En un intento por reducir al mínimo sus frentes de conflicto en el interior del país, el Gobierno dio un paso atrás y dio por concluidos sus intentos por nacionalizar el negocio del litio. La decisión implica una reversa de la posición que la gestión encabezada por Alberto y Cristina Fernández mantuvieron prácticamente hasta el mes pasado. Hasta ese momento, Nación ejerció presión para incrementar su participación en las regalías que generan las exportaciones del mineral, en la actualidad concentradas entre Jujuy y Catamarca pero con Salta marcando presencia a partir de sus reservas. Así, y dado el contexto de contienda política, el oficialismo optar por abstenerse de participar de una caja que, se estima, moverá al menos 17.000 millones de dólares en los próximos años.

La decisión oficial de "bajarse" de la nacionalización del litio fue notificada por Fernanda Ávila, actual secretaria de Minería, en ocasión del Seminario Internacional Litio en Sudamérica que esta semana se desarrolla en Salta.

Sin eufemismos, la funcionaria declaró que el debate por una eventual nacionalización de los recursos del litio es "un tema zanjado para la Nación", por lo que entendió que "la seguridad jurídica está dada para la continuidad de las inversiones" que, para los próximos años, se estima entre los 6.000 y 7.000 millones de dólares.

"La Constitución establece que los recursos pertenecen a las provincias y eso es algo que para nosotros no tiene discusión y trabajamos en forma muy ordenada con los gobernadores. Eso está muy claro y para la Nación es una discusión zanjada. No creemos que las empresas tengan que tener ningún temor al respecto, porque la seguridad jurídica está dada", expresó.

Un paso atrás en el negocio multimillonario

Durante su participación en la actividad, Ávila destacó que el año pasado hubo "3.800 millones de dólares de ingresos de divisas mineras, que fue el número más alto desde el 2012" y pronosticó que "este año se podrá llegar a superar".

Relacionado con esto, la secretaria de Minería consignó que, en materia de litio, "tan sólo en el primer semestre (de este año) se vio un aumento en las exportaciones, con un incremento del 60 por ciento interanual".

La funcionaria afirmó que la meta de exportaciones de litio para este año está fijada en un valor cercano a los 4.000 millones de dólares.

"La minería nos da los dólares que necesitamos. Fortalece nuestra reserva, fortalece la situación del país en la macroeconomía, pero también genera trabajo, desarrollo de proveedores, infraestructura", subrayó Ávila, dando cuenta de la apuesta extractivista que sostiene el Gobierno.

"Lo bueno es que venimos trabajando muy coordinadamente entre todo el sector de las diferentes esferas de la Nación, con las provincias y con las empresas. Hay un diálogo muy fluido para tratar de ir dando las soluciones a cada una de las cuestiones particulares que las empresas tienen y es bueno ver que los proyectos mineros no han frenado sus inversiones", concluyó.

La nacionalización que no fue

El Gobierno trabajó en un marco legal para nacionalizar el litio hasta fines de junio. Allí se conoció que el oficialismo generó una propuesta de ley que establecía el protagonismo de Nación en la recaudación derivada de la explotación del mineral y, también, una injerencia de peso de la Casa Rosada en el destino comercial del metal.

Dichas intenciones fueron expuestas por Mercedes Marcó del Pont, actual secretaria de Asuntos Estratégicos, quien en ese momento habló de promover un tipo de industrialización a nivel doméstico aunque, vale destacarlo, las mineras y las automotrices que compran litio argentino no han dado una sola señal en esa dirección.

En la vereda de enfrente, Catamarca, Salta y Jujuy, las provincias con mayor peso en el negocio del litio en la Argentina, cerraron filas e hicieron pública su oposición a cualquier intento por nacionalizar la explotación del mineral o la integración con Chile y Bolivia, los países vecinos que también acumulan reservas del mismo metal.