Las empresas de cartelería publicitaria presentarán un recurso de amparo ante la Justicia contra una suba de impuestos de parte de la Ciudad que consideran discriminatoria. Mientras la tasa de publicidad que les cobra el Gobierno porteño aumentó entre el 141% y el 246%, para sus competidores, como las concesionaria del mobiliario urbano, el incremento fue de sólo el 28%.

Así lo denunciaron en la Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE). "El 1° de febrero, cuando termine la feria judicial, nos presentaremos ante la Justicia. Este aumento es arbitrario y discriminatorio. Buscan concentrar todo el negocio y los contenidos en el mobiliario urbano, y ponen en riesgo a nuestra actividad, donde la mayoría somos pymes. Así no podemos competir", aseguró Gustavo Brizuela, presidente de la entidad. En el sector operan unas 120 empresas, de las cuales 80 son pequeñas y medianas, y trabajan cerca de 12.000 personas.

De acuerdo a la ley tarifaria que sancionó la Legislatura porteña a fines del año pasado, las empresas de publicidad exterior pasarán de $ 750 a $ 2.200 anuales por metro cuadrado que tenga el cartel. Se aplicará para todos los dispositivos, desde pantallas LED hasta los carteles que se colocan en las azoteas y las medianeras de los edificios.

En cambio, para las publicidades en los refugios de colectivos y las pantallas callejeras la carga irá de $ 65 a $ 80 anuales por m2.

Se trata de un negocio importante. La estimación es que la publicidad exterior mueve cerca de $ 80 millones anuales, mientras que el mobiliario urbano factura entre $ 100 y $ 150 millones.

¿Qué dice la Ciudad? Fuentes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aseguraron que "la suba afecta sólo a los grandes carteles, y fue votada por la Legislatura porteña para adecuar la ley tarifaria a la ley de publicidad exterior. No es cierto que se beneficie a los concesionarios del mobiliario urbano. Ellos, por ejemplo, pagan un canon que las empresas de publicidad exterior no tienen".

El sector de la publicidad exterior ya tuvo un fuerte cruce con el macrismo en 2008, cuando la Legislatura impulsó una ley que reducía drásticamente la posibilidad de instalar cartelería y marquesinas en los negocios. Luego de varias denuncias, se terminó sancionado un proyecto un poco más contemplativo.

A su vez, el mobiliario urbano tiene una historia compleja en la Ciudad. Tras 20 años sin renovación y luego de una compleja licitación que estuvo parada tres años en la Justicia, el Gobierno porteño adjudicó las concesiones en 2012. Las tres concesionarias comenzaron a renovar los refugios y paradas de colectivos, los carteles de las calles y otros elementos, a cambio del derecho a explotar la publicidad. Los tres concesionarios son Wall Street, vinculada al ex funcionario kirchnerista Enrique Albistur; la mendocina Publicidad Sarmiento, de la familia del piloto de Dakar Orly Terranova; y PC Publicidad, que pertenece a Gabriel Romero, también concesionario del ferrocarril Belgrano Norte y de la recolección de residuos de las Comunas 9 y 10.