Se cierra un doble frente judicial para Montenegro

Tras sufrir un inicial traspié en Primera Instancia y luego revertirlo en Cámara, el gobierno de Guillermo Montenegro podrá continuar con tranquilidad el proceso de la licitación de la concesión para la operatoria del predio de disposición final de residuos.

En los últimos días, la firma que había judicializado la licitación, Estrans, finalmente desistió de una segunda acción que inició en febrero de este año para lograr la anulación del decreto que había convocado a la compulsa, en momentos donde aún estaba vigente una medida cautelar por otra causa vinculada e iniciada en diciembre.

Luego que el gobierno logrará llevar adelante la apertura de sobres el pasado 5 de julio, a través de sus abogados, la firma presentó un escrito ante el juez Marcelo Fernández, donde se limitaron a informar que “venimos a desistir de la acción ejercida en este proceso contra el Emsur y la Municipalidad”.

Tras ello, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°2 declaró extinguido el proceso y ordenó el archivo de las actuaciones, imponiendo las costas a la empresa. Asimismo, hizo extensiva la resolución a la primera de las causas, la de la medida cautelar, por estar directamente vinculada.

A comienzos de mes, el Emsur finalmente realizó la apertura de sobres de la Licitación, donde se constataron cuatro ofertas que pertenecen a las firmas Mar del Plata Transervice, Pasalto Materiales y Transporte 9 de Julio, mientras que también lo hizo una unión transitoria de empresas, Polo Ambiental.

Las ofertas abiertas corresponden al sobre 1 que contiene la propuesta técnica para afrontar las inversiones requeridas y la ejecución del servicio en cuestión, como así también la “capacidad jurídica, económica- financiera”, las que por estos días son evaluadas por el Emsur, que tiene a su cargo el proceso licitatorio. En una segunda instancia con fecha a definir, se procederá a la apertura del segundo sobre, que contiene la propuesta económica, en un marco donde el ente fijó un canon inicial de $63 millones de pesos mensuales, si bien el número corresponde al Pliego diseñado a mediados de 2022.

“Cerrado por campaña”

Comentarios varios generó en los pasillos del Palacio Municipal la escasa –prácticamente nula- actividad que el Concejo Deliberante tuvo en las dos últimas semanas, situación que se profundizó en los recientes días. A la suspensión de la sesión ordinaria del pasado jueves, se le sumó la no realización de las ocho reuniones de comisiones internas que deberían celebrarse esta semana.

La explicación, admiten desde todos los espacios, es la priorización de la campaña electoral, pese a que diversos protagonistas reconocen que, conscientemente, no tiene la intensidad de otros años. A una PASO donde no se dirimen candidatos, se le suma un contexto de apatía ciudadana, donde los oficialismos transitan sus actividades proselitistas sin levantan muchas olas.

Casi la totalidad de los 24 ediles y 188 asesores cumplen tareas de diversos grados en las campañas de los cuatro frentes que se presentan a elecciones con representación en el Concejo Deliberante: Juntos por el Cambio, Unión por la Patria/Encuentro Marplatense, La Libertad Avanza y Creciendo Juntos. Por caso, una amplia nómina de ellos son candidatos, como los actuales concejales que buscan renovar, tales como Agustín Neme, Marianela Romero y Horacio Taccone; u otros que se postulan para otros cargos como Fernando Muro y Alejandro Carrancio, a diputados provinciales y Nicolás Lauría, como intendente.

En las listas también aparecen más referentes, aunque en cargos no expectantes: Marina Santoro (diputada nacional), Roberto “Tata” Gandolfi (diputado provincial), Paula Mantero (concejal) y Florencia Ranellucci (diputada provincial). A la nómina incluso se suman asesores con fuertes chances de obtener una banca en el Concejo, como Eva Ayala (Encuentro Marplatense) y Emiliano Recalt y Cecilia Martínez (La Libertad Avanza), o, más relegado, el primer candidato de Creciendo Juntos, Franco Luna.

La poca actividad legislativa ameritó comentarios internos, de donde se impulsó que la semana que inicia se den señales que, más allá de la campaña, los concejales-candidatos siguen atentos a las funciones que le encomendó la ciudadanía a través de las urnas. Por ejemplo, entre el lunes y martes volverán a sesionar cuatro de las comisiones, con algunos temas de interés social. 

¿Una voz en Banca 25?

El proyecto para la concesión del reacondicionamiento, mantenimiento, provisión, reposición y explotación publicitaria en forma exclusiva del mobiliario urbano se proyecta como uno de los grandes debates legislativos que se viene. Fue presentado por el gobierno en junio, pero aún no registró avances en su tratamiento, donde le espera un largo paso por seis comisiones internas del Concejo Deliberante.

Y mientras especialistas de los bloques opositores ahondan en su estudio, lo mismo hacen actores locales del negocio de la publicidad. Según trascendió, firmas marplatenses ven dificultades para participar del proceso por los requisitos de capacidad económica y financiamiento que se exigen, a los cuales se les dificulta adaptarse. Por este motivo, analizan la posibilidad de pedir exponer en Banca 25 para plantear sus dudas, para así instalar una voz en la previa del inicio del debate.

Se suma una nueva candidata a intendenta

Tras la oficialización de listas, en las últimas horas se conoció un cambio en una de las 23 listas que presentaron candidato a intendente en General Puerredon. Osvaldo Alonso finalmente no será la propuesta local del Movimiento de Integración Federal ya que renunció por motivos personales, por lo que su lugar será ocupado por quien fue originalmente postulada como primera concejal.

Se trata de Virginia “la Rusita”, una exsargento de la Bonaerense exonerada en 2012 y vocera de los reclamos policiales que se registraron en la ciudad en los últimos años. Si bien aún resta la oficialización de parte de la Junta Electoral, la modificación fue confirmada por el candidato a gobernador del espacio, Guillermo Baqué, abogado que se destaca por llevar las defensas de policías acusados de gatillo fácil, como algunos de los involucrados en el caso de la Masacre de San Miguel del Monte.