Los inicios de las gestiones de Todos, a nivel presidencial con la conducción de Alberto Fernández y bonaerense bajo el mando de Axel Kicillof, quedaron fuertementes marcadas por dos leyes similares. Es que, mientras la Nación impulsaba fuertemente la denominada Ley de Solidaridad que generó, casi por igual, adeptos y críticos en el mundillo político, también marcó presencia el paquete de emergencias.

Entre ellas, la que más miradas concentró fue la “emergencia económica”. La medida del Congreso tuvo su replica en la Legislatura bonaerense y, con dicho antecedente, desde los distritos de la provincia de Buenos Aires se hicieron eco del camino tomado por los estamentos superiores.

Incluso, algunas comunas, como Chacabuco, conducida por el radical Víctor Aiola, se anticipó a la medida tomada por Alberto y Axel. Es que, el hombre que derrotó por tercera vez consecutiva a Julián Domínguez en octubre último, tomó como una de sus primeras medidas de diciembre decretar la emergencia económica en el distrito."Que el trabajador nunca sea una variable de ajuste", sentenció Aiola al anunciar la medida que sumó reproches del peronismo que luego fueron silenciados por la decisión nacional y bonaerense.

En tanto, en la Tercera Sección electoral, el alcalde de Berisso, Fabián Cagliardi, tomó el mismo camino. “La emergencia económica involucra a los compromisos que debe afrontar la municipalidad no solo en cuestiones particulares entre determinados sujetos y el municipio, sino que el déficit generado trae consecuencias para toda la ciudadanía”, manifestó el hombre que responde al jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, y que heredó una dura deuda del radical Jorge Nedela.

A su vez, en Mar Chiquita, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la sanción de la emergencia. La deuda heredada por la actual gestión de Jorge Paredi de manos del radical Carlos Ronda se aproxima a los 100 millones de pesos, conforme denunció el dirigente peronista local Alejandro Cueto: “La deuda que dejo la gestión de Carlos Ronda al día de la fecha de $93.343.421,90”.

En la misma línea, Puán se sumó a la lista de distritos con complicaciones. Claro está, Puán arrastra la gestión de Facundo Castelli al frente y ya se acercó a la Provincia para pedir un salvataje económico. Conforme lo expresado por el alcalde, se realizó un fuerte ajuste en la planta política con el objetivo de ahorrar unos $5 millones de pesos mensuales, al tiempo que admitió que no renovará contratos de municipales y reducirá horas extras. "La idea es extender la emergencia por seis meses, aunque no descartamos que debamos hacerlo hasta fin de año, hasta estabilizar las cuentas del municipio", advirtió Castelli.

También en la Quinta Sección, Necochea, tuvo su sanción de la emergencia pero no la pedida por el intendente Arturo Rojas, que reemplazó al massista Facundo López. Es que, la oposición en el Concejo Deliberante rechazó el proyecto y elaboró uno propio que fue sancionado sin problemas. Los ediles reprocharon que el proyecto del alcalde ponía en riesgo el convenio colectivo de trabajo de los empleados municipales.

“Los ciudadanos y ciudadanas, no deben ser rehenes de la ineficacia política e institucional ante el desconocimiento del manejo de la cosa pública”, lanzó el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza al anunciar la sanción de la emergencia económica. El peronista reemplazó al radical Mauricio Gómez en uno de los distritos con mayores complicaciones financieras.

En la Sexta Sección, Ricardo Moccero, alcalde de Coronel Suárez que reemplazó al radical Roberto Palacios, sancionó la emergencia al poco tiempo de asumir. En el distrito se dispuso la venta de bienes, librar juicios a deudores de todo tipo de Tasas y servicios, restringir gastos, reducir el alumbrado público, congelar los sueldos de sus funcionarios y las vacantes del personal, la eliminación de las horas extra y la reducción paulatina de las bonificaciones al personal.

Otros avances en línea de la emergencia

Sin seguir los pasos de la emergencia económica, varios intendentes tomaron medidas alineadas a reducir gastos al menos en los primeros meses de la gestión. Por caso, el único jefe comunal de Consenso Federal, Guillermo Britos alcalde Chivilcoy, fue el primero en anunciar el congelamiento salarial por seis meses. La medida abarcó a su salario y a toda la planta política. “La austeridad empieza de arriba hacia abajo. Esto es una obligación moral que tenemos todos los que ganamos más, en defensa de los empleados que menos ganan, y también de las cuentas municipales”, lanzó Britos.

La medida fue copiada en uno de los distritos vecinos en la Cuarta Sección. El concejal peronista de Bragado, Germán Marini propuso disminuir el salario de la planta política en el mismo orden que el incremento de tasas, es decir en un 39 por ciento. Según lo explicó el propio Marini, la ordenanza apuesta a acompañar "las medidas y acciones que desde el gobierno Nacional y Provincial que impulsan con el objetivo de reactivar la economía y acompañar a quienes más lo necesitan. Los ejemplos deben comenzar por quienes tenemos mayores responsabilidades".

En Mar del Plata, el intendente PRO, Guillermo Montenegro, oficializó una reducción salarial del 20 por ciento para su dieta y del 15 por ciento para los funcionarios. Asimismo, donará el dinero a las cuentas municipales. En Castelli, Francisco Echarren, anunció que donará el 30 por ciento de su salario a instituciones sociales del distrito. Además, congelará el salario de la planta política y pedirá el mismo ejemplo a los integrantes del Concejo Deliberante. Mientras que en Salto, Ricardo Alessandro informó que tanto él como los funcionarios comunales congelaron su salario "por tiempo indeterminado". Asimismo, detalló que conversará con los concejales de Todos y Juntos por el Cambio para que avancen en la misma sintonía.

En tanto, en el sudoeste de la provincia, en Coronel Pringles, el ex vecinalista devenido a integrante de Juntos por el Cambio, Lisandro Matzkin, congeló su salario, el de los funcionarios y concejales oficialistas por 180 días. A su vez, el peronista Alberto Gelené, quien volvió a conducir los hilos de Las Flores, solicitó al Tribunal de Cuentas de la Provincia que le permita no cobrar su salario debido a que “la situación es dramática”.

En Cañuelas, se dio similar situación y el legislativo local votó en unidad el freno a los aumentos salariales por el mismo lapso de tiempo. En Campana, el macrista Sebastian Abella esquivó el Concejo Deliberante y decretó el congelamiento de la planta política sin alcanzar a los ediles.

En tanto, en Luján, el peronista Leonardo Boto, tomó el mismo camino y decidió no incrementar los salarios políticos. En General Rodríguez, Mauro García, anunció que tanto él como sus funcionarios cumplirán sus cargos de manera ad honorem. “Está medida solidaria de la dirigencia política es en respuesta a la difícil situación económica que supera los 40 millones de déficit”, explicó el peronista.

Los concejales de Arrecifes votaron en unanimidad el proyecto para congelar los salarios propios, de funcionarios y del alcalde por 180 días; la misma situación se dio en San Pedro, conducido por el “momista” Cecilio Salazar. En General Pinto, el flamante alcalde Alfredo Zavatarelli, congeló por decreto todo tipo de sueldo político por 90 días.