La lentísima justicia local una vez más perdió la oportunidad de pedir explicaciones ante la justicia por hechos más que comprobados. Por más que Gustavo Pulti se amparó en argumentar que la urgencia en pagar los sueldos lo llevó a utilizar fondos que habían sido previstos con otro fin muy distinto, los hechos estaban comprobados. Pero sucede que los meses fueron pasando, y ahora los abogados están preparando la fogata que van a hacer con todos los papeles que se escribieron en estos expedientes, que irán a parar a la basura.

Los abogados defensores de Gustavo Arnaldo Pulti —Savioli Coll y Alejandro Borawski— que intervienen en la causa por malversación de caudales públicos, aprovecharon el momento para solicitar que las acciones penales contra su defendido habían prescripto. De hecho, alguien se durmió y dejó caer la oportunidad de enfrentar al ex intendente por la última de sus deudas con la justicia, pero qué casualidad, es tarde.

La presentación de la causa que tramita en el juzgado n°5 en lo Correccional indicaba que —vencidos los plazos— correspondía la caducidad del delito penal y el consiguiente sobreseimiento del nombrado, así como del contador Daniel Pérez. Y detalla que, entre el 3 de febrero de 2017 —que es la fecha de presentación del requerimiento fiscal de elevación a juicio—, y el 27 de marzo de 2019 —fecha en que lo citaron a juicio—, han transcurrido sobradamente más de dos años, sin que se produzca ningún acto jurídico que interrumpa el curso de la prescripción.

Más adelante precisan: “cuando nuestro asistido fue citado a prestar declaración como imputado, el 5 de mayo de 2016, los Agentes Fiscales lo intimaron, entre otros, por el Hecho nº 1, el cual calificaron principalmente como constitutivo de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal”. Pero aclaran que en la alzada, el 28 de diciembre de 2018, se dispuso elevar a juicio exclusivamente la causa por la primera de las figuras legales. El ministerio público fiscal estuvo de acuerdo. Gustavo Pulti, desde que cesó en el cargo de intendente del Partido de General Pueyrredón el 10 de diciembre de 2015, no volvió a ejercer la función pública y tampoco lo ha hecho el CPN Daniel Pérez. Por todo lo expuesto, concluyen que la acción penal se ha extinguido por prescripción, y que, por lo tanto, corresponde que se dicte el sobreseimiento de ambos.

Malversación

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el artículo 260 del Código Penal postula:“será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resulta daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída”.

Y en referencia al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, el artículo 248 establece:“será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Si bien Pulti ya había sido eximido del incumplimiento, aún está procesado por la malversación de la que todo el mundo se había enterado, porque él desvió los fondos motivado por lo que llamó una “urgencia”, sin autorización del Concejo.

Pero llegar hasta acá en el expediente judicial había sido un camino lógicamente engorroso. Como se recordará, hace un año el Juzgado de Garantías N°2 había elevado a juicio oral la causa por la que era investigado el ex intendente Pulti, y otros tres funcionarios que habían formado parte de su gobierno por decisión del juez Saúl Roberto Errandonea.

Ya entonces declaraban que —una vez que se hiciera formal la notificación a la Fiscalía de Delitos Económicos— comenzarían a correr los plazos legales. Pero se olvidaron.

El magistrado había decidido la elevación a juicio invocando los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, pero no había incluido ciertas irregularidades que sin embargo habían sido denunciadas en tres de las ediciones de Expo Industria. Por esa cuestión fue sobreseído el exjefe comunal y así como quien fuera su titular de Producción, Mariano Pérez Rojas. Para esta última resolución, Errandonea se fundamentó en cuestiones ligadas al encuadre jurídico de la imputación, ya que entendió que esa clase de conductas no constituían un delito aunque sí una irregularidad administrativa.

Los fiscales

Sin embargo, el titular del Juzgado de Garantías N°2 consideró que sí había elementos probatorios suficientes como para llevar a juicio oral a Pulti y a quien fuera su Secretario de Hacienda, Daniel Pérez, por los delitos de malversación con relación a los fondos de terceros y los giros en descubierto que oportunamente se realizaron a través del Banco Provincia. En esa investigación —que fue llevada adelante por la unidad investigativa de Delitos Económicos— se sostenía que estos cheques habían sido librados sin ninguna autorización ni conocimiento del Honorable Concejo Deliberante. El ex titular de Hacienda, Santiago Fernández, había resultado sobreseído.

¿Qué pasó entonces? La cuestión es así: la causa debió haber sido defendida por los fiscales, Javier Pizzo y David Bruna, principalmente. Son ellos quienes debieron haber impulsado la acción penal pidiendo el cumplimiento de los plazos en el sistema de procesos judiciales, para lograr que la causa —costosa en lo humano y en lo material— no se cayera. Pero durmieron.

El nuevo planteo que dice que es tarde para todo quedará ahora en manos de Leonardo Celsi, Juez del Juzgado en lo Correccional nº 5 de esta última cuestión, sobre todo porque Gustavo Pulti ya fue sobreseído de las cinco causas anteriores a esta, y esperó feliz de la vida la resolución, diciendo: “utilizar dinero para pagar sueldos no puede ser delito”.

Cada vez que tuvo oportunidad de poner la cuestión en palabras, el ex intendente se defendió diciendo que no hubo un perjuicio para el erario público, y que ellos no actuaron motivados por un interés personal. Por eso fueron tras el sobreseimiento definitivo, y la lentitud de la justicia obviamente jugó a su favor: no hubo una persona en el tribunal que apurara los papeles para que alguno de los ex funcionarios tuviera que dar cuenta de sus acciones.