El Tribunal Federal 3 estuvo atento a revisar las imputaciones en la causa cuando amplió los casos que se encontraban en evaluación en el expediente, y en ese momento incluyó todas las consideraciones necesarias acerca de la aplicación de la prisión preventiva. En su fundamentación, el magistrado dijo que era consciente de que se trataba de la medida más extrema que preveía el código penal, y de todas las condiciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de aplicar la privación de la libertad. Por eso mismo, consideró que no habían variado las situaciones que oportunamente lo llevaron a disponer la detención y la prisión preventiva de Rubén Cagni, Luis Irós y Héctor Seri, como así tampoco las circunstancias que llevaron a la situación que hoy atraviesan Roberto Balbuena, Tula y Luciano Díaz Suarez. Y dijo: “Ha quedado acreditado el vínculo de los nombrados con las actividades aquí investigadas (asociación ilícita, defraudación a la administración pública, tenencia ilegítima de armas, etc), lo que sumado a la gravedad de los hechos imputados y, el caudal económico de la organización investigada en cuanto a las importantes cantidades de dinero en efectivo que manejaban sus integrantes, me llevan a concluir que —en caso de recuperar la libertad— podrían darse a la fuga o entorpecer el curso de la investigación, más aunteniendo en cuenta que Fernando Biesa aún se encuentra prófugo”.

Por otra parte, el juez aclara que la investigación no ha concluido, y que no descarta que se sumen otros nombres de personas quepuedan estar involucradas en la maniobra. Esta organización criminal estaría integrada por una gran cantidad de personas, y actuaba al menos desde 2006 con vínculos dentro de organismos del estado como la ANSES, con lo que —en el caso de recuperar la libertad— los acusados podrían entorpecer el curso de la investigación obstruyendo la prueba que aún falta recolectar o alertar a personas que están siendo investigadas, o que puedan incorporarse en el devenir de la investigación.

Otros responsables

Por otro lado, el juez valora que se secuestró armamento en algunos de los domicilios allanados, y que hubo un ofrecimiento de diez mil dólares a la esposa de Caliyuri por parte de Biesa, el día en que se llevó a cabo el allanamiento de su domicilio, lo cual ya presupone un entorpecimiento del proceso. Por lo tanto, en este caso se presentan los riesgos procesales que autorizan la prisión preventiva. Por eso considera el juez que lo mejor es mantener la detención. En los casos de los imputados José Caliyuri, Miguel Coelho, Daniela Livi, Rodrigo Jones, Luis Funes, de la Torre Kriskovich, Ariel Fati, Fernando Fernández y Barone, se mantendrá su estado de libertad.

Con relación a María Gabriela Irós, Miguel Ángel Marcello, Eduardo Moyano, Juan Miguel Martínez Campoy, Marcelo Eiras, Ricardo Scalise, Juan Carlos Soria, Gustavo Domínguez y Gabriela Biribin, el juez no sospecha que vayan a evadir el accionar de la justicia, por eso los procesa sin prisión preventiva, pero fija una caución personal de dos millones de pesos.

La cuestión que queda dirimir es la de los posibles beneficiados con estas jubilaciones indebidas, o recibidas por incapacidades inexistentes. Ha quedado corroborado que todos ellos tramitaron un beneficio de retiro por invalidez en forma irregular valiéndose del método implementado por la organización criminal, mediante la presentación de certificado e informes médicos falsos que darían sustento  al dictamen falso de un perito integrante de la banda.

Entonces, en los casos de Ana María Andersen, Mirta Alicia Palacios, Silvia Cancina, Carlos Berra, Cecilio Isaac Coronel, Rosa Adelaida Dornhofer, Eduardo Mario Felicevich, Irene Rosa Quiroga, Mauricio Herrera, Vivían Edith Gallegos, Daniel Osvaldo Díaz, Antonio Ernesto Baamonde, María Rosa Caram, Carlos Alberto Ponce, Rosa Imelda Cajal y Jorge Belusci, el beneficio efectivamente llegó a otorgarse por parte de la ANSES, y lo cobraron, lo cual ocasionó un perjuicio al Estado.

Existen otros casos, en los que hubo un dictamen médico falso, pero el expediente no fue devuelto de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que no habría llegado a expedirse. Los expedientes judiciales relativos a los casos de Beatriz Elena Suárez, Miguel Ángel Santos, Juan José Delgue, Néstor Adrián Funes y Haydee Cristina Declerk se encontraban en el estudio jurídico investigado, en consecuencia, tampoco hubo pronunciamiento por parte de la ANSES.

Dice el juez: “todos aquellos beneficiarios que efectivamente percibieron el beneficio, defraudaron a la administración pública por el monto de los

cobros indebidos, mientras que respecto de los segundos la maniobra no llegó a consumarse. En tal sentido, deberá dictarse el procesamiento de Andersen, Palacios, Cancina, Berra, Coronel, Dornhofer, Felicevich, Quiroga, Herrera, Gallegos, Díaz, Baamonde, Caram, Ponce, Cajaly Belusci como autores del delito previsto, en cambio todos los demás sólo se los imputará en el grado de tentativa”. Hay otros casos, en los cuales no se ha demostrado que quienes concurrían al estudio tuvieran un fehaciente conocimiento de la maniobra ilegal de los integrantes de la Organización Jurídico Previsional. Por eso, dice el juez que corresponde dictar la falta de mérito.

Por ahora se puede considerar que los beneficiarios que están imputados iniciaron un trámite de retiro por invalidez sabiéndolo irregular: acompañaron informes y certificados médicos falsos porque fueron “evaluados” por peritos que también integran la organización delictiva, que son quienes dictaminaron en su favor. Para conseguir ese beneficio previsional, ellos se valieron del mecanismo defraudatorio que los miembros de la asociación ilícita les suministraban, por lo que fueron imputados el pasado 31 de mayo. Es decir que Cagni, Balbuena, Diez Suárez e Irós fueron los que orquestaron la maniobra para que los beneficiarios consiguieran un beneficio previsional a partir de falsear una carpeta médica integrada por informes y certificados de médicos particulares, también falsos. A esto se agregaban luego dictámenes médicos falsos de profesionales del H.I.G.A. o peritos médicos que se apoyaban en los anteriores.

Conclusión

Es decir, para la causa, los beneficiarios son responsables ante la ley porque ellos utilizaron el sistema de defraudación que había sido instaurado por la Organización Jurídico Previsional, a los fines de obtener un retiro por invalidez, que en principio no les correspondía. Para eso, presentaron informes y certificados falsos de distintos médicos que integran la organización criminal investigada que justificaban patologías inexistentes, o bien para exagerar las existentes. Después facilitaban que otro médico, que estaba en connivencia con la organización, dictaminara en sentido favorable al beneficio. Algunas veces era un profesional del HIGA. Otras, un médico designado como perito.

Cuando se recurría a la exageración de patologías en los informes se intentaba dar sustento al dictamen médico final falso, de lo que se deduce que los médicos también integraban la organización delictiva de los abogados que tramitaban los beneficios. En el caso del H.I.G.A., se encuentra corroborado que allí no se efectuaban pericias, pero sin embargo las personas figuraban examinadas.

De todas formas, el juez revisa cada caso y realiza una constancia de la valoración de la situación y del descargo efectuado, tanto en el caso de los acusados por la defraudación, como los que cometieron la mera tentativa.

En cuanto a los empleadores que la organización hacía constar, el simple recuento se vuelve cinematográfico. Baste como muestra el caso de Rubén Suárez, que fue dado de alta como empleador, cuando en realidad se encuentra jubilado desde 1996. Fue en su vida activa parrillero, y desde hace quince años se dedica a recolectar botellas para el reciclado. Es analfabeto y nunca tuvo una empresa.

La firma Transfrut, dedicada a la comercialización de frutas y verduras, nunca tuvo estos empleados, y simplemente fue víctima de que se utilizara su clave fiscal. La firma Mesina Mar, abocada a la elaboración de productos pesqueros habría dejado de funcionar en 2011, mientras que fue editado su archivo de empleados para generar supuestos vínculos laborales inexistentes.

Casos similares ocurren con muchos otros datos, entre los cuales se destacan el Instituto Pueyrredon, que ya no funciona, cuya dueña de defendió diciendo que padece una enfermedad degenerativa que le impide recordar los datos exactos. O la clínica Mitre, que últimamente trae una racha de verse involucrada en cuestiones judicializadas a las que ahora se suma lo previsional.

Como se ve, fueron tantos los años en los que el estudio falsificó certificaciones para obtener beneficios indebidos que a medida que avanza la investigación crecen los tentáculos del pulpo por todos los rubros, sectores comerciales de desempeño y hasta zonas de la ciudad. Quizá se dé fin a semejante dispendio de dinero, ya que el sistema previsional colapsa simplemente porque las estafas no permiten que funcione como un círculo solidario. Ahora bien: fingir una discapacidad, quizá no haya canallada semejante.