La noticia fue confirmada en las últimas horas. La jueza de Instrucción y Correccional 5, Laura Karina Paz - entiende en la denuncia donde la jefa de la UCAP, Stella Maris Manzur junto con su marido, Eduardo Solsona, un hijo de la mujer y un socio comercial son acusados de presunta asociación ilícita, malversación de caudales públicos, lavado de activos, encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito, todos en concurso real - rechazó la intención de ser desplazada de las investigaciones.

La presentación contra este grupo, efectuada este año por el abogado Juan Eduardo Davis, considera que existe una actitud reiterada y constante respecto del saqueo de fondos públicos e identifica a Solsona, como jefe de Inspectores de Obra de la UCAP; socio de Edifikar SRL, empresa que fue beneficiada con numerosos contratos de obra pública y propietario de Emporo SRL, que cobra contratos millonarios por la limpieza de equipos de refrigeración oficiales.

?Solsona, a través de su abogado particular un conocido apretador de jueces vernáculo, pretende infructuosamente desligarse de los hechos, e intenta recusar a la magistrada por cumplir con sus obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen?, reflexionó el propio Davis al tomar conocimiento de la presentación contra la Dra. Paz.

?La situación de Solsona es bastante comprometida dado que es casi confeso en cuanto a la comisión del delito por el que se lo investiga, ya que aparece públicamente como inspector de las obras que le adjudicara su esposa, Stella Manzur que a su vez es titular de la UCAP?, argumentó.

?También es publica su condición de empresario de la construcción, situación que lo coloca en grave incompatibilidad funcional dado que la misma Constitución de la provincia prohíbe expresamente a los funcionarios públicos de ser contratistas con el Estado del cual dependen?, abundó el conocido abogado.

FISCALIA DE ESTADO

Por otra parte, Davis solicitó la ?inmediata intervención de la Fiscalía de Estado de la provincia a fin de que se constituya en querellante en esta causa, dado que la Constitución provincial en el Art. 149, y la ley 505 - Art. 3 - imponen la obligación del área de presentarse en defensa del patrimonio provincial cuando éste se viera comprometido?.

Para el letrado, ?estamos en presencia de un caso más que evidente donde el accionar de estos funcionarios compromete seriamente el patrimonio del Estado provincial, con las negociaciones incompatibles y otros hechos que surgirían de la investigación como enriquecimiento ilícito, peculado, etcétera?.

?A partir de este contexto, Por es obligatorio que se presenten en defensa del Estado provincial bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento de deberes funcionales si omitieren o retardaren su intervención?, advirtió.