A finales de la década del 1980, el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) instrumentó un plan de viviendas en Dolores para que accedan a sus propiedades, en primer lugar, tanto los agentes de la fuerzas de seguridad como los empleados municipales y judiciales. De esta manera, el ente de gobierno buscaba paliar el déficit habitacional existente con un cómodo plan de pago de 24 cuotas, una iniciativa que se extendió al resto de los actores de la sociedad dada la demanda del momento.

No obstante, por la situación económica y social que atravesó el país en los ´90, entre otros factores, los propietarios nunca adjudicaron sus terrenos habiendo abonado, mayormente, la totalidad de las cuotas. Actualmente, alrededor de 150 personas siguen insistiendo por las posesiones de sus correspondientes lotes, aunque el Círculo de Oficiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sigue dilatando la resolución de esta problemática que ya arrastra más de tres décadas.

Uno de los damnificados, el ex agente del SPB –hoy jubilado- Bernardo Norberto Suazo, contó en diálogo con REALPOLITIK sus sensaciones personales al respecto. “Después de caída la operación de la adquisición de las tierras, intentamos llegar a un acuerdo para obtener lo que nos pertenecía, pero los funcionarios de turno siempre nos respondieron con excusas y promesas que nunca cumplieron”, dijo.  

De todos modos, las irresponsabilidades de las autoridades de Dolores fueron más allá y junto al Círculo de Oficiales del SPB intentaron vender los terrenos, en una decisión inconsulta que no contempló a los propietarios, para que muchos de estos sean utilizados en el marco del plan PROCREAR allá por 2015. Cabe destacar que, jurídicamente, la cúpula penitenciaria auspicia de intermediaria entre el estado y los titulares de los lotes, por lo que usufructúa el bien aunque no puede disponerlo para ventas ni utilizarlo para beneficio personal o de terceros.

Suazo narró que esta maniobra pudo ser frenada en la Justicia por una causa que inició otro de los damnificados, Aldo Damore. Además, indicó los avales que han presentado para dar cuenta de la titularidad de los lotes: “Desde el Círculo de Oficiales nos pidieron documentación para constatar la veracidad de los hechos en cuanto a los pagos realizados, certificaciones que ya acreditamos en tiempo y forma”.

Hoy en día, esta cúpula penitenciaria se encuentra intervenida desde hace más de un año y una comisión es la encargada de resolver los problemas que acarrea la institución, entre ellos la venta de los terrenos de Dolores que aglutina, mayormente, a oficiales retirados como los principales perjudicados. “Buscan hacerlo de manera legal y si bien tienen buena predisposición, siguen dilatando una resolución”, concluyó Suazo sobre la frustración que implica no acceder a su lote pasados ya más de treinta años.