El ausentismo docente es una problemática que el gobierno bonaerense ha decidido discutir con los gremios en las mesas paritarias, planteando una serie de incentivos salariales atados al cumplimiento del presentismo. 

Pero, más de allá de los discursos, existe una realidad que se agrava. Y no solo tiene que ver con los supuestos abusos de las licencias médicas y psiquiátricas, sino también con la evidente falta de inversión y los serios problemas administrativos registrados en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que llevan a que haya cada vez más retrasos en las titularizaciones de los educadores.

Números y estadísticas oficiales, a las que tuvo acceso este diario, hablan por sí solos: sobre un total de 194.751 cargos que existen en la Provincia, el 53,18% (lo que representa un total de 103.562) corresponde a docentes provisionales, mientras que el 17,10% son suplentes (33.302). En ese contexto, solo el 29,72%(57.887) de los cargos son ejercidos por titulares. 

Como su nombre lo indica, los provisionales son educadores que han sido nombrados en forma provisoria en reemplazo de un titular. Los suplentes, por su parte, reemplazan tanto a titulares como a provisionales. Cuando un titular ha sido promovido jerárquicamente, para ocupar el lugar vacante, se nombran suplentes. En este caso, hay un total de 26.738 docentes que se encuentran en esta situación. En tanto, hay 6.594 educadores que están realizando suplencias en distintas dependencias educativas en reemplazo de colegas que, en su gran mayoría, se tomaron licencia por razones de salud o graves problemas familiares, entre otros motivos.

Una prestataria, en la mira

A esta problemática se le suma el accionar de la polémica compañía Dienst Consulting, una empresa con origen en Bahía Blanca que tiene a su cargo el contralor de las licencias de docentes y del personal auxiliar en 109 municipios de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos La Plata. En las 26 comunas bonaerenses restantes, ese servicio es brindado por los propios municipios. 

Tal como lo vienen denunciando el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), desde el mismo momento en que esta compañía fue contratada de forma directa (sin licitación) por el Estado provincial en el último trimestre del año 2009, durante la gestión de Mario Oporto como director de Escuelas, se habría puesto de manifiesto que el accionar de Dienst sería ilegal. 

Ocurre que el Estado estaría delegando facultades que corresponden a la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia, convirtiendo en un negocio millonario una función de extrema sensibilidad, como es el control de las licencias médicas y psiquiátricas del personal docente y auxiliar. A ello se le suma que en Dienst Consulting solo se desempeñan médicos generalistas, en muchos casos recién recibidos, que no tendrían los conocimientos adecuados para evaluar adecuadamente distintas patologías que sufren los docentes.

El Soeme llevó sus reclamos ante la Justicia, planteando las distintas irregularidades del convenio en cuestión. Y también realizó una presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular, Guido Lorenzino, hizo posteriormente una serie de pedidos de informes a la Dirección de Escuelas. En la respuesta, a la que tuvo acceso este diario, desde la cartera educativa que conduce Alejandro Finocchiaro reconocieron la continuidad del vínculo contractual con Dienst Consulting, el cual “cumplido el año de vigencia, se dispuso propender a la prórroga de dicha contratación”. Es decir, el convenio se encuentra vencido y, en lugar de convocar a una licitación o, en su defecto, cumplir con la normativa vigente que establece que el contralor de las licencias debe ser realizado por el propio Estado, se decidió extenderle el negocio a Dienst Consulting que recauda, anualmente, la friolera suma de 150 millones de pesos. 

Como si todo esto fuera poco, el macrismo le habilitó nuevas unidades de negocios -cajas millonarias- en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y en la Agencia Nacional de Materiales Controlados. 

Todo esto se dio en el marco de la ofensiva que emprendió el propio Gobierno nacional para desplazar al camarista Eduardo Feiler que, según quedó acreditado en el Consejo de la Magistratura, mantendría una vinculación estrecha con Dienst, firma que le habría financiado su participación en competiciones automovilísticas. Lo que para algunos es una contradicción, para otros es una cabal muestra de que, en realidad, los negocios unen a muchos que dicen estar enfrentados políticamente.

Ante la respuesta de las autoridades educativas, el ombudsman bonaerense emitió nuevos pedidos de informes. En este caso, dirigidos a la propia prestataria, a fin de que rinda cuenta de su accionar y exponga las correspondientes estadísticas. Cabe recordar que Lorenzino afirmó días atrás, en un informe emitido por Especiales Hoy, que el accionar de Dienst Consulting es de una “ilegalidad manifiesta”.

Imputan a la titular del ex-Renar por negocios con Dienst Consulting

Natalia Gambaro y la empresa privada están siendo investigadas por los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadio, por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. Irregularidades, al por mayor.

El pasado 31 de marzo, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que conduce Natalia Gambaro, firmó la Resolución 0015/17. Mediante esta, la licitación del servicio encargado de otorgar las acreditaciones de condición psicofísica a los solicitantes de credenciales para la portación legítima de armas de fuego fue ganada por la empresa Dienst Consulting SA. Ahora, este contrato tiene a maltraer a ambas partes en la Justicia.

El permiso oficial debe realizarse una vez cada cinco años. Esto, sumado al hecho de que hay alrededor de 800.000 portadores legales de armas y que cada examen psicofísico sale $4.500, cuando anteriormente se hacía por $600, genera que la firma privada se alce con un negocio de 360 millones de pesos.

Este contrato fue inmediatamente refutado en ámbitos judiciales. Así, a través de la causa 5065/2017, el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa llevan adelante una investigación en la que Gambaro y Dienst Consulting se encuentran imputados por los delitos de violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

Hasta el momento se han solicitado cinco medidas de prueba hacia la Anmac y la compañía. En el expediente se señala una supuesta “connivencia entre la doctora Natalia Gambaro y la firma Dienst Consulting para que esa empresa haya ganado la licitación dispuesta por el organismo público el pasado 31 de marzo”.

Falta de lógica

Una de las primeras medidas de prueba que pidió la fiscal Ochoa ni bien se hizo cargo de la investigación, que ahora se encuentra bajo secreto de sumario, fue librar un giro a la Inspección General de Justicia (IGJ) para averiguar quiénes son los dueños de la empresa que lleva adelante los exámenes psicofísicos, ya que los mismos no figuraban en las fuentes judiciales.

En diálogo con este medio, Adrián Bastianes, abogado denunciante en la causa, indicó que “a la empresa Dienst Consulting la están utilizando para absolutamente todos los exámenes psicofísicos en muchos organismos públicos, y lo efectuado por la Anmac es totalmente ilógico por la forma y las condiciones en que se hizo la licitación”.

Para el letrado, “este es un negocio millonario que le deja a la empresa más de 360 millones de pesos en solo cinco años, con una inversión prácticamente nula. El planteo realizado por Gambaro para esta licitación es que los médicos en general pueden ser sobornados por quienes poseen un arma para pasar el examen, algo que nos parece totalmente ridículo”.

“Se están vulnerando derechos constitucionales básicos con esta resolución. No es posible que un ciudadano esté limitado a obtener su condición de legítimo usuario por el hecho de poseer dinero o no, más allá de que además se discrimina al ciudadano y al médico embolsando a todos como si fueran corruptos”, resaltó Bastianes.

Contrario a la ley

Paralelamente al caso radicado en el juzgado de Ramos, Gambaro y la empresa se encuentran siendo investigados por los delitos de “asociación ilícita y peculado” por el juez federal Claudio Bonadio. En esta causa, en la que interviene el fiscal Jorge Di Lello, se investiga una presunta “connivencia entre Natalia Gambaro, su segundo Juan Andrés Firpo y la empresa Dienst Consulting para generar un negocio rentable para todas las partes”.

La denuncia, que cayó por sorteo en el juzgado de Bonadio a comienzos del mes pasado, indica que las autoridades de la Anmac y los directivos de la firma privada habrían actuado de manera bastante informal debido a la supuesta ilegalidad de sus actividades”, lo que cabría totalmente en la posible comisión de asociación ilícita.

Un historial cargado de denuncias

Las causas judiciales que llevan adelante los jueces federales Sebastián Ramos y Claudio Bonadio contra la titular de la Anmac, Natalia Gambaro, y la empresa Dienst Consulting no son las únicas que los apuntan, sino que hay un largo tendal de denuncias que se vienen indagando en el ámbito judicial.

La titular del ex-Renar está siendo investigada por el juez federal Daniel Rafecas en la causa 5947/2017 por irregularidades en el organismo público. Se busca averiguar, por ejemplo, si las armas usadas en hechos delictivos que debe destruir la Anmac vuelven al circuito ilegal en forma espuria, mientras que se destruyen solo las armas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad.

Gambaro también se encuentra imputada por el juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa por haberle brindado una supuesta protección al empresario Alfredo Coto, por el arsenal que fue encontrado en el depósito de un supermercado en el barrio de Caballito. A ello se le agrega que fue denunciada por haber dado a conocer públicamente datos sobre las armas que posee el corredor de autos Alejandro Radetic, luego de que fuera detenido corriendo una picada en la avenida 9 de Julio.

Por su parte, Dienst Consulting fue inculpada por la AFIP por haber utilizado facturas truchas en sus negocios, a la vez que aparece en los registros de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires) a raíz de la falta de presentación de declaraciones Juradas. 

Además, está siendo seguida de cerca por la Justicia a raíz de un convenio suscripto en noviembre 2016 entre la compañía y el gobierno porteño, que le deja a Dienst Consulting $35,6 millones para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y elaboración de informes socioambientales de la Policía Metropolitana”.