Por Ramiro Melucci

Por la importancia de la provincia de Buenos Aires en el mapa electoral, por la predilección de Cristina Kirchner por Axel Kicillof o por la posibilidad del kirchnerismo de resistir en territorio bonaerense una hipotética ola opositora, la gestión provincial estará el año próximo en el centro de todas las miradas.

Las obras públicas, las políticas productivas, las vinculadas a la seguridad, la salud y la educación, los fondos enviados por el Gobierno nacional y hasta los nombramientos entrarán en debate. También la relación con los municipios.

Guillermo Montenegro, hombre clave de Juntos por el Cambio en el interior bonaerense, hace mella en ese punto cada vez que dice que el gobierno de Kicillof discrimina a Mar del Plata. Los candidatos de su espacio político lo repetirán en campaña.

Las semanas previas al Mundial, casi como un anticipo de lo que ocurrirá después, el intendente redobló sus cuestionamientos a través de declaraciones propias o de sus espadas legislativas en el Concejo Deliberante o el Senado provincial. Primero lamentó que el gobernador sacara del presupuesto la obra de remodelación de la Rambla; luego aprovechó un encuentro en la Uocra para decir que la ciudad no puede “seguir siendo discriminada por la obra pública”.

A menor escala, la administración de Montenegro también será evaluada el año próximo. De allí que la réplica kirchnerista ya no se limite a desmentir con números la sentencia del jefe comunal. Ahora también incluye una línea adicional: presenta la queja del intendente como una excusa por la “mala gestión” local.

Niega un trato inequitativo con otros distritos, da a entender que hasta las obras que le reditúan políticamente al municipio –como las de bacheo o alumbrado público– están financiadas por Provincia e invierte el término de la acusación: habla de una victimización.

Las diferencias están expuestas y resaltarán aún más en los próximos meses. Por momentos parece una cuestión de prioridades; en otros la discusión es por los tiempos que demora tal o cual obra. Siempre habrá un motivo para que Montenegro y el kirchnerismo suban el tono.

En esa dinámica confrontativa, el riesgo de sobreactuación aumenta. El oficialismo local llegó a denunciar públicamente una “persecución” de la AFIP contra la industria del gin y la cerveza artesanal luego de que se detectara una evasión impositiva por más de $ 40 millones. El Frente de Todos celebró como un gol de la Selección el aporte de la Nación y la Provincia para el sistema educativo municipal, cuando no es otra cosa que el cumplimiento de acuerdos firmados hace más de una década.

La discusión del presupuesto bonaerense y el inminente debate sobre el municipal sirven como escenario para azuzar la grieta, más allá de cómo se terminen votando. Ahí está como muestra la regulación de los decks: el Frente de Todos se abstiene y permite el avance del expediente, pero fustiga la forma en que el Ejecutivo local implementó provisoriamente el programa.

Primó la prudencia el jueves pasado, cuando la asamblea de concejales y mayores contribuyentes aprobó la reprogramación de la deuda por los casi $ 236 millones que le prestó el gobierno de Kicillof al municipio durante la cuarentena. No tuvieron lugar la acusación ni la grandilocuencia. Juntos por el Cambio se limitó a decir que ayudará a cumplir con la devolución de los fondos; el Frente de Todos resaltó aquella ayuda y la definió como un ejemplo de colaboración con Mar del Plata en tiempos difíciles, pero evitó otorgarle un sesgo extraordinario.

Las diferencias están expuestas y resaltarán aún más en los próximos meses. Siempre habrá un motivo para que Montenegro y el kirchnerismo suban el tono.

En ese escenario, el oficialismo vernáculo anotó dos grandes desafíos para lo que resta del año: la ordenanza de los decks y el presupuesto 2023. La norma que permite la continuidad de las estructuras gastronómicas consiguió dictamen de comisión y se tratará el martes en el recinto. El recorrido por las comisiones internas exhibe una clara curva descendente en los acuerdos políticos. De la primera aprobación en la Comisión de Industria, donde había predisposición para lograr rápidos consensos, hasta la de Hacienda del último viernes hubo un vendaval de cuestionamientos y Juntos por el Cambio se fue quedando con menos socios.

Las críticas llegaron desde afuera del Concejo y moldearon el tono de la discusión. La razón está a la vista: solo hace falta recorrer los centros comerciales para advertir que cualquiera hizo lo que quiso. El gobierno reconoció las deficiencias y mandó a remover algunos, los más impresentables. Y está convencido de que la norma que se aprobará el martes terminará por emprolijar el espacio público: los comerciantes que ya tienen decks tendrán hasta el 30 de abril para adecuarlos a las características estructurales y de diseño que se contemplaron.

La furia del presidente de la Cámara Textil, Guillermo Fasano, con Angélica González no pasó inadvertida. La concejala de la Coalición Cívica comentó en la Comisión de Legislación que la entidad no había sido escuchada porque prefirió expresarse a través de una nota. “Miente”, se exasperó Fasano. Podría formar un club de amigos con los taxistas, que también tienen a la edil entre ceja y ceja desde el momento en que presentó el proyecto para habilitar las aplicaciones de transporte como Uber.

La semana pasada la que se llevó los improperios de los choferes fue su par radical Marianela Romero, encargada de advertir que el plus tarifario nocturno que se apresta a convalidar el Concejo debe ser temporario. Algo que los taxistas no están dispuestos a considerar.

Con el Mundial comenzaron también las fotomultas, promovidas a principios de año por el intendente. Las que nunca vieron la luz fueron las denuncias de tránsito a través de celulares, otro proyecto enviado al mismo tiempo por el Ejecutivo. Antes que eso, el oficialismo espera empezar a avanzar con el proyecto para facilitar las habilitaciones comerciales, que tiene por delante un largo recorrido por las comisiones internas.

No figura en los planes urgentes el acuerdo con la AFA por el estadio José María Minella (el Ejecutivo lo había prometido para los 15 días posteriores al anuncio) ni el pliego del transporte, por lo que el último mes del año el Concejo lo dedicará en exclusividad al presupuesto y al aumento de tasas.

En ese último punto está la discusión puertas adentro de la administración de Montenegro. El secretario de Hacienda, Germán Blanco, es partidario de establecer un aumento del 60% y una cláusula gatillo para que operen incrementos automáticos cuando la inflación supere esa cifra. El intendente pidió una alternativa sin gatillo “para dar más previsibilidad” a los contribuyentes.

Debajo de esa discusión técnica está la política. La cláusula de incremento parece razonable en tiempos de incertidumbre, pero se activaría en la segunda parte del año, en pleno proceso electoral. Un obsequio para la oposición. El intendente es partidario de un impacto mayor de movida antes que agregar nuevos aumentos después. Esta semana, cuando el Ejecutivo eleve el presupuesto al Concejo, se develará qué fórmula consiguió zanjar la discusión.