Por Fernando del Rio

La tranquera ubicada a la altura del kilómetro 553 de la ruta interblanearia 11 luce ahora un chapón circular con un nombre escrito a mano alzada: “Campo La Fundación”. Más allá del alambrado, 140 hectáreas pertenecientes al Estado Nacional que son parte de una disputa ya no legal, más bien ideológica, en la que los nuevos poseedores alimentan la sagrada y revolucionaria idea del reparto de tierras y los detractores los tratan de simples okupas, “conurbanizadores” de la Costa Atlántica.

Cuando el 25 de marzo militantes del MTE, algunos de ellos pertenecientes a la Asociación Civil Tercer Tiempo, pisaron tierra al desembarcar repentinamente en las 140 hectáreas con las que el Gobierno Nacional los había beneficiado en esa zona próxima al barrio El Marquesado, germinó algo muy distinto a aquello a lo que su propio proyecto aspiraba. Lo que brotó de manera inmediata fueron las dudas y el rechazo de los vecinos a sus intenciones y los temores a que se tratara de una ocupación, práctica extendida desde hace años en el sur de la costa de General Pueyrredon.

Amparadas en una cesión provisoria y al cobijo de la funcionaria Gabriela Carpineti, que los acompañaba para “dar las explicaciones necesarias”, cerca de 60 personas llegaron al kilómetro 553 de la ruta 11. Entraron, conminaron al cuidador del lugar a que se retirara y engancharon a la tranquera principal el chapón con la nueva denominación de aquellas tierras. Ese “Campo La Fundación” llevaba en sus letras una necesidad reivindicatoria a la “Fundación Eva Perón”, aquel ente estatal del primer gobierno de Juan Domingo Perón que gestionó la construcción del Complejo Turístico Social de Chapadmalal. Pero nada es inocente cuando desde atrás empujan las ideologías.

Carpineti responde políticamente a Juan Grabois, el referente de organizaciones sociales, un hombre afín al Gobierno Nacional y que fomenta la idea de que todo habitante tiene derecho sobre un pedazo del territorio argentino. Grabois esta vez no apoyó con su presencia esta situación, a diferencia de lo que había hecho en numerosas ocasiones anteriores, acaso porque ésta se respaldaba en una “legítima” cesión.

Esa presunta legalidad fue la que permitió que Carpineti, en total sigilo y acompañada de Marcos Santucho (titular de Tercer Tiempo), se presentara a principios de marzo en el campo y tuviera una entrevista con Luis, el cuidador del lugar. Luis es un hombre de 67 años que recibía apenas 30 mil pesos por ser el casero. Aunque no vivía allí -tiene su casa en Mar del Plata- cuidaba el campo, a sus 14 ovejas y principalmente evitaba o alertaba sobre posibles usurpaciones. Sus patrones hasta el 25 de marzo eran los anteriores tenedores del lugar, una ONG que también había intentado sin éxito una huerta agroecológica.

“Pero ¡qué va a crecer ahí! La tierra es malísima, está pasada de sal. Yo llevo 12 años y apenas me crecieron unos pinos. Es todo verso lo que dice esta gente nueva. Y menos le va a crecer si no usan agrotóxicos, algo que no pueden por la cercanía de El Marquesado”, dijo Luis, quien pide que no lo metan en problemas, que él es un tipo honesto y que le devuelvan sus 14 ovejas y las cosas que tiene dentro de la casa del campo.

Aquella visita anticipada de Carpineti había sido para avisarle a Luis que el campo había “cambiado de manos” desde el 16 de febrero, pero que le ofrecían cerca de 80 mil pesos para quedarse. Justo un sueldo mínimo vital y móvil. Después esa oferta fue retirada y cambiada por un simple “se va a tener que ir”, algo que se materializó con un poco más de virulencia el 25 de marzo. Eso sí, le ofrecieron 1.500.000 pesos por todo lo que había dentro del campo. Incluidas las ovejas. Según dijo el propio Luis a la policía en su declaración, la propuesta se la hizo el representante de la Cooperativa de Trabajo “15 de Enero”. Y aquí un párrafo aparte.

Esta cooperativa es a la que el Gobierno Nacional -también- le encomendó la gestión para construir un programa de viviendas en unos terrenos de la avenida Fortunato de la Plaza. Cuando los vecinos se enteraron el año pasado salieron a la calle a protestar, ya que eran terrenos de los Peralta Ramos que tenían por destino innegociable propósitos escolares, no habitacionales. De todos modos, las obras no registraron ningún avance: siguen en fase administrativa.

Mientras tanto, el casero Luis hoy está a la espera de que le devuelvan sus cosas, pero los que ahora están en el campo le dicen que no, hasta que no lo resuelva “la Justicia”. En este caso, “la Justicia” es el juez Ariel Lijo, a quien le cayó en su órbita el tratamiento de la denuncia presentada por el intendente Guillermo Montenegro por la cesión de tierras decretada por la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) al pedir que se investiguen los posibles delitos de usurpación, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, esto último en relación a Carpineti. 

En verdad son 139 hectáreas o 1.396.983 metros cuadrados lo que está en pugna, en el bellísimo extremo sur del partido de General Pueyrredon. Y la pugna es ideológica.

Esas tierras pertenecían a la Estancia Santa Isabel, cuyos dueños eran la familia Martínez de Hoz, y tenían una gran extensión en aquella zona. La primera expropiación fue en el año 1937 para la construcción de la ruta 11, y en el año 1945 el presidente de facto Edelmiro Farrel, que contaba con Juan Domingo Perón como uno de sus principales generales proyectados hacia un escenario democrático, firmó el decreto N° 15.869/45 por medio del cual se expropiaban otras 50 hectáreas al declarárselas “tierras de utilidad pública”. La intención era construir en Chapadmalal hoteles, colonias y edificios anexos, según refiere la historiadora Elisa Pastoriza.

En el año 1947 fue el propio Perón, ya como presidente de la Nación, el que expropió una porción mayor, casi 687 hectáreas, y comenzó el proyecto de construcción de los hoteles, el cual quedó a cargo de la Fundación Eva Perón. Con el tiempo el complejo hotelero quedaría reducido a 75 hectáreas y la mayoría de las tierras expropiadas fueron puestas en remate. Algo así como 403 fueron a parar a privados en 1965 y el remanente quedó ocioso. En 1982 otra parte fue asignada a la Armada Argentina y entre la poca tierra que quedó estaban esas 139 hectáreas pegadas al barrio El Marquesado. Tierras que allí por el año 1950 alguien creyó con fertilidad suficiente para abastecer de alimentos a los hoteles. Tierras que ahora, 73 años más tarde, fueron renombradas como “La Fundación”, con cierto dejo nostálgico y una renovada pretensión agrícola.

Es decir que la idea de una granja social o comunitaria se remonta a la mitad del siglo pasado, aunque no haya estudios sobre la viabilidad de las tierras. Lo único que hay son experiencias de gente como Luis que comprobó la alta probabilidad de que allí no evolucione un proyecto así. Pero quienes ahora fueron asignados como custodios de las 139 hectáreas aseguran que el Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata se encargarán de hacer el informe.

Los custodios son la Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol Huerta Comunitaria, que tiene como presidente a Marcos Santucho. Sin embargo, detrás de él están las intenciones de Grabois. ¿Por qué? Porque por un lado Santucho forma parte del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y porque lo que se intenta replicar en ese sitio es algo de lo que Grabois impulsó con el nombre de “Proyecto Artigas”.

Resuena todavía la toma en Entre Ríos del campo de la familia de Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri. El 15 de octubre de 2020, en plena pandemia por el Covid, un grupo de personas lideradas por Juan Grabois y acompañados por Dolores Etchevehere ingresó al campo Casa Nueva, en cercanías a la ciudad de La Paz.

El argumento para la usurpación -así lo definió la Justicia dos semanas más tarde- fue que Dolores Etchevehere, hermana de Luis, había sido estafada en la sucesión de bienes y que ese campo le pertenecía. Grabois, que la representaba legalmente, acordó recibir en cesión el 40% de la tierra de la mujer para “construir un modelo agrario sostenible, libre de agrotóxicos y explotación; nos proponemos construir allí un proyecto productivo que cuide la madre tierra y respete los derechos de las familias campesinas”.

Con esa toma quedó fundado el “Proyecto Artigas”, una versión algo más humilde de la “revolución agraria” cubana para la explotación de tierras ociosas o cedidas.

Dos semanas más tarde, la jueza María Carolina Castagno ordenó el reintegro del campo a los hermanos de Dolores y a su madre, por lo que Grabois y los casi 60 militantes del MTE y otras organizaciones sociales bajo su órbita debieron retirarse del lugar, no sin antes insistir en la transparencia y la justicia que le dan impulso a su proyecto.

El Proyecto Artigas murió así, casi en el mismo momento en que nació. Pero vale recordar un dato: tras argumentar el derecho sobre esas tierras el día de la toma, con cierto desparpajo y absoluto desconocimiento rural, la gente de Grabois inició una huerta de 11 metros por 4 a la sombra de eucaliptus. Nada que sembraran en un suelo intoxicado por las raíces alelopáticas de esas plantas crecería. Y nada creció. Una enorme similitud a lo que auguran los que conocen las tierras pegadas a El Marquesado.

Proyecto inmobiliario

Las intenciones nobles de repartir tierras ociosas para que explotados campesinos puedan tener sus propios emprendimientos no siempre son nobles si afectan derechos de otros. O si son gestionadas por gente de comprobada impericia para esos menesteres y que solo busca militar la épica de su ideología desde un romanticismo anacrónico y marchito.

Al menos eso es lo que sostienen, con palabras diferentes, los que se oponen. Porque las acusaciones no tardaron en ser cruzadas: del lado de los vecinos se calificó a los extraños como usurpadores y éstos denunciaron que el enojo era porque algunos de los que protestaban tenían interés en que no se devaluaran muchos terrenos anteriormente apropiados. A todo eso se agregó el Municipio, que en una posición firme señaló que jamás permitirían que el proyecto agroecológico se desarrollara. El propio intendente Guillermo Montenegro denunció penalmente la cesión de tierras decretada por la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado) y pidió que se investigaran los posibles delitos de usurpación, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, esto último en relación a Carpineti. Los representantes del MTE y de la Asociación Civil Tercer Tiempo calificaron de violenta la postura municipal y también atacaron al secretario de seguridad, Martín Ferlauto, cara visible de la gestión Montenegro en el lugar de los hechos.

En primer lugar, la oposición de los vecinos -se organizaron y cortaron ya en un par de ocasiones la ruta 11- obedece a no querer que avance un asentamiento precario que desvalorice las tierras cercanas. Vale recordar que limita con el campo en conflicto el barrio El Marquesado, ese proyecto trunco de barrio privado con balneario propio ideado en los 70 y cancelado años después. El Marquesado tiene su fraccionamiento en lotes, calles internas, muchas casas construidas y con gente viviendo desde hace décadas. Pero también tiene aún muchos terrenos con problemas de propiedad, todo esto devenido del accionar de Sierra Leona SACIFA, firma que compró todas aquellas tierras y las comercializó. Según la gente de Carpinetti, Grabois y el MTE, los que se oponen al proyecto agroecológico, o los que encabezan esa oposición, son tres personas, dos habitantes de El Marquesado y un abogado de Sierra Leona, porque se apropiaron de muchos de esos lotes en conflicto y los venden ilícitamente. Entonces, no quieren “interferencias” en la zona. De hecho, hay una denuncia penal por esa situación.

En segundo lugar, el Municipio, que ratificó su postura de confrontar legalmente si se trata de una cesión de tierras para proyectos tan discutidos. Va en ello también una razón ideológica, pero con sentido urbanístico, potestad que tiene cualquier municipalidad sobre su territorio. “No nos oponemos a un proyecto de granja agroecológica o lo que sea, pero en el lugar que corresponda y que el Municipio autorice”, dice una fuente del equipo de Montenegro. Y ese, el kilómetro 551 de la ruta 11, catastralmente denominado “Circ. IV, Sec. RURAL, Parc. 567A” no es un sitio adecuado. Allí el partido de General Pueyrredon considera que hay potencial urbanístico, no rural.

De hecho, el 19 de agosto de 2016 el presidente Mauricio Macri, demás está agregar que es del mismo signo político que Montenegro, firmó el decreto 952/2016 a través del cual autorizaba a la AABE a enajenar 11 inmuebles del Estado Nacional, entre ellos, las 139 hectáreas. La idea era comercializarlos y permitir un desarrollo inmobiliario acorde con la zona y el medio ambiente. ¿Qué sucedió? Que días antes de la subasta en el banco Ciudad de Buenos Aires fijada para el 15 de diciembre de 2016, la Justicia la frenó por una acción interpuesta por un ciudadano porteño que se oponía a la venta de una casa que era obra, en CABA, del arquitecto francés Joseph Gire y el ingeniero Juan Molina Civit. Con las subastas suspendidas, tiempo más tarde, ya sin Macri en el gobierno, fue derogado su decreto y se iniciaron los trámites para que, por ejemplo, las 139 hectáreas en lugar de ser vendidas fueran entregadas a una Asociación Civil para una huerta agroecológica.

El círculo de la historia se cierra con Marcos Santucho, el titular de esa Asociación Civil beneficiada con la custodia del ahora llamado campo “La Fundación”. El 3 de marzo pasado Santucho recibió el premio al “Mérito Deportivo” por su labor en la escuela “Jesús te Ama”, en el barrio 15 de enero de Mar del Plata. El reconocimiento por su labor social se lo entregó la Municipalidad de General Pueyrredon.