La ministra de la Corte de Justicia, Amelia Sesto de Leiva, le recordó al subsecretario de Seguridad, Juan Pablo Morales, su condición de fiscal de Instrucción con licencia y la evaluación positiva que hizo sobre el desempeño de su par de Santa María, Marcelo González, cuando fue comisionado para esa tarea por ella y los otros dos integrantes del máximo tribunal provincial.

Fue luego de la visita que Morales, en carácter de funcionario del Ejecutivo, hizo el lunes por la noche junto al ministro de Gobierno, Francisco Gordillo, al presidente de la Corte, Raúl Cippitelli, para abordar la conflictiva situación social en Santa María y las críticas sobre la tarea que lleva adelante González, por las cuales se pretende apartarlo de la investigación de causas penales.

Lejos de objetar el trabajo del fiscal santamariano, la jueza Sesto dijo que las distintas comisiones que se enviaron para determinar su competencia, una de ellas integrada por Morales, no dieron cuenta de “ningún inconveniente”.

“En distintas oportunidades se mandó gente a ver cómo trabajaba González, y una de esas veces fue el actual secretario, subsecretario, no se qué, Juan Pablo Morales, y los informes que tenemos eran muy buenos”, dijo Sesto.

En este sentido, la magistrada mencionó que “el doctor Morales, quien es también fiscal, solamente que con licencia, ha ido, ha verificado lo que pasaba, y ha hecho un informe a la Corte en donde dijo que hasta entonces la actuación de González era la que correspondía”.

Sesto de Leiva se refirió a las reuniones que mantuvieron funcionarios provinciales y el vicegobernador Dalmacio Mera con el titular de la Corte, para buscar una salida al reclamo que el jueves pasado desbordó cuando se intentó incendiar la fiscalía de Santa María.

La jueza aclaró que ni ella ni el juez José Cáceres habían participado de esos encuentros y que por lo que leyó en los diarios y lo que le informó Cippitelli, entendía que el proyecto era desdoblar las fiscalías, no solamente en Santa María, sino también en otros lugares en donde hay dos jueces y un solo fiscal, como Andalgalá, Tinogasta y Recreo.

Aunque celebró que todos los poderes del Estado “estén preocupados” y trabajando para apaciguar los ánimos en el oeste provincial, se mostró crítica con que la respuesta se origine en un reclamo popular.

“Lo que quiere esta situación social es que González vaya preso, y no hay motivo. Hay que avisar a los legisladores para que cambien las leyes, y nos digan que ante cualquier movimiento social, un fiscal debe dejar de serlo”, ironizó en declaraciones a Radio Ancasti.

También opinó que “no es posible que la gente decida cuándo un fiscal actúa bien o no. Ellos quieren que cuando hay un accidente de tránsito y una persona muere, al que maneja el auto lo manden para que se pudra en la cárcel y nunca más salga. Pero la ley dice otra cosa”.