Por Luciana Bertoia

En medio de la escalada de violencia en Rosario, Javier Milei aprovechó para hacer un anuncio: dijo que ya estaba listo el proyecto para involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Sin embargo, pasan las horas y la propuesta no se hace pública mientras florecen las internas dentro de La Libertad Avanza (LLA). Tarde o temprano, esta cuestión se terminará colando en la deteriorada relación entre Milei y su vice, Victoria Villarruel. En el tema militar, Villarruel ya había alertado que involucrar a las Fuerzas Armadas –de las que se pretende abanderada– en la lucha contra el narcotráfico iba a traer consecuencias legales para los uniformados.

El martes, Milei dijo que ese mismo día habían tratado la posibilidad de reformar la Ley de Seguridad Interior para darles más posibilidades de intervención a las Fuerzas Armadas. Según la versión del Presidente, el ministro de Defensa, Luis Petri, había ido con una propuesta a la reunión de Gabinete, pero no se habían tomado definiciones porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todavía estaba en Rosario.

En Defensa dicen que están trabajando en la reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, que es el que regula el apoyo logístico que las Fuerzas Armadas pueden darles a las fuerzas de seguridad. “Estamos con los últimos detalles”, repiten ante las consultas.

De acuerdo con la legislación vigente, las Fuerzas Armadas pueden prestar apoyo logístico, pueden responder ante ataques a unidades militares o pueden operar ante la declaración del estado de sitio –algo que no está en los planes de Milei–.

La idea de involucrar a los militares en cuestiones de seguridad interior es una propuesta de larga data de Bullrich. Ella no solo gestionó que Petri llegara a Defensa sino que también puso gente de su confianza en cargos clave del Ministerio de Defensa. Uno de ellos es el coronel retirado Marcelo Rozas Garay, que integró los equipos de Bullrich cuando competía por la presidencia. Rozas Garay es actualmente subsecretario de Planeamiento de Defensa. Durante la campaña, Rozas Garay ya había anunciado una reforma: “Se abandonará el concepto de que (las Fuerzas Armadas) solo actuarán frente a agresiones externas”.

En un momento circuló que el gobierno podría firmar un decreto para dejar atrás la doctrina impulsada por Nilda Garré –a través del decreto 727 de 2006, que reglamentaba la ley de Defensa– de que las Fuerzas Armadas sólo podrían actuar ante agresiones externas de otros Estados. Sin embargo, los militares dicen que con eso no alcanza. Por eso, el Gobierno afirma que avanzará con un proyecto de ley, que no sabe si tiene los votos para aprobar y que desarma el consenso construido durante las últimas cuatro décadas.

En Defensa vaticinan que el anuncio se hará esta semana y que posiblemente lo haga la dupla Petri-Bullrich. También es cierto que, más allá de la interna dentro de las propias fuerzas, en el edificio Libertador miran con atención la pelea entre la Casa Rosada y el Senado. El nuevo capítulo de la guerra no tan fría entre Milei y Villarruel tiene una razón de ser: el tratamiento en la Cámara alta del DNU 70/2023 con el que el libertario desreguló la economía y favoreció a los grandes grupos económicos.

Después del anuncio de Milei de reformar la Ley de Seguridad Interior, circularon tuits en los que la actual vice polemizaba con Bullrich acerca de la propuesta de enviar a los militares para “combatir” contra el narcotráfico. La polémica fue en febrero del año pasado, pero Villarruel siempre planteó lo mismo en los debates públicos.

La postura de la vicepresidenta es que básicamente las Fuerzas Armadas no están facultadas para combatir contra civiles y que eso terminará, tarde o temprano, obligando a los militares a responder ante la Justicia.  Agrega, además, Villarruel que no serán tribunales militares sino la justicia civil. Los militares de hoy tienen un espejo en el que mirarse: el de los que en los ‘70, que más de 40 años después de sus crímenes todavía siguen siendo juzgados.

Villarruel viene de la militancia por la "memoria completa", que pretende justificar lo hecho por las fuerzas durante los años del terrorismo de Estado. Desde de ese sector, ya hicieron saber que no les gusta nada la propuesta de que los militares se involucren en cuestiones de seguridad interior. En redes sociales se manifestaron, entre otros, Cecilia Pando y su marido, Pedro Rafael Mercado. 

El reclamo es explícito: le dicen al gobierno de Milei que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad. Además, exigen una reivindicación de lo que hicieron los uniformados durante los años '70. Durante la campaña, Pando y compañía se habían entusiasmado con la promesa de Bullrich de darles una "salida" a los militares "injustamente" presos. Curiosamente, uno de los que había hecho circular la carta fue Rozas Garay, el mismo que anticipaba un corrimiento de los límites entre seguridad y defensa.