Por: Néstor Espósito

El fiscal federal Carlos Stornelli aún no resolvió si concurrirá o no a la citación que le formuló la Comisión de Juicio Político que trata el proceso sobre la Corte Suprema de Justicia. Se lo espera en Diputados para el próximo 7 de marzo. 

Stornelli evalúa una presentación por escrito y duda de estar facultado para declarar, por la naturaleza de sus funciones y las obligaciones de confidencialidad. Según un primer análisis, no podría declarar como “testigo” sobre el contenido de un dictamen que firmó en el marco de una causa judicial en la que fue consultado por una “vista” que le corrió el juez Sebastián Ramos.

Sin embargo, dos magistrados –el propio Ramos y Alejo Ramos Padilla- ya se presentaron ante la Comisión en la misma calidad de testigos y formularon declaraciones en el proceso de juicio político a los jueces de la Corte Suprema.

Al día siguiente de que la Comisión dispusiera la convocatoria de Stornelli, la Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que, sin nombrarlo, aludió claramente a su situación y a la de los jueces que fueron convocados a declarar en ese ámbito parlamentario. 

“Tanto como no es función de los magistrados pronunciarnos acerca de la forma en que desempeñan sus funciones los poderes Legislativo y Ejecutivo, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirse facultades que no les corresponden. Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las diputadas y diputados de la Nación, ni los jueces sus decisiones».

Stornelli dictaminó para la desestimación del juez Sebastián Ramos en una denuncia sobre el contenido de los chats entre Robles y D’Alessandro. Y, como no había querella, su dictamen fue vinculante. Ramos no podía avanzar con un pronunciamiento adverso del Ministerio Público Fiscal. 

Cierto es que tampoco podía haber intervenido, porque la “amistad manifiesta” con una de las partes, que quedó reflejada en la nueva filtración de chats (más allá de su legalidad para ser utilizados como prueba en una causa judicial) es una de las causales taxativas de apartamiento de un expediente.

En la Comisión creen que esas filtraciones son “un vuelto” de los ex agentes de la AFI a los que Comodoro Py consideró “cuentapropistas” y los dejó pegados mientras exculpó a sus jefes. En efecto, cuando la causa tramitaba ante la Justicia federal de Lomas de Zamora, el juez Juan Pablo Augé había procesado a todos los involucrados en el espionaje ilegal, incluidos los máximos responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Pero la causa aterrizó en Comodoro Py (todos los expedientes por espionaje ilegal fueron a parar, más tarde o más temprano, a los tribunales de Retiro) y allí los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi dijeron que las actividades de inteligencia delictiva habían sido obra de un grupo de marginales que integraban el grupo de WhatsApp “Súper Mario Bros”. La mayoría de ellos provenían de la Policía de la Ciudad y fueron contratados durante la gestión de Arribas y Majdalani.

Sólo los “cuentapropistas” quedaron pegados, mientras que sus jefes están a saldo de cualquier imputación. 

Pese a ello, los propios «cuentapropistas” e incluso algunos de los jueces que aparecen en los chats sospechan que, en realidad, las filtraciones son el fruto de la interna del PRO. Y no dudan sobre quién está detrás de ellas: orientan sus miradas al ex presidente Mauricio Macri.