"Cuando suceden cosas de esta envergadura tratamos de estar al lado de los trabajadores", destacó Tomada, y añadió: "Queremos ver cómo podemos ayudar a reparar esto que ha ocurrido y que afecta a la educación".

Federico Ludueña, subsecretario de Promoción del Sector Social de la Economía de la cartera laboral, dijo a que "se está evaluando la posibilidad de otorgar una línea de subsidios de 1.500 pesos por persona por 12 meses".

Agregó que el Ministerio "asistirá con equipamiento, ayuda a personas, insumos y todo lo necesario para su funcionamiento".

Javier Lamónica, presidente de la cooperativa, dijo a Télam que "el gobierno porteño nos ofrece un 60% de subsidio para la planta funcional, que es una parte del plantel, pero el resto, que se cubría con la cuota genuina, quedó descubierto porque las anteriores autoridades se llevaron la plata de las matrículas".

El profesor destacó que "fue una reunión muy positiva, vinimos a plantear la situación que estamos atravesando y el ministro se comprometió a apoyarnos en todo lo necesario para afrontar estos primeros meses que van a ser difíciles".

Comentó además que hoy a las 12 serán recibidos por la jueza en lo Contencioso Administrativo Andrea Danas para tratar cuestiones referidas al edificio ubicado en Billinghurst 1355, que recientemente fue declarado Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

"Los invitamos además a participar del festival que vamos a realizar en las puertas del colegio el miércoles a las 19, y también vamos a ser recibidos por el ministro (de Educación porteño Esteban) Bullrrich el jueves a las 8, por lo que esta semana va a ser clave para destrabar el conflicto", concluyó.

De la reunión participaron además Eduardo Montes, vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas; Enrique Deibe, secretario de Empleo de la Nación, y las legisladoras Paula Penacca y María Rachid (FpV).

El conflicto se inició el 31 de diciembre cuando un camión de mudanza intentó llevarse mobiliario de la escuela y documentación de los alumnos, sin previo aviso, por el desalojo dispuesto por la

justicia en el marco de un litigio de dos sociedades anónimas.

Desde que el Guido Spano cerró sus puertas, docentes, no docentes y padres comenzaron a debatir formas de continuidad, para no dejar en la calle a 58 trabajadores y sin lugar de estudio a los 350 alumnos que concurren a la institución en sus tres niveles, jardín, primario y secundario.

La iniciativa de generar una cooperativa para continuar con el proyecto educativo se consolidó cuando se reunieron con autoridades del INAES, mientras que desde el gobierno porteño se comprometieron a continuar con el subsidio que la Ciudad aportaba a la institución.