En Casa Rosada las elecciones dividen opiniones, pero Marcos Peña da pelea con algunos ministros. El dilema judicial y las prioridades de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
La distinción entre “saber” y “creer” es tan vieja como la filosofía. Cuando se alude al “saber”, significa estar sobre lo cierto en base a evidencias. En cambio cuando se remite al “creer”, se esgrimen justificaciones y deducciones que pueden derivar en algo verdadero o falso. La política y el marketing político han manipulado –y lo siguen haciendo- esa distinción, para establecer la conducta del electorado que alimente las chances de un candidato.
Aún después del debate que dejó satisfecho al oficialismo, la Casa Rosada está dividida entre quienes dicen saber que la suerte de Mauricio Macri está echada y sólo queda pelear por una derrota digna que asegure el futuro de la oposición; y los que creen que se puede arañar una segunda vuelta.
Cristina Kirchner y Alberto Fernández.
En el margen, se inscribe un desafío que va más allá del nombre del próximo gobierno: las marchas que envalentonan a Macri y los actos que entusiasman a Alberto Fernández profundizan la grieta. Quien se detiene ante una u otra manifestación, podrá inferir que de un lado el reclamo es por Justicia y contra la corrupción que se le apunta a la década K, mientras que del otro lado el blanco es “la debacle económica”, provocada por el Gobierno en complicidad con los ricos.
Bajo ese paraguas conceptual, el jefe de Gabinete Marcos Peña diseña la estrategia, mas por supervivencia que por pericia. Para ello ha “invitado” a los ministros del gabinete nacional a salir a jugar fuerte contra todo los que sea del Frente de Todos o se le parezca.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que “la Corte es tan independiente que parece opositora”. Luego que el tribunal reflejara en sus fallos los nuevos tiempos políticos que soplan, al rechazar los planteos del Gobierno para revertir la decisión del tridente peronista -Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda- en contra de la devolución del IVA en los alimentos.
A la misma lógica podría responder la denuncia del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien dijo que Axel Kicillof busca crear “una categoría más que es la de narcotributista” por haber vinculado a los pobres con el narcomenudeo. O la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien afirmó que con Alberto Fernández “los narcos y chorros, de fiesta”, luego que el candidato criticara la seguridad.
Los efectos de la contraofensiva macrista -marchas, críticas directas y debate- sólo podrán ser mensurados el 27 de octubre por la noche. De todas maneras, el Gobierno sigue encargando encuestas, pese al fracaso que tuvieron en las PASO. Pero esos guarismos replicarían la misma diferencia en favor de Alberto F. de unos 20 puntos.
La preocupación del oficialismo no se limita a la performance electoral. El plano judicial, con el viraje que la justicia federal adoptó desde el 11 de agosto, es otro desafío en ciernes, si Cambiemos deja el poder. Creen que en las más de cien causas que hay contra Macri, los casos del Correo o Panamá Papers “no tienen ningún destino penal serio”. Sí podría darse -examinan- un largo proceso judicial por denuncias sobre los contratos de los parques eólicos o la prórroga de la licitación de Autopistas del Sol (Ausol).
Pero por las dudas, no se quedan sólo con esa percepción. Al menos tres voces aseguran a Clarín estar al tanto de una reunión entre dos viejos “amigos”. El peronista Juan Manuel Olmos y el macrista Daniel Angelici. ¿El motivo? Bosquejar una suerte de “acuerdo” judicial pos elecciones, involucrando a Macri y a Cristina. Ambos, reconocidos en sus facciones como “operadores”, fomentarían una suerte de “Pax Judicial” a partir del 11 de diciembre. Los detalles, desconocidos, pueden alimentar cualquier imaginación. Que algo así ocurra, también puede ser producto de la imaginación de alguien.
Cerca de la ex mandataria afirman que atesora tres prioridades si llega a la vicepresidencia, que coincidirían con el formato de una Cristina no distinta, sino con otros intereses, que no pasan por la rosca política. En primer lugar la salud de su hija Florencia. Después, su situación judicial, cuya resolución a su favor no es sencilla. En el ámbito jurídico observan que la mejor estrategia sería seguir los pasos de Carlos Menem, cuyas condenas nunca quedaron firmes. Y en tercer orden, el manejo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fuente de operaciones turbias en los distintos gobiernos.
Para Alberto Fernández, las prioridades también están ligadas a la Justicia. Quien tendría muchas chances de ser el próximo procurador general de la Nación es Rodolfo Urtubey, actual senador y miembro del Consejo de la Magistratura hasta 2018.
Un terreno menos belicoso pero clave es el energético. Guillermo Nielsen había explorado algunas alternativas como la de redistribuir zonas de Vaca Muerta en manos de YPF y darle mayor participación a empresarios locales. Pero en paralelo, Cristina Kirchner recibió en Cuba a Miguel Galuccio, en un gesto que reflejaría su predilección por él en la empresa argentina. Aunque no necesariamente para la presidencia de la petrolera.De hecho, en las últimas semanas habían subido las acciones de su actual titular, Miguel Gutiérrez. Y tras el encuentro en Cuba con Cristina, Gallucio se contactó con Gutiérrez.
Por eso los gremios energéticos, que hasta ahora no lograron reunirse con Alberto F., se estarían encolumnando detrás de Cristina, atraídos por el protagonismo que pretendería darle a YPF. Aunque la única certeza es que, sea YPF o los empresarios vernáculos, la inversión, estimada entre 40 y 50 mil millones de dólares, deberá salir de los grandes jugadores internacionales.
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