Por Nicolas Fassi.

La pendular relación de Córdoba con la Nación muestra todas las semanas un capítulo distinto. A veces dos o más. Sin embargo, a la hora de los bifes, el gobernador Martín Llaryora traga saliva. Ya sea por la Ley Bases, los incendios o bien por la próxima batalla que se apresta a librar el oficialismo de La Libertad Avanza: el Presupuesto 2025.

Cuidadoso de las formas, el mandatario cordobés sabe que en estas circunstancias es mejor andar con pies de plomo y no sobreactuar. Las respuestas que llegan desde la administración de Javier Milei lo hacen en cuentagotas y lejos están de ser una contrapropuesta que satisfaga los múltiples gestos en pos del orden fiscal que pregona el Presidente.

De hecho, Llaryora se cobija bajo ese paraguas para ajustar cuentas en una provincia donde la conflictividad social comienza a tomar temperatura. Con todo, las señales que llegan desde el Panal, como se conoce a la Casa de Gobierno, son de un acompañamiento primario a la hora de debatir los números de la ley madre.

No obstante, la postura también va acompañada de una fuerte crítica, lanzada casi el mismo día del zoom entre los gobernadores y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, de parte del bloque de diputados cordobesistas, que tildaron de “disparate” el proyecto.

Cara I

Con un esquema de dos caras, de acuerdo a la preferencia de lecturas que se proponga hacer, Córdoba apoyó y rechazó el Presupuesto presentado, en el show low cost de Milei en el Congreso.

El lunes siguiente, la vicegobernadora Myrian Prunotto reemplazó a Llaryora en el zoom con Francos y los demás gobernadores. Hábilmente, el mandatario provincial se corrió del escenario, ya que se encontraba en el tramo final de una gira por Estados Unidos, invitado por la influyente Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

De extracción radical y rutilante incorporación al Partido Cordobés, Prunotto aplicó al pie de la letra el libreto de pedidos/reclamos.

“Deuda con la Caja de Jubilaciones y Obra Pública”, lanzaron desde el Panal. El primer punto ya es un clásico, puesto que desde Córdoba piden que se les giren 450.000 millones de pesos de deuda, en sintonía con los acuerdos firmados. En Casa Rosada, como siempre, miran para otro lado. Las fichas están puestas en un fallo que, algún día, deberá salir de la Corte Suprema.

Cabe recordar que desde el inicio de la gestión libertaria, la canilla de fondos se cerró, incluyendo los subsidios al transporte y el fondo de incentivo docente. Desde la provincia aseguran que se cumple con el esfuerzo al cubrir las deudas con dinero proveniente de las arcas locales. El tema es saber hasta cuando aguantarán los números.

Donde parece haber mayor fluidez y posibilidades es en torno a la finalización de obras públicas. Varias de las encaradas por la Nación están entre un 70% o 90% finalizadas, por lo que en principio no habría mayores problemas en ejecutar el prometido traspaso. “Hay problemas administrativos”, se atajó Francos, quien no obstante mostró predisposición para negociar.

En números, se trata de unos 150.000 millones de pesos necesarios para destrabar los trabajos y, de paso, brindarle algunas cucardas a la gestión provincial. Incluso, también se baraja la posibilidad del “Ok” de Luis “Toto” Caputo, ministro de Hacienda de la Nación, para que Córdoba acuda al mercado internacional de créditos.

De las obras, hay un par que son emblemáticas para Llaryora: la Autopista 8 que une la localidad de Holmberg con Río Cuarto y la autopista de la Ruta Nacional 158 San Francisco – Rio Cuarto con la rotonda de acceso a Villa María.

Si se termina de redondear el acceso a esos fondos, los votos estarían….

Cara II

Sin embargo y más allá de la postura “oficial”, el bloque de diputados cordobeses se apuró ese mismo lunes en tildar de “disparatado” al proyecto de presupuesto que apunta a un recorte de 60.000 millones de dólares en las Provincias. O 20.000 millones según José Luis Espert.

En un comunicado publicado en la red X, el texto firmado por todos los diputados cordobeses que responden al oficialismo provincial, acompañados por la senadora Alejandra Vigo, señalaron que es “insostenible” ajustar esa cifra puesto que así “sería imposible seguir brindando servicios esenciales”.

“Es un disparate total, porque sería imposible para las provincias seguir brindando servicios esenciales con ese nivel de ajuste. No estamos hablando de una optimización del gasto ni de un ajuste, sino de un recorte draconiano que pondría en peligro la vida de millones de personas”, alertaron en el texto rubricado por los diputados Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres, Juan Brugge y Natalia de la Sota, además de la citada Vigo.

“Si uno hace más o menos un cálculo grueso, y para Córdoba significaría alrededor de 5.000 millones de dólares, es decir una vez y media prácticamente los derechos de exportación, las retenciones que Córdoba pone todos los años en las arcas nacionales, la verdad que un despropósito total”.

También Llaryora se anotó una crítica al respaldar a la postura de la Cámara Argentina de la Construcción, delegación Córdoba, que sostuvo que “es una falacia” que la inversión privada va a hacerse cargo de la totalidad de la obra pública. El gobernador recogió el guante al señalar que hay que tratar bien al sector de la construcción.

Desde el Panal guardan prudencia y le ponen paños fríos a la hora de hablar de cifras finas, muy atentos a lo que suceda a partir de octubre con la discusión de la letra chica. Aunque por lo bajo, reconocen que el Presupuesto es una “herramienta” necesaria para la gestión del Ejecutivo, anticipando mucha rosca antes de pronunciarse por la afirmativa.