Designado por el kirchnerismo en 2004, pero expuesto al escarnio público por el propio Gobierno al ser removido por presunto mal desempeño en la causa Ciccone, el juez federal Daniel Rafecas será quien instruya la denuncia que radicó la AFIP contra la imprenta Donnelley, acusada de violar la ley antiterrorista por el presunto delito de alteración del orden económico previsto en el Código Penal, luego de que la justicia comercial dictara su quiebra un día hábil después de que la empresa la solicitara.
A cargo del expediente 7871 tras el sorteo, Rafecas deberá dar vista al fiscal Patricio Evers para que recomiende si corresponde impulsar la investigación. Pero desde el momento en que su apellido fue el designado supo que iba a tener que lidiar con otro expediente sensible para los intereses de la Casa Rosada. El enfático discurso del jueves de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el anuncio de denuncia penal y la vinculación directa de la gráfica con el fondo BlackRock y con el titular del holdout Elliott Management Paul Singer, confirmó que no se trataba de un expediente más de los múltiples que llegan a los tribunales de Comodoro Py.
Conocedor de esos pasillos como pocos, Rafecas construyó una carrera sólida desde que fue designado hace una década. Leonino, de 47 años recién cumplidos, fue quien investigó las principales causas vinculadas a los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar, que derivaron en múltiples juicios en los que se condenaron a más de 30 personas, entre ellos los ex presidentes de facto Jorge Videla y Reynaldo Bignone.
Su carrera tuvo un quiebre decisivo a partir de la causa vinculada a los presuntos sobornos en el Senado del año 2000. En 2009, Rafecas dictó el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa, de varios funcionarios más de la Alianza, del arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y de un puñado de legisladores justicialistas. Tras casi un año y medio de juicio oral y público, en diciembre de 2013 el Tribunal Oral y Federal número 3 absolvió a todos los procesados, cuestionando el trabajo realizado por Rafecas en primera instancia y solicitando al Consejo de la Magistratura que analice su actuación.
Es en ese ámbito donde el futuro como juez de Rafecas se ve seriamente comprometido. Sucede que a su actuación en la causa por coimas se le sumó, en abril de 2012, la denuncia por mal desempeño que José María Núñez Carmona, socio del vicepresidente Amado Boudou, le realizó por presunto mal desempeño en Ciccone, argumentando que el juez había intercambiado chats de whatsapp con Ignacio Danuzzo Iturraspe, un abogado vinculado al caso. La sala I de la Cámara Federal separó a Rafecas y le dio el expediente a Ariel Lijo, quien este año procesó a Boudou y Núñez Carmona.
Así, el trabajo de Rafecas está siendo investigado en la Magistratura por los dos expedientes y tanto el kirchnerismo como el radicalismo del Consejo impulsan su juicio político y posterior destitución, aunque todavía no logran los dos tercios necesarios de los votos para lograrlo. Arrinconado, en la Justicia existe la creencia de que el caso Donnelley puede ser una oportunidad que el Gobierno le está dando al juez para reivindicarse.
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