En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó una ley que endurecía fuertemente las sanciones para las personas que condujeran en estado de ebriedad. Pero pasó más de un año desde entonces y el proyecto todavía no tuvo tratamiento por parte del Senado.

La propuesta -una modificación de la ley provincial de tránsito, número 6082- en su momento, hizo ruido. Se planteaba la posibilidad de que manejar bajo los efectos del alcohol, por encima de los valores permitidos (más de 0,5 gramos de alcohol en sangre), tuviera multas de hasta el valor del auto, en algunos casos; y penas de cárcel de hasta 30 días, además del secuestro del vehículo, que duraría hasta la cancelación del parte.

La norma generó también críticas y advertencias. En su momento se la consideró de difícil aplicación, debido a la carencia de alcoholímetros en la Policía (sólo contaba con seis) y la imposibilidad de elevar la cantidad de operativos de control en la calle de modo permanente.

También se puso el acento en los problemas de la Justicia. La sanción de arresto para el conductor alcoholizado tenía que correr por parte de un juez de faltas o un juez de paz. O sea, no la podía dictar un juez vial y menos aún un policía. Sabido es, en este sentido, que la Justicia de Faltas está colapsada.

Pero lo más sorprendente fue que el proyecto quedó directamente parado. Algunos senadores no supieron explicar por qué no tuvo discusión en la Cámara Alta en todo este tiempo. Otros, ante la consulta periodística, prometieron que ahora van a mover esa ley porque "es buena".

En la tarde de ayer, ante varias preguntas de MDZ, desde el bloque de senadores del oficialismo se señaló que el proyecto se encuentra en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y que es probable que obtenga despacho la semana que viene.

Sin embargo, hasta ahora, ningún senador había mencionado que las modificaciones de la Ley de Tránsito estuvieran en el menú de leyes que los legisladores quieren sacar antes de que lleguen las fiestas.

La motivación política de aprobarla tampoco apareció por parte del Poder Ejecutivo en los 14 meses que transcurrieron desde la sanción inicial en Diputados.

Un funcionario del Ministerio de Seguridad se amparó en necesidades más urgentes. "Creo que se trató en alguna comisión el proyecto y plantearon modificaciones, pero la verdad es que nos tuvimos que ocupar de problemas como el de las motos de la Policía, ya que había sólo 25 andando", expresó.

Los impulsores del proyecto en la Cámara Baja, por otra parte, dejaron sus bancas poco después de la sanción, lo cual probablemente influyó para que el tema se desinflara.

El justicialista Daniel Cassia, quien estuvo a la cabeza del proyecto, recuerda que la ley se sancionó cerca del final de su mandato como diputado. Por su parte, el radical Néstor Majul, también se fue de la Legislatura, aunque en su caso fue para asumir un cargo precisamente en el Ministerio de Seguridad. Igual no se acordó de destrabar la ley que él mismo había firmado.