Luego de la denuncia presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra 52 universidades nacionales por supuesta "malversación de caudales" y el pedido para que se investigue el destino de "millonarios fondos" transferidos desde el Estado nacional en los últimos meses del Gobierno de Cristina de Kirchner, la reacción de los rectores universitarios de todo el país no se hizo esperar. Varios responsables de las casas de altos estudios expresaron su sorpresa por la generalización de la denuncia "que mete en una misma bolsa a casi todas las universidades públicas, como si se tratara de una asociación ilícita organizada para delinquir", afirmó el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit, en declaraciones al programa "La mañana de Radio 10". 

En el mismo sentido se expresó el vicerrector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Fernando Tauber, al asegurar que "las universidades no estamos notificadas, al menos la nuestra, hasta ayer a la noche. Hubiese sido advertido por el asesor letrado", y opinó que la medida de Marijuan podría enmarcarse en "una verificación de que los recursos asignados a las universidades hayan sido dado con transparencias y ejecutados con transparencia".

Otra de las voces críticas fue la del rector de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) Javier Gortari, quien calificó a la denuncia de Marijuan como la "frutilla del postre" de una avanzada que intenta desacreditar a la universidad pública. Advirtió que "las voces que ideologizan al Gobierno de Macri" vienen editorializando en contra de las universidades públicas, calificándolas como ineficientes y despilfarradoras de recursos. Para Gortari, las denuncias que recayeron sobre prácticamente todas las universidades públicas del país fueron hechas "al barrer" y sin contemplar que todas están auditadas por el Ministerio de Educación y por la Sindicatura General (SIGEN) que es el órgano rector del sistema de control interno del Estado nacional.

Tamarit -quien además de presidir el CIN, es rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires- sostuvo que las universidades están a disposición de la Justicia "para todos los requerimientos", al tiempo que reconoció que están "preocupados" por la denuncia que realizó el fiscal y por considerar que existe una "generalización inédita". Y agregó que aunque las autoridades universitarias no tienen la denuncia "en las manos", esperan poder tener información concreta para formalizar una respuesta institucional. "Nos vamos a reunir con el ministro de Educación Esteban Bullrich y también le vamos a pedir una reunión al fiscal Marijuan para que nos dé una visión del tema", concluyó.

La investigación preliminar de la fiscalía comenzó a raíz de notas periodísticas que daban cuenta de la supuesta distribución de $747 millones entre noviembre y diciembre de 2015 a través de resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias. Las presentaciones recayeron en los juzgados de Julián Ercolini, Claudio Bonadio, Luis Rodríguez y Sebastián Ramos, que deberán ahora girarlos a la fiscalía.