PorFederico Mayol

En medio de las negociaciones por la renovada Ley Bases, por el DNU 70 -que ya fue rechazado por el Senado y espera por Diputados-, y por los pliegos de los jueces propuestos por la Casa Rosada para completar la integración de la Corte Suprema -un proceso que empezará a tomar vigor en estos días-, el Congreso deberá antes resolver, en las próximas semanas, a los candidatos nominados por la Cámara baja para la Auditoría General de la Nación, un organismo clave, muy codiciado, que asiste al Parlamento en el control de la administración central, es decir, del Poder Ejecutivo.

El próximo viernes vence el mandato de los dos auditores que habían sido designados por Diputados: se trata de Gabriel Mihura Estrada, que se referencia en Sergio Massa, y Juan Ignacio Forlón, de La Cámpora. A ellos, independientemente de que sigan o no en funcionarios -es decir, deberían volver a ser propuestos por la Cámara baja- hay que agregarle un auditor más porque, según la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sancionada en 1992, de los siete miembros de la AGN -el presidente es propuesto, según la Constitución, por el bloque con mayor número de legisladores del Parlamento- tres son designados por el Senado y tres por Diputados.

La tensión por estos días se centra en la Cámara baja. Y en el proceso de alianzas que los diferentes bloques parlamentarios logren alcanzar para cubrir las tres vacantes. “Esperemos que La Libertad Avanza construya mayoría legislativa con nosotros y no vaya a hacerlo con el PJ, ya sea para la AGN o para la Corte”, aseguró, inquieto, un referente de la UCR.

Es que, hasta este jueves, tanto en el PJ, en el PRO, en el radicalismo y LLA, pero también en el bloque conducido por Miguel Ángel Pichetto -Hacemos Coalición Federal- todavía no había ninguna certeza de cómo irían a repartirse las vacantes porque lay establece que las designaciones se concretan en base a la composición de la cámara, y esa biblioteca abre lugar a las interpretaciones. Según esa lógica, la primera minoría, es decir Unión por la Patria -el peronismo, con 99 diputados- debería quedarse con dos auditores y la segunda minoría, en este caso La Libertad Avanza, con 41 diputados, con un postulante. Pero hay antecedentes de mayorías circunstanciales que se conformaron ad hoc.

“El peronismo quiere llevarse dos, yo creo que vamos a terminar con uno para La Libertad Avanza, uno para nosotros y uno para el peronismo, a pesar de que el radicalismo quiere hacer una alianza con el bloque de Pichetto. Pero ya definimos en la primera sesión que era por bloques, así que debería ser así”, resaltó a este medio una de las espadas legislativas del PRO en la Cámara baja.

Es, en ese sentido, el mismo mensaje que desde la conducción de ese bloque le enviaron a los negociadores del PJ: uno para ellos, otro para el PRO y un tercero para LLA, a pesar de la insistencia del peronismo para que se respete la lógica histórica de llevarse dos auditores por tratarse de la primera minoría.

Cualquiera de las discusiones que se libran de manera subterránea ofrecen, por ahora, un panorama sombrío para el radicalismo, que auspicia entre sus candidatos a los ex diputados Mario Negri y Alejandro Cacace. La UCR cuenta en la AGN con Alejandro Nieva, jujeño, con mandato hasta 2025.

En el caso del PRO, todavía no se promocionó públicamente a ningún postulante. Pero fuentes del bloque mencionaron al diputado Luciano Laspina y al ex ministro Jorge Triaca, un dirigente con múltiples vínculos con el sistema político, anfitrión en su quincho de la zona norte del Gran Buenos Aires de innumerables tertulias y muy cercano al ex presidente Mauricio Macri.

Por La Libertad Avanza, el nombre que trascendió es el del abogado Santiago Viola, de buena relación con Karina Milei, que representó legalmente a LLA durante la campaña, que tiene a cargo algunas gestiones especiales y que ya había sonado sin éxito, en la conformación del gabinete, para ocupar más de un despacho. Parte de las gestiones de esta negociación las lleva adelante Martín Menem con el apoyo de su primo, Eduardo “Lule” Menem, cercanísimo a la secretaria General de la Presidencia.

“La semana que viene vamos a empezar a charlar sobre el tema”, explicó a este medio un referente del bloque libertario en Diputados.

En el peronismo también sobrevuelan una serie de intrigas. No solo porque todavía no hay ninguna definición concreta sobre el resultado de las negociaciones y la posibilidad de nominación de dos auditores. De esas tratativas dependen el futuro de Forlón -según confiaron, su intención es seguir como auditor- y de Mihura Estrada, que espera una señal de Massa. Por fuera de ellos dos, sonó en estas semanas la ex senadora María Virginia García, ex cuñada de Máximo Kirchner, de muchísima confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En la actualidad, García está contratada como asesora en la AGN.

El 1 de diciembre pasado, antes del cambio de mando, el peronismo se había puesto de acuerdo en el Senado y en Diputados para designar a Juan Manuel Olmos como el séptimo auditor y presidente del organismo, una propuesta que Alberto Fernández, por entonces presidente y titular del PJ nacional, elevó al Congreso. No tuvo ninguna resistencia.

Pasaron casi cuatro meses, y los tiempos cambiaron. El nuevo gobierno, la dispersión parlamentaria y la ausencia de liderazgos fuertes aventuran ahora un desenlace incierto. Mezclado, además, con las negociaciones por la Ley Ómnibus, el DNU y los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla oficializados por la Casa Rosada para completar la integración del máximo tribunal de Justicia. Son Tratativas que atraviesan al PJ, al PRO, a la UCR y al peronismo no kirchnerista. Y que volverán a ser frenéticas cuando pasen los feriados extra large de Semana Santa: el sistema político, incluida La Libertad Avanza, se tomó un respiro. En muchos casos, en el exterior.