La novela de las bodegas abandonadas por el abogado y empresario Fernando Muñoz de Toro en El Chañar, como si algo le faltara a una historia con ribetes extravagantes y de defraudación al Estado neuquino, sumó un nuevo actor -esta vez de reparto- que le agrega a la trama un dramatismo seguramente impensado para el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (Iadep): Rufino Pablo Baggio.

¿Quién es el empresario entrerriano que se quedó con la mayoría de los últimos artículos de la bodega Valle Perdido y por qué su apellido se puede leer en noticias policiales, judiciales e internacionales?

En junio de 2021 la justicia neuquina, a través del Juzgado Civil 1 a cargo de María Eugenia Grimau, autorizó el tercer remate sobre los objetos -unos 110 artículos- que quedaban en la bodega montada sobre las chacras 115, 116 y 117. En esa oportunidad no hubo oferentes porque el Iadep había conseguido que el lote se ofertara completo para tratar de tentar al comprador con reactivar el proyecto productivo completo, paralizado desde 2017.

Si bien el proceso fracasó, meses más tarde, en octubre, se reeditó con una flexibilización para permitir las compras parciales y el resultado fue otro. Desde el Iadep confirmaron que los tanques, unos 80 artículos de los más de 110, fueron adquiridos por Bigar S.A. a nombre de su presidente, Rufino Pablo Baggio.

«El mobiliario que queda es una cinta transportadora y una etiquetadora por los que no hubo ofertas en el remate realizado», agregaron desde el organismo provincial.

En 2017 se puso en venta la bodega completa, para intentar cobrar los millonarios créditos impagos por Muñoz de Toro Patagonia S.A., que luego fue a la quiebra, pero ante la falta de ofertas serias el Iadep optó por la recompra.

Luego, en 2018, salieron a la venta 281 muebles y objetos del lujoso hotel que funcionó en la bodega por algunos meses. También en 2017 salió a subasta otro emprendimiento del empresario porteño: la bodega Grittini, de lo que ahora solo queda el cascarón.

El tercer remate, antes de la licitación lanzada el viernes pasado, se completó en octubre del año pasado y, si bien no se informó oficialmente lo pagado por el lote, la base era de 69,5 millones de pesos. Hasta el año pasado el Iadep solo había recuperado 15 de los 121 millones en créditos tomados por Muñoz de Toro.

La guerra familiar de los Baggio y los 7 millones de dólares perdidos

Rufino Pablo «Pino» Baggio es uno de los cuatro hijos de Rufino Pablo Baggio y Celia Munilla y hermano de Alejandro, Aníbal y Celia María. Baggio padre fundó en 1959 desde Gualeguaychú, Entre Ríos, la empresa «RPB Sociedad Anónima» reconocida por comercializar, entre otros productos, los jugos Baggio.

La firma asegura tener más de 2 mil empleados y productos que llegan a 72 países. Tiene varias plantas en el país, amplió sus productos y hasta sumó bodegas en Mendoza, también explota campos con ganadería y agricultura.

En 2005 Rufino Baggio murió y «Pino» consiguió que su madre le vendiera las acciones, sin embargo, pese a tener la mayoría accionaria no pudo dirigir la compañía porque ella, que conservó el usufructo de la titularidad, eligió a Alejandro para la tarea.

Desde entonces las diferencias familiares fueron creciendo hasta estallar nacionalmente con una denuncia por la desaparición de 7 millones de dólares, que se conoció en febrero de 2020.

RPB S.A. publicó una solicitada en varios medios nacionales que daba cuenta de «conflictos de intereses con RPB SA y con socios de la misma» y una refería a una «estafa». La maniobra fue denunciada en diciembre de 2019 y la causa fue investigada por el fiscal Guillermo Biré, para el tribunal del Juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, informó el diario La Capital. Un tramo de la causa se analizó como «lavado de dinero».

La situación, según reconstruye la prensa que siguió el caso de cerca, se había iniciado con un correo de RPB S.A que recibió una empleada. Se le pidió realizar transferencias que la mujer efectivizó.

El directorio sostuvo que la empresa fue víctima de un ataque informático (phishing), mientras que los accionistas sin control (Pino) hablaron de un vaciamiento y desvío de capitales líquidos y en efectivo a cuentas off shore.

Se utilizaron más de 35 cuentas en Hong Kong y 16 en Estados Unidos para derivar los fondos que, la empresa describió como «poco significativos» ya que representarían solo seis días de facturación, y que al momento del exhorto judicial argentino solo constaban 6.423 dólares. El resto fue retirado en efectivo.

La hipótesis judicial fue que habría ocurrido una presunta defraudación por parte de dos directivos de la firma, que fueron procesados, y que la maniobra resultó posible por la falta de controles adecuados por parte de dos empleados del banco, que también fueron procesados. Alejandro fue sobreseído.

Las diferencias continúan hasta hoy. En el Boletín Oficial de Entre Ríos del 18 de enero de este año, en la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria del mes de febrero de RPB, el segundo punto del orden del día resaltaba: «Considerar la promoción de acciones legales por parte de RPB SA contra BIGAR SA y/o Rufino Pablo BAGGIO y/u otros que fueron responsables por actividades de competencia desleal, daños y perjuicios y/o las acciones que correspondan o fueren pertinentes».

El vínculo de los Baggio con los Pandora Papers

Los medios argentinos que integran el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), La Nación, Infobae y El DiarioAr, volvieron a poner el apellido Baggio en la prensa nacional a fines del año pasado al relevar una sociedad offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas, creada en septiembre de 2018, llamada “LSH Global Ltd”, con activos estimados por 7 millones de dólares.

Según la nota que publicó La Nación el 1 de noviembre pasado, la firma fue creada con el apoyo del bufete panameño OMC, el mismo que ayudó con sus operaciones offshore al presidente chileno Sebastián Piñera y la cantante colombiana Shakira. Agrega además que la sociedad «se encontraría bajo el control de la viuda de Baggio, Celia Munilla».

Según los documentos analizados por la investigación periodística, LSH Global Ltd tendría una cuenta bancaria en el banco Oppenheimer & Co de Miami, y el origen declarado de los fondos se declara como “herencia”.

Un apellido vinculado al humo en Rosario

Los incendios de pastizales en las islas que están frente a la ciudad de Rosario se vienen repitiendo en la última década.

Una de las sospechas sobre la causa de esos focos ígneos es que los ganaderos de esa zona, que producen carne de exportación, utilizan una vieja técnica de incendiar el suelo porque eso mejoraría la calidad del pasto que luego comen los animales.

Allí Rufino Pablo «Pino» Baggio tiene 34.000 hectáreas y si bien no es el único propietario de hacienda en esa zona, el nombre del empresario fue mencionado junto a otros donde las llamas provocaron intensas columnas de humo, según publicó el diario La Capital hace poco menos de dos años.

La justicia federal en Entre Ríos inició una causa por estos hechos que son calificados como delitos ambientales.

El homicidio de «El Ruso»

El apellido también aparece en las crónica policiales de Rosario, que es el centro financiero de la región mesopotámica y parte del centro del país. Para Gualeguaychú el asesinato de Julio «El Ruso» Bereciartu (52), en 2012, fue un caso sin resolver.

Manejaba una camioneta Hilux junto a Juan Pablo Baggio (25), hijo de Pino, en Rosario cuando fueron atacados por dos asaltantes en una moto.

Acababan de salir de una financiera cuando fueron abordados, pero las versiones que dio Baggio fueron encontradas respecto del motivo de su viaje a la ciudad santafesina.

Según describen los medios rosarinos se escucharon dos disparos, uno dio en el techo del a camioneta y el otro ingresó en el cuerpo de Bereciartu a la altura de la axila y terminó falleciendo momentos después. Testigos dijeron que escucharon a Baggio gritar tras el ataque: «No me bajo, hay plata en la camioneta».

El caso fue tan sensible para Gualeguaychú que los familiares de la víctima llevaron el reclamo de justicia al carnaval más importante del país, que se realiza en esa ciudad entrerriana. Aseguran que nunca conocieron el motivo del viaje y tampoco si el asalto fue producto de una salidera casual o los atacantes contaban con algún tipo de información.

La justicia apuntó en un tramo de la investigación contra Pino al sospechar que fue el interfirió para enredar las versiones de lo qué ocurrió. También se lo vincula al pedido original del viaje de ambos a Rosario ese día.

El Ruso, como lo conocía, trabajó para la familia pero al momento del hecho no lo hacía formalmente. La causa entró en un extenso derrotero judicial, pero hasta la fecha no se pudo esclarecer lo que ocurrió.