La Justicia Federal de Mercedes hizo lugar a un pedido de medida cautelar de los Vecinos Autoconvocados de Luján y ordenó a las autoridades del  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y del Municipio de Luján que cesen las tareas iniciadas en torno al Basural a Cielo Abierto del distrito y dispongan acciones para trasladar los residuos sólidos urbanos y peligrosos a otro sitio.

A la vez, un organismo de control del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), financiador de las obras, inspeccionará el predio para corroborar las denuncias.

La resolución fue dispuesta por el Juzgado Federal a cargo de Elpidio Portocarrero Tezanos Pintos. Se convierte así en la segunda medida judicial contra el basural y las obras irregulares que el Municipio de Luján pretende construir para reemplazarlo, ya que anteriormente se pronunció de manera similar el juez federal de Quilmes Luis Armella.

La resolución sostiene que “hacer lugar a la medida cautelar solicitada, previa caución juratoria, ordenando la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto (BCA) ubicado en el partido de Lujan, debiendo disponerse, en un  plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado Nacional y Municipalidad de Luján, y se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el Predio Sucre del Partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo planteada en autos”.

La medida valoró “los peligros de daño ambiental” que constan en los informes técnicos aportados por los amparistas “que denuncian falencias socioambientales para la instalación del relleno sanitario en el predio Sucre, incertidumbres respecto al saneamiento integral del basural a cielo abierto existente en Luján”.

A esta disposición, en mayo se suma una visita del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el organismo que financia las obras en Luján y otros sitios, para corroborar las denuncias de los Vecinos Autoconvocados y ONG’s que accionaron contra estas iniciativas irregulares.

Las tareas cuestionadas forman parte de una “megaobra” que impulsan en connivencia el Ministerio de Ambiente nacional y la Municipalidad de Luján con financiamiento del BID (que aportó más de 10 millones de dólares para ello) para erradicar el BCA.

Las autoridades afirman que este sitio será un “ecoparque”, pero el área no cumple con los requerimientos de factibilidad técnica y ambiental para su emplazamiento, como sí lo estamos demostrando los vecinos y lo avalan las medidas judiciales.

Los Vecinos Autoconvocados señalamos que hay más de 170 puntos en la zona donde podría establecerse el relleno sanitario sin riesgo para el ecosistema y la salud de la población (por ejemplo, una escuela primaria cercana), pero parece haber intereses más importantes que los de la comunidad, cuya opinión y necesidades no han sido tenidas en cuenta.

No estamos contra una remediación para el basural, lo que es una calamidad desde hace décadas, pero la solución debe ser la correcta y racional y, sobre todo, ejecutada con honestidad.

Los análisis encargados a expertos y laboratorios independientes, incluso del exterior, y adjuntados a la causa, demuestran que el basural es una bomba que actúa sobre el aire, el agua y la tierra a través de los residuos peligrosos y la forma en que las autoridades los están (mal) tratando, generando condiciones para que la sociedad lujanense toda esté expuesta a graves problemas de salud.

El juez resaltó que en las cuestiones donde se advierte un potencial daño ambiental “deben ejercerse con carácter prioritario acciones de prevención del daño futuro”.

“Y que pese a tener por supuesto objeto el ‘saneamiento’ del BCA, la demandada diseñó un proyecto que destina el 80 % de los fondos del préstamo internacional a obras civiles complementarias a realizarse en un sitio intacto, técnica y jurídicamente inviable (Predio Sucre), mientras que solo el 20 % del presupuesto es destinado a las obras de ‘saneamiento’”, se asentó en la resolución.