La última sesión de la cámara baja reflejó breves muestras sobre los posicionamientos con respecto al proyecto enviado por el Ejecutivo para la reforma del Poder Judicial. Con alusiones a gobiernos anteriores y acusaciones varias, los diputados del oficialismo y de la oposición entablaron un fuerte cruce, por demás extenso, al finalizar la jornada parlamentaria. 

Las primeras muestras de lo que se venía llegaron de mano de Rubén Manzi (FCS), quien se mostró preocupado “por la denuncia de UDA, porque habría 23 funcionarios que están cobrando horas -sobresueldo encubierto-”. Al respecto, el presidente de la bancada oficialista Hugo Argerich (FPV-PJ) dijo compartir la preocupación, pero que el ministro de Educación le “manifestó que no existe ninguna resolución”. 

Luego de tratar los proyectos del orden del día, Argerich retomó la discusión mostrando su preocupación por la denuncia de persecución gremial realizada por la secretaria general del UEJN, Elizabeth Serrano, para con el presidente de la Corte José Caceres. En este orden, repudió “lo que sucede en el Poder Judicial”, caratulando de “terrorífico que el presidente someta a persecución a una empleada por pensar distinto”. 

“Hoy sufrimos la consecuencia de la desvergonzada actitud del FCS en la conformación de la Corte”, dijo, agregando que allí se observa “el mal servicio de Justicia”. “Necesitamos avanzar en la reforma del Poder Judicial, no sólo ampliando los miembros sino también a través de distintos proyectos, como la ley de Juri de Enjuiciamiento”, arrojó. 

La respuesta vino en la voz de la presidenta de bancada opositora, Marita Colombo. “Sobre las afirmaciones con respecto a la actuación que le cupo al FCS, luego de la intervención federal, no nos alegran”, dijo, recordando que el gobierno por ese entonces estaba facultado por la Constitución de la provincia.

En cuanto al rol de los jueces, indicó que la Carta Magna “dice que serán removibles por juicio político” y que, de considerar “que tienen un desempeño irregular, promueva las acciones” pertinentes.

Colombo observó que “este tipo de debates empiezan a mostrar las patas de la sota”, pues el gobierno“presenta lo que es únicamente la reforma en la cabeza, por una integral”, apelando con esos argumentos a “ir creando el caldo de cultivo o ver si prende en la sociedad el operativo clamor para que tengamos otro número de miembros. No vamos 

a caer en esa trampa”.

A su turno, Argerich le pidió “no adelantar el debate que se viene”. “Cuando aludí a los integrantes y origen político, me referí a que con la legislación existente es imposible llegar a desplazar a un juez o fiscal”.

En cadena, arremetió Augusto Barros, recordando que en la bancada opositora “reconocidos dirigentes” marcharon pidiendo la intervención “no sólo del Poder Judicial sino también de la Provincia”. “No es sólo la ampliación de la Corte, el Ejecutivo envió la necesidad de reformar la Constitución” y “ustedes quieren arrinconarlo a la discusión del número o si es adicta o no” dijo.

La diputada Verónica Rodríguez Calascibetta (FCS) apuntó que “si se modifica la Justicia, hay que enviar proyectos que demuestren hacerlo”, pues “hablar de cuestiones que vinculan a los poderes del Estado, no respetándolos y hacerlos con la violencia que se hace, no es el camino”.

En el mismo orden, Lobo Vergara (FCS) remarcó que “decir que en cuatro carillas se soluciona la situación de la Justicia, cuando la escueta fundamentación dice 5 jueces pero terminan con 7, habla a las claras de que se dice una cosa y se pretende otra”. 

Al cruce salió Cecilia Guerrero, recordando “la génesis” constitutiva del Poder Judicial actual, cuando “violentaron sistemáticamente” las normas constitucionales, “precisamente el FCS” y “particularmente Arnoldo Castillo”, luego de que la Corte“diera pie a la Intervención Federal y declarara la inconstitucionalidad de una norma que le impedía” acceder al cargo, “cesanteando, por decreto, a jueces”. Así, sostuvo que la intención de la Gobernadora es “transformar esa rémora de privilegios que irritan en un poder que todavía se maneja con criterios corporativos”.

Rolando Crook cerró el debate, indicando que la oposición cuestiona “que queremos modificar la cabeza -del Tribunal-”, pero que todo proceso de reforma “empieza por la cabeza”, señalando que no se puede promover el juicio político por la falta de los dos tercios: “No seamos ingenuos, no promovemos porque no tenemos el número, sino, no quede duda que los tres miembros estarían en la calle”.