Doce directores del Mercado de Valores del Litoral, entre ellos su presidente y ex ministro de Economía, José María Candioti y el actual secretario de la Producción de la Municipalidad de Santa Fe, Pablo Tabares, sumaron otro revés judicial en el intento por desvincularse de la causa Bolsafe. El juez federal Francisco Miño rechazó un "incidente de falta de acción" que plantearon los denunciados y los volvió a dejar en la mira del fiscal que investiga la megaestafa, Walter Rodríguez. Según una de las querellas, la decisión del juez "significa que serán imputados y por lo tanto deberán prestar declaración indagatoria" Candioti, Pablo y José Tabares, Marcelo Fink, José Luis Renzulli, Luis Angel Puig, Alfredo Calabrese, Alfio Martín Re, Jorge Ghiano, Juan Luis Catuogno, María Soledad Platino y Alex Castelví.

El fiscal Rodríguez ya había pedido las indagatorias de los doce directivos del Mercado de Valores en mayo, pero el juez Miño las desestimó un mes y medio después por falta de pruebas. "No existen suficientes elementos de convicción para arribar a la sospecha necesaria que propicie el llamado a indagatoria", dijo en su resolución, el 29 de julio de 2014.

Candioti y sus colegas pidieron entonces una "excepción de falta de acción por atipicidad" al considerar que el requerimiento del fiscal de convocarlos a declarar como imputados se fundaba en un "reproche penal inexistente".

El 4 de agosto, el juez Miño rechazó el planteo por "abstracto" a partir de que el 29 de julio ya había desestimado las indagatorias porque a su juicio "no se reunían los recaudos necesarios" para indagar a los doce directores del Mercado de Valores.

El fiscal Rodríguez y los abogados de las dos querellas, Leandro Corti y Enrique Muller, apelaron ante la Cámara Federal de Rosario, que el 30 de diciembre revocó el decreto del 4 de agosto del juez Miño y le ordenó que diera "una respuesta jurídica" al incidente.

Ahora, Miño opinó que el pedido de los directores del Mercado de Valores para que no se los llame a indagatoria por supuesta "inexistencia de delito" "no puede prosperar". "Ese criterio solo es aceptado por la doctrina y la jurisprudencia cuando median circunstancias inequívocas y ostensibles de la ausencia de tipicidad penal, extremo que no se evidencia en la causa", dijo. Y señaló que "la vía intentada" para evitar la indagatoria "es un remedio procesal de carácter excepcional, que no resulta adecuado para cuestionar el encuadre jurídico dado al caso o a los hechos investigados". Por lo tanto, rechazó el planteo de la defensa.

Los fiscales Rodríguez y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), consideran que el Mercado de Valores del Litoral debió supervisar que Bolsafe y BV Emprendimientos no realizaran la actividad de intermediación financiera para la que no estaban autorizadas. Mientras que el Banco de Galicia debió reportar ante la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como lo estipula la ley antilavado, que las empresas de Mario Rossini realizaban operaciones sospechosas de blanqueo de activos obtenidos en este caso mediante una "defraudación".