Sergio Massa, navegando un mar de dificultades, siempre encuentra una razón para ilusionarse con su cruzada presidencial. Le resulta más sencillo, para lograrlo, atender la disputa interna en Juntos por el Cambio que rescatar bondades del Gobierno que sostiene. O solidaridades invencibles en la coalición oficial de la cual depende para cumplir su sueño.

“Ellos siempre nos dan una vida más”, acostumbra a ironizar el ministro-candidato. Se frotó las manos cuando escuchó que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se trenzaron en una discusión por la gran crisis del 2001. Ambos, con distintas responsabilidades, formaron parte de la administración de Fernando de la Rúa. Trajeron a la escena pública, en medio de la campaña, uno de los recuerdos colectivos aciagos en democracia que derivó en la renuncia anticipada del ex presidente, saqueos, violencia y muerte.

Bullrich anunció en la Sociedad Rural que, de llegar al Gobierno, podría eliminar con rapidez el cepo porque contaría con un respaldo en dólares que no supo precisar de dónde provendría. No sería, con certeza, el Fondo Monetario Internacional (FMI), escaldado con la Argentina. Habló fatalmente de un presunto blindaje. La mujer suele resbalar cuando incursiona en la economía. Rodríguez Larreta le recordó que ese mecanismo había fracasado en tiempos de De la Rúa.

El diputado Fernando Iglesias replicó que un fracaso mucho mayor –una tragedia- había sido el suicidio de René Favaloro, ocurrido en julio del 2000. Cargó insólitamente esa responsabilidad en el jefe de la Ciudad, por aquellos tiempos a cargo de la conducción del PAMI. Espectáculo impagable para el alicaído oficialismo.

Massa prefirió en esta ocasión tener prudencia. Pudo haber echado combustible al fuego. Sabe que es el ministro-candidato de un gobierno con récord de inflación, de pobreza, de bajos niveles salariales ante una sociedad que, en lugar de rebelarse, como sucedió en aquel pasado, parece haber ingresado en un ciclo de hastío, indiferencia y resignación. Su límite fue repetir algo que ya dijo: “Si ahora se pelean así, ¿cómo van a hacer para gobernar?”, interpeló.

La mesura de Massa no se explicaría únicamente en la sensibilidad del tema colocado en discusión por Juntos por el Cambio. Está obligado a atender, en el último tramo de la campaña hacia las PASO, sus propias dificultades. No debe soportar en Unión por la Patria ningún debate público incómodo. El silencio y cierta indiferencia tampoco lo tranquilizan. Aunque resulte paradójico, la única satisfacción fue la venia del FMI para un acuerdo con desembolsos que recién se aprobará después de las PASO.

Aquel silencio y aquella indiferencia tendría una traducción en números que comienzan a preocupar. El último trabajo que circula en el Instituto Patria exhibe al ministro-candidato en 26/27 puntos nacionales. A su retador, Juan Grabois, en 5/6 puntos. Es decir, estaría requiriendo de la ayuda del dirigente social para alcanzar el tercio duro que siempre se adjudicó a los seguidores de Cristina Fernández.

No parece claro tampoco si aquel volumen de Grabois pertenecería al kirchnerismo indeclinable o a votantes que en la elección de octubre podrían migrar hacia opciones de la izquierda. El amigo del papa Francisco revela otra particularidad: tiene mucha dificultad (se visualiza en el Conurbano) para penetrar en los sectores desposeídos. Cosecha en sectores medios y medios bajos bastante ideologizados. Por primera vez desde que arrancó la campaña decidió embestir contra Massa. Le reprochó “banquetear con la oligarquía” a raíz de la visita a la Sociedad Rural y el almuerzo que mantuvo con sus autoridades. Sintonía con su clientela.

Esa realidad, por ahora circunstancial, le plantea varios interrogantes al ministro-candidato. El primero es la necesidad de multiplicar esfuerzos para convertirse en las PASO en el candidato individualmente más votado. Competitivo. Una forma de mantener amalgamada a una coalición prendida con hilvanes. Y transitar hacia la hazaña soñada en octubre.

Tampoco sería lo único, ni lo más trascendente. Un flojo comportamiento en las PASO nublaría el horizonte de gobernabilidad hasta el recambio presidencial. Se trata de un recorrido de cuatro meses. Este constituye el problema nodal de su condición de ministro de Economía y candidato. Algo más que eso: desde la declinación definitiva de Alberto Fernández como presidente en ejercicio y el corrimiento de la vicepresidenta, Massa se ha convertido en el centro de gravedad del Gobierno. Su traspié podría ser también el de la administración.

En el recorrido hasta octubre, si no sale fortalecido de las PASO, deberá lidiar con bajas expectativas internas y externas en medio de una gran crisis económica. No tendría ningún atajo disponible. ¿Renunciar como ministro y dedicarse de lleno a la campaña? Muy improbable por la realidad objetiva existente, su condición de eje del poder y la orfandad política que expone el kirchnerismo.

Tampoco podría soslayar, en ese contexto, algunas decisiones que resultarán antipáticas. Aumentos de tarifas, reducción del gasto y ajuste fiscal contemplados en el acuerdo con el FMI. Amén de otras similares a las que acaba de tomar que pueden impactar negativamente sobre la actividad productiva y la inflación. Como sostiene un peronista que participa en la campaña: “El ministro puede estar matando al candidato”.

Sucede, por ejemplo, que el pequeño salvavidas del acuerdo con el FMI no resulta funcional a la campaña que pretendería el kirchnerismo. Massa arriesgó que “otorga tranquilidad hasta fin de año”. Máximo Kirchner, al lado de Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, consideró que el acuerdo “es inflacionario”. Poca colaboración con el ministro-candidato.

Máximo Kirchner, esta semana en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza. Calificó el acuerdo con el FMI como "inflacionario".

Otro detalle. El organismo financiero dejó pasar una semana entre su primer comunicado y el segundo –de respaldo a las medidas de Massa- antes de confirmar el acuerdo. Las discrepancias internas respecto de qué hacer con la Argentina provocaron el paréntesis. La intervención de Washington, otra vez, terminó por definir la postura.

La complejidad del panorama fue lo que indujo al ministro-candidato a ajustar su programa de campaña. Mientras la sombra del FMI siga acompañando sus movimientos no podrá esperar ninguna participación activa del kirchnerismo. De allí la decisión de volcarse hacia los gobernadores peronistas. Rascar la olla de votos, en especial, en el NOA y NEA para no llevarse sorpresas en las PASO.

Massa supone que, en ese sentido, la forzada reconciliación con Daniel Scioli, el embajador en Brasil, podría servirle. Vacila, en cambio, sobre la reivindicación de Eduardo De Pedro luego de su precandidatura presidencial que se esfumó en 24 horas. El ministro del Interior es el jefe de campaña. Pero estaría aún ajeno, como le sucede a La Cámpora.

También resulta una incógnita el nivel de participación que tendrá Cristina en las dos semanas finales de la campaña para las PASO. Le dio envión al ministro-candidato apenas alumbró su candidatura. Tiene en agenda en el corto plazo asuntos relacionados con su situación personal. Intentará esta semana una sesión en el Senado para la aprobación de pliegos de 75 jueces.

El Congreso sólo se mueve por esos intereses. El argumento, en realidad, apunta a que el 9 de agosto debiera jubilarse la jueza Ana María Figueroa. La Cámara alta busca convalidar una excepción. Se trata de la mujer que entiende, entre otras, en la causa Los Sauces-Hotesur. Sospecha de lavado de dinero en la cual la vicepresidenta fue sobreseída en vísperas de la iniciación de su enjuiciamiento.

Serviría, tal vez, como una cortina de humo. La magistrada ya emitió su voto en contra de la apertura de aquella causa. Antes lo habían hecho, al parecer en sentido opuesto, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. El fallo se conocerá el mes que se inicia. Detrás del caso Figueroa figura otra pila de nombramientos. Casi la mitad de los cuales son afines al kirchnerismo.

Con seguridad, Cristina reaparecerá en Buenos Aires. Le importa la reelección de Axel Kicillof contra la cual parece conspirar la falta de repunte de Massa en el principal distrito electoral. Por esa razón considera indispensable mantener despierta a la militancia. El desafío se produce en un momento donde afloran recuerdos oscuros de gestión del actual gobernador. En su papel de ex ministro de Economía. Difícil calibrar si algo incidirá en el ánimo de un electorado angustiado por necesidades elementales.

La Argentina tendrá que abonar un mínimo de US$ 4.900 millones y un máximo de US$ 16 mil millones por un juicio que lleva adelante en Nueva York la jueza Loretta Preska. Mala praxis en la estatización de YPF en 2012 que habilitó a litigar al fondo de inversión Burford. En esa escena tallaron otros personajes prominentes: la propia Cristina y el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini. Ahora procurador del Tesoro.

Kicillof dijo en su momento que Repsol debía indemnizar al Estado nacional por daños ambientales. Terminó pagando US$ 5 mil millones por el 51%. El menor castigo en la instancia judicial llevaría a completar un monto que está bien por encima del valor absoluto que cotiza hoy la empresa petrolera. Se estima en US$ 5.700 millones. Opacidades de la soberanía y del relato con el cual el kirchnerismo envolvió en julio la inauguración del nuevo gasoducto.

La foja de Kicillof, en ese aspecto, resulta frondosa. También en 2014 cerró un oneroso acuerdo con el Club de París. El mismo año hizo un pago sin quita a una demanda de fondos buitre. Hace poco se ordenó pagar a la Argentina en otro juicio cerca de US$ 1.400 millones por la adulteración de las estadísticas del INDEC.

Nadie imagina que semejante negligencia pueda manchar su campaña. Buenos Aires es otra cosa.