cuenta de que es perder el tiempo y un desgaste para todos”, dijo a este diario un alto dirigente, y aunque evitó dar nombres adelantó que el sucesor será “un hombre con consenso, que no genere quilombo”.
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