Se trata de de Edgardo Daniel Andrade, quien durante el gobierno de Francisco Pérez estuvo a cargo de la "Coordinación de Infraestructura Básica" que funcionaba fuera de Casa de Gobierno.
Este mes se firmó la cesantía del empleado por no exigir certificaciones a las empresas, no controlar los trabajos y manejar dinero sin los controles correspondientes. Existe una investigación penal en su contra.
Luego de un largo sumario que se inició en el año 2016, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el 12 de abril la cesantía de Edgardo Daniel Andrade. No se trata de un empleado más en la extensa planta estatal, sino que hasta finales del 2015 estuvo a cargo de la oficina de Coordinación de Infraestructura Básica la cual funcionó de forma paralela al Ministerio de Infraestructura. En concreto desde un inmueble ubicado en la calle La Pampa del Barrio Bombal, Andrade llevó adelante el seguimiento de expedientes de obra pública y allí se encontraron expedientes, notas, cuadernos con anotaciones y comprobantes bancarios. Al ahora ex empleado lo echaron por certificar obras que no se habían ejecutado. La certificación es el documento que habilita los pagos a las empresas.
En los fundamentos del decreto 669 que resuelve la cesantía de Andrade, quien tenía un cargo de planta en el Estado, se remarca que la oficina de Andrade certificó obras en el sistema cloacal El Sauce que no se habían realizado. "Del presupuesto total del estudio resulta un balance de positivos y negativos cuyo valor neto es negativo, lo que demuestra claramente que se han certificado cantidades de unidades de obra que son inexistentes, por lo tanto es palmario una sobre certificación de obra", expresa el decreto. Además, agrega que "no constan requerimientos ni aprobaciones de la inspección de obra que certifiquen la calidad de la obra ejecutada según lo exigido en el pliego" y sostiene que se certificó un cruce de ferrocarril pero el trabajo no se había realizado. Incluso, agrega que existieron casos de certificación doble por un mismo trabajo.
Otra obra en la que observan irregularidades es en Loma Amarilla. En ese caso, la instrucción sumariante asegura que pese a tratarse de obras eléctricas, la empresa constructora Elytec no consultó ni participó de sus decisiones a Edemsa. "Se advierte que fueron certificados y pagados ítems al 100% y en la visita in situ en la obra, por parte del cuerpo de auditoría, no se encontraron esos trabajos y más aun no existen vestigios de excavaciones", destaca el sumario. "Por ejemplo se certificaron y pagaron 250 postes y se constataron 22; 11.000 metros de cables y se constataron 0 metros; 200 crucetas y se constataron 22", enumera el texto.
Más allá de la cesantía de este empleado, existe una investigación penal que es instruida por el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos. Por este motivo, el decreto de cesantía aclara que la norma que dispone que la sanción que se imponga en el orden administrativo, pendiente la causa penal, tendrá carácter provisional, pudiendo ser sustituida por otra de mayor gravedad luego de dictada la sentencia definitiva en la causa penal.
En concreto, investigan el origen de documentación encontrada en la oficina paralela que funcionaba en la calle La Pampa 287, tales como comprobantes de depósitos de cheques, comunicaciones bancarias de rechazo de cheques denuncias realizadas por extravíos de cheques, entre otros.
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