Los puestos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Policía de la Provincia, César Almada, y del jefe de Gabinete, Oscar González, los tres «negociadores» de la crisis policial, quedaron en la mira tras el acuartelamiento de los uniformados y los ulteriores hechos que sumieron en el terror a la población de la ciudad de Córdoba.

Pese a que, cuando el acuartelamiento finalizó, en El Panal ratificaron a todos en su cargos, en los pasillos habían quedado dudas sobre los roles que cumplieron a lo largo del conflicto. Ayer, la oposición y algunos medios de comunicación pidieron la renuncia de los funcionarios, pero fundamentalmente de Monteoliva.

El miércoles, demacrada por el paso de las horas del conflicto y aparentemente sorprendida por lo ocurrido, la ministra se mostró conforme con el resultado de las negociaciones, en las que según comentaron literalmente no participó activamente. Incluso ella misma manifestó que lo salarial excedía su cartera. Ayer se la vio relajada al exhibir los objetos recuperados por la Policía, casi por arte de magia (ver abajo). Quizás el punto que más se le cuestionó a la funcionaria provincial, que ya había tenido una infortunada salida cuando negó de plano el escándalo de los narcopolicías, fue haber contradicho el discurso del gobernador De la Sota sobre el pedido de la intervención de Gendarmería Nacional. Por su parte, el comisario general César Almada, quien asumió en medio del destape del caso de los “narcopolicías”, a pesar de no ser cuestionado por los policías autocuartelados, se ha visto debilitado por el conflicto. En las últimas horas muchos indicaban que los clásicos ascensos y retiros de fin de año podría repercutir en la Jefatura de avenida Colón, el mismo movimiento que sacudiría a la sucesora de Alejo Paredes. En cuanto a González, bastó con ver la expresión de su rostro cuando De la Sota anunció el acuerdo con los policías, para comprobar que el inestable lugar en que quedó parado.

Piden renuncias

El bloque del Frente Cívico presentó un proyecto de resolución en la Legislatura reclamando la renuncia “en carácter de urgente” del jefe de Gabinete, Oscar González, y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, “por la manifiesta incapacidad de llevar adelante políticas públicas tendientes a abordar la profunda crisis de seguridad que atraviesa la provincia y la ineficaz actuación que desempeñaron en la resolución del conflicto con la Policía”.