Pedro Lacour

Hay escenas que parecen calcadas de otras épocas. Pero, como suele ocurrir con la Corte Suprema, nunca son exactamente iguales. Este jueves, cuatro jueces se sentarán a la mesa y, entre expedientes que solo importan a sus involucrados, intentarán desatar uno de esos nudos que huelen más a política que a derecho: la licencia de Ariel Lijo, el juez federal que Javier Milei busca mudar al piso más alto del Palacio de Justicia, aunque la intención del magistrado es no soltar la cuerda que lo ata al juzgado que maneja desde hace casi dos décadas.

Su Alteza Milei nombra jueces de la Corte sin molestas votaciones en el Congreso

La Cámara Federal, por si faltaban actores en esta obra, ya le dio el visto bueno para ausentarse sin perder el cargo. Pero la Corte no es la Cámara, y acá el asunto no es sólo burocrático. Lijo quiere entrar, pero el portero duda. O, mejor dicho, los porteros: Carlos Rosenkrantz piensa que no hay licencia posible para lo que pretende el polémico juez y que, si de verdad quiere vestir la toga suprema, debe renunciar primero al despacho de Comodoro Py. Ricardo Lorenzetti, siempre atento a los gestos, cree lo contrario. Para él, el aval de la Cámara basta. Horacio Rosatti y Manuel García-Mansilla, el debutante que juró la semana pasada, siguen mascullando dudas.

Mansilla, Lorenzetti, Rosenkratz y Rosatti, la Corte en el discurso de Milei. Faltó Lijo. NA

En la trastienda del Palacio, la discusión jurídica es apenas la partitura sobre la que cada uno improvisa su solo. Según pudo saber elDiarioAR, el reglamento de la Corte establece que los temas administrativos se definen por mayoría simple, y que si hay empate —una posibilidad muy real con solo cuatro jueces en funciones— hay que recurrir a conjueces. La idea no seduce a nadie: más demoras, más ruido, más leña para una fogata que ya arde sola. La acordada 12/24, dictada en abril del año pasado pasado, previó escenarios así, pero sin ofrecer soluciones mágicas. Apenas un recordatorio: si faltan manos para votar, hay que buscar refuerzos.

El propio Lijo juega su ajedrez. No quiere renunciar a su juzgado porque sabe que si jura ahora, su cargo sería temporal, hasta fin de año. Prefiere esperar la bendición del Senado, que lo blindaría de por vida. “Lo ideal sería ese aval porque es lo institucional”, señalaron cerca del juez a elDiarioAR. En paralelo, García-Mansilla sigue en su propio limbo. Juró, sí. Pero lo hizo sin el respaldo definitivo del Senado, y su mandato también tiene fecha de vencimiento. Si no aparece el consenso necesario, su lugar se disolverá como tantos otros intentos fallidos de completar el quinteto supremo.

En la Cámara alta afinan su propia partitura. Se especula con una sesión especial para la semana próxima que, si prospera, podría terminar de ungir (¿o rechazar?) a Lijo en tanto quinto miembro del tribunal. Aunque nada es tan simple: su pliego estaba listo para ser aprobado el año pasado, hasta que una tormenta inesperada —el escándalo por la criptomoneda $LIBRA— obligó a recalcular apoyos. Desde entonces, las voluntades se cuentan de nuevo cada semana, y las certezas duran lo que tarda en caer la siguiente llamada telefónica.

José Mayans, jefe del bloque peronista, y Ariel Lijo, en el Senado. El kirchnerismo tiene la llave para aprobarle el pliego al juez como miembro de la Corte Suprema. NA

El kirchnerismo, por su parte, no solo observa: actúa. En noviembre pasado, el senador José Mayans advirtió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si Milei avanzaba con nombramientos por decreto abriría un conflicto de grandes proporciones. Amenazó con pedir la destitución del Presidente y judicializar el proceso. Pero el Gobierno ignoró la advertencia y siguió adelante, confiado en su interpretación jurídica, elaborada bajo la discreta pero decisiva supervisión de María Ibarzábal Murphy, la funcionaria encargada de darle sustento legal a cada paso arriesgado del Presidente.

Entre los jóvenes abogados que trabajan bajo su ala, destaca Ignacio Arizu, autor de un extenso texto publicado en un blog especializado en derecho donde defiende la validez de los nombramientos por decreto durante el receso parlamentario, amparado en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución. Arizu, excolaborador académico de García-Mansilla, fundamenta su posición con una lectura textualista y remite a los orígenes históricos del sistema, desde 1853 hasta hoy. Según él, la medida no solo es válida, sino necesaria para evitar bloqueos políticos que paralicen la Corte.

El abogado Ignacio Arizu junto a Manuel García-Mansilla. Ambos compartieron cátedra en la Universidad de San Andrés. LinkedIN

Este miércoles, desde la Casa Rosada insistieron con el relato que presenta a Javier Milei como un presidente que agotó todas las instancias parlamentarias antes de acudir al decreto. “El Poder Legislativo tuvo su tiempo para la evaluación de los pliegos”, insistió el vocero Manuel Adorni, recordando que el Presidente podría haber firmado la designación mucho antes y no lo hizo. La estrategia discursiva busca blindar una decisión polémica bajo la apariencia de moderación, aunque en los hechos haya desembocado en un atajo institucional que pocos se animan a defender en voz alta.

“Como lo habíamos anticipado, el Presidente iba a nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto lo considere necesario”, señaló Adorni durante su confedencia de prensa, y agregó que “la Corte no podía seguir funcionando con tres miembros”. Con ese argumento, sostuvo que, luego de la jura de García-Mansilla, el proceso debería repetirse sin sobresaltos con Ariel Lijo: “Entendemos que todo va a seguir el mismo camino de normalidad que siguió el caso de Mansilla”.

El portavoz Manuel Adorni sostuvo que, luego de la jura de García-Mansilla, el proceso debería repetirse sin sobresaltos con Ariel Lijo.

A diferencia de 2015, cuando Mauricio Macri intentó designar por decreto a Rosatti y Rosenkrantz, pero debió dar marcha atrás y obtener el aval del Senado, ahora Milei no retrocede. Y aunque el Gobierno repite que el decreto responde a la demora del Senado, lo cierto es que esa falta de acuerdo no es casual ni irrelevante: refleja que los candidatos propuestos no lograron reunir el respaldo necesario para llegar a la Corte por la vía constitucional. Y ahí está el punto más delicado del asunto. Si un presidente puede sortear la falta de consenso con la firma de un decreto, ¿para qué existe la exigencia de los dos tercios? ¿Qué sentido tiene el filtro institucional si basta con esperar que el Congreso no actúe para imponer la voluntad del Ejecutivo?

El riesgo va más allá del presente. Si se acepta como normal que un mandatario nombre jueces supremos sin pasar por el Congreso, ¿qué límite queda para evitar que esa lógica se extienda a otros órganos del Estado? ¿Qué seguridad institucional le queda al país si la llave de la Corte queda al alcance de un solo hombre?

Así, entre jueces que no quieren soltar sus viejos cargos, colegas que desconfían entre sí, presidentes que avanzan sin freno y senadores que hacen cuentas con la calculadora en la mano, la Corte flota en su propia paradoja: árbitro de los grandes conflictos institucionales, pero incapaz de ordenar su propio tablero. Y este jueves, como tantas veces, la noticia no será lo que decidan, sino lo que todavía quizás no puedan decidir.