Antes esta situación, los asistentes expresaron que “vinimos a reunirnos y solidarizarnos porque creemos en la importancia de la empresa  Mayol, porque pymes como esta representan la posibilidad de desarrollo de los pueblos del interior, ni más ni menos que la posibilidad de los vecinos de crecer y desarrollarse con el esfuerzo del trabajo”, a su vez, agregaron “todo esto se vuelve más grave, porque el accionar violento del gremio se hizo con el amparo del gobierno nacional y provincial, rompiendo la paz social que caracteriza a este lugar".

Por último remarcaron que “estamos en presencia de un conflicto político que privilegia los intereses sectoriales perjudicando pequeñas empresas que invierten y generan desarrollo local, y trabajadores que quieren progresar con el sudor de su frente”.

EL CONFLICTO

Desde marzo pasado, vienen sucediendo una serie de conflictos en la planta de la empresa familiar, fundada en 1936, que motivó a la familia Mayol a realizar una denuncia penal que fue calificada por la Justicia como “robo agravado, daño, amenazas coactivas, resistencia a la autoridad y desobediencia en concurso real”, debido a que parte de los trabajadores, apoyados por delegados y afiliados a ATILRA, habían tomado la planta para exigir que 14 trabajadores pasen al gremio lácteo ya que los empleados de la pyme estaban en el sindicato de la alimentación

Paulina Mayol, Gerente General de la empresa, manifestó: “como no nos es indistinto la buena o mala conducta, y por respeto y valoración del resto de nuestros empleados, decidimos hacer uso de las facultades que nos da la Ley de Contrato de Trabajo y suspendimos preventivamente a los mismos hasta tanto la situación penal quedara resuelta”.

Para llevar a cabo la suspensión se estos trabajadores, la empresa recurrió al artículo 224 de la Ley Nro. 20744 de Contrato de Trabajo, que faculta a la suspensión preventiva ante la existencia de una denuncia penal que involucre al trabajador, ya sea impulsada por el empleador como por terceros. El mismo artículo aclara que, en el caso de un sobreseimiento, el imputado deberá ser reincorporado y recibir el pago de los salarios perdidos durante el tiempo de la suspensión.

El pasado 22 de abril, el gremio de ATILRA llevó todas las actuaciones vinculadas al proceso de suspensión de estos trabajadores al Ministerio de Trabajo, el cual, inmediatamente, llamó a las partes a una conciliación obligatoria que arrojó como resultado el dictamen de la inmediata reincorporación.