A lo largo de la jornada, se expresaron más de 50 oradores -entre legisladores, vecinos, intendentes y representantes de organizaciones civiles- quienes además formularon preguntas por escrito a la empresa y los organismos dependiente del Poder Ejecutivo. Las mismas serán respondidas este martes, también en forma pública.

Los cuestionamientos se centraron en la falta de inversiones que registra la empresa en la Provincia y en la necesidad de remediación de los pasivos ambientales generados a partir de los contratos anteriores. Entre las posiciones a favor, se habló de la posibilidad de una reactivación hidrocarburífera y de condiciones superiores a las negociaciones que se realizaron hasta el momento.

Varios expositores hicieron hincapié en el bono fijo que pagaría la empresa Petrobras a la Provincia, con un valor muy alto en relación al que se paga en otras provincias. También hubo cuestionamientos sobre las cláusulas de confidencialidad que contiene el contrato.

Algunos referentes de Catriel, como concejales y vecinos, coincidieron en que este contrato genera falsas expectativas en sus habitantes, teniendo en cuenta la falta de inversión y de desarrollo en obras de infraestructura, luego de tantos años de explotación petrolera.

A su vez, señalaron que poco se ha hecho con relación a la remediación ambiental y cuestionaron el mal estado del agua. Este recurso fue un tema central en la audiencia, en este sentido, ecologistas señalaron que no se sacrifique agua por petróleo, y apelaron a que se utilicen métodos de energías limpias.

También criticaron el ítem sobre la Responsabilidad Social. Según los oradores, las empresas no cumplen con este punto y, a su vez, el artículo no fija nada concreto.

Se planteó además como preocupación el tema legal financiero y se pidió que los legisladores, cuando fijen posición, no dejen de exigirle a los organismos que den fe de la seguridad del contrato que se está por firmar.

A su vez, la diputada nacional María Emilia Soria cuestionó las deudas que dejó la empresa en Río Negro y las irregularidades que cometió en materia de medioambiente. Sin embargo, aclaró que no estaba en contra de la explotación hidrocarburífera, siempre que sea sustentable.

Por otra parte, representantes de autoconvocados de Allen, se manifestaron en contra del acuerdo y señalaron que en “tierras productivas no queremos más perforaciones”. Cuestionaron también no haber sido consultados respecto a este cambio en la matriz productiva de su pueblo.

En tanto, otros referentes de Catriel, como el mismo intendente Carlos Johnston y concejales, se mostraron a favor de este proceso y solicitaron que los legisladores ratifiquen el contrato propuesto por el Poder Ejecutivo.

Indicaron que este contrato es sinónimo de la reactivación hidrocarburífera y que las condiciones que fija son superiores a todas las negociaciones anteriores.

A su vez, rescataron la inversión que traerá para esta zona en infraestructura y los nuevos puestos de trabajo que se generarán.

Por su parte, Andrés Repart, integrante del Instituto Energético Scalibrini Ortíz de Buenos Aires y especialista en la temática, afirmó que tanto YPF como el Estado tienen un rol en la cuestión del autoabastecimiento tecnológico e industrial en casi todos los yacimientos que existen en el país, incluso en los rionegrinos.

En este sentido, señaló que es clave una política energética industrial integrada entre Nación y las provincias “que prevea una planificación normativa y una producción nacional con acciones que apunten a sentar las bases de una política de Estado que recupere al propio Estado en su rol de planificación y gestión”.

Resaltó además que la reglamentación de la ley de soberanía hidrocarburífera fue un paso importante, a pesar de que hubo algunos problemas con las provincias, porque es necesario tener una centralización, un control de las inversiones, y una política sustentable de las provincias productoras.

En representación de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, afirmó que se les presenta la disyuntiva, ya que por un lado no pueden avalar públicamente un contrato al que no pudieron acceder y, por el otro, tienen la necesidad imperiosa de que se concreten las negociaciones con Petrobras y las once empresas restantes, para que las operadoras tengan previsibilidad y puedan invertir en la región.