Por Carlos Noriega

PáginaI12 En Perú

Desde Lima

Los cuestionados negocios de una empresa argentina con el Estado peruano le han costado la cabeza a uno de los ministros de mayor perfil político del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quien también es el primer vicepresidente de la República, debió renunciar a su cargo de ministro por las duras críticas a un contrato firmado por el gobierno peruano con el consorcio privado Kuntur Wasi para construir un aeropuerto internacional en Cusco, el principal centro turístico del país. La argentina Corporación América, del Grupo Eurkanian, es una de las dos empresas que forman este consorcio. La otra es Andina Investment Holding, de capitales mayoritarios peruanos y en la que el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene una participación del seis por ciento. 

La renuncia de Vizcarra ha sido un duro golpe para el gobierno de PPK, como se le conoce a Kuczynski. Y el escándalo de este cuestionado contrato ha dejado magullado a un gobierno ya bastante debilitado. La dimisión de Vizcarra una censura en el Congreso. Vizcarra se adelantó a ese inevitable final renunciando. No le quedaba alternativa.  

El fujimorismo, que tiene mayoría en el Congreso, no se ha conformado con la renuncia de Vizcarra al gabinete ministerial, y ahora exige también su salida de la vicepresidencia. El objetivo no es Vizcarra, sino PPK. Todo esto en el contexto de las presiones al gobierno para que indulte al encarcelado ex dictador Alberto Fujimori. 

La historia del aeropuerto comenzó en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, cuando se firmó el contrato entre el Estado peruano y el consorcio Kuntur Wasi para construirlo a cambio de 530 millones de dólares. Según el contrato, el Estado debía correr con el 28,6 por ciento del costo de la obra y la empresa privada con el restante 71,4 por ciento. A cambio de esto, el consorcio se quedaba con la administración y explotación del aeropuerto por 40 años. 

El consorcio debía conseguir el financiamiento de los primeros 265 millones de dólares que tenía que poner para comenzar la obra, con un préstamo que sería avalado por el Estado peruano. Lo presentó en 2016, pero con unos intereses tan altos que sorprendieron a todos: 22 por ciento. La propuesta, como era de esperar, fue rechazada por el gobierno. El nuevo gobierno de PPK también rechazó inicialmente la propuesta de financiamiento con esos intereses de usura, pero, sorpresivamente, luego cambió de opinión y, a pesar de que el propio Vizcarra había calificado el contrato como “lesivo para el país”, no lo anuló, sino que decidió negociar con la empresa una adenda para salvar la situación. La adenda, favorable al inversionista privado, se firmó en febrero. Desde ahí comenzó la cuenta regresiva para Vizcarra. 

La cuestionada adenda liberaba a la empresa de conseguir el financiamiento de esos primeros 265 millones y el Estado se comprometía a asumir ese costo. De esta forma, las obligaciones financieras se daban vuelta: el Estado pasaba a aportar el 80,7 por ciento del costo total y la empresa solamente el 19,3 por ciento. Y la empresa seguía quedándose con el aeropuerto por 40 años. Un negocio redondo para el consorcio que integra el Grupo Eurkanian. 

Que la hermana del primer ministro, Fernando Zavala, fuera gerente de Asuntos Corporativos de Andino Investment, una de las dos empresas del consorcio Kuntur Wasi, más la revelación de los lazos de PPK con importantes personajes ligados a la empresa, trajo de regreso al centro del escenario político los cuestionamientos al presidente y varios de sus cercanos colaboradores por sus estrechos vínculos con intereses privados.    

Luego de conocida la renuncia de Vizcarra, la Contraloría emitió un contundente informe que impactó de lleno en el gobierno. Califica de “ilegal” a la adenda y señala que la misma “solamente favorece al consorcio, perjudicando enormemente al Estado peruano”.  

Antes de dimitir, Vizcarra -avisado de lo que se venía en ese informe- anunció la anulación del contrato que con tanto ardor había defendido durante meses. Kuntur Wasi ha respondido que estudiará la posibilidad de demandar al Estado peruano por esa anulación. 

“Las dos empresas que forman el consorcio Kuntur Wasi están muy cuestionadas. Corporación América es una empresa que tiene serios problemas en su país, Argentina, por denuncias de evasión de impuestos y pago de sobornos. Y Andina es una empresa insolvente, que tiene la peor calificación en el sistema financiero. Este contrato debió anularse antes, nunca debió firmarse esa adenda. Lo ocurrido en este caso ha mostrado los intereses y los lobbies imperantes en el gobierno”, declaró a PáginaI12 el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de la centrista Acción Popular.