El director Ejecutivo de la Acumar, Julio Torti, aseguró que no pretende la reubicación de las 13.000 industrias que vuelcan químicos al Riachuelo, pero sí que se adecuen a las normas medioambientales para "dejar de contaminar".
"La empresa que no tenga voluntad de adecuarse será clausurada y pasible de multas", dijo el jefe del organismo integrado por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, encargado del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
Tras sus primeros tres meses en el cargo, el ingeniero químico y experto en manejo y gestión de residuos, habló en una entrevista con NA de la reurbanización posible en algunas zonas costeras y de la reubicación de 14.000 familias, tarea que demandará unos "ocho años".
El funcionario negó que se haya ampliado la Acumar con profesionales de sueldos muy altos y afirmó que le está generando "un ahorro al Estado" por la revisión y modificación de las obras que dejó la gestión kirchnerista.
NA ¿Qué encontró cuando llegó a Acumar?
JT - Era un organismo con muy buenos profesionales, pero sin una línea guía clara sobre qué es lo que tenía que hacer Acumar. Con algunos contratos que fuimos revisando con auditorias. Se reorganizó el organismo en función de lo que creemos es la misión.
NA - ¿Qué fue lo más importante que se hizo en estos tres meses?
JT - Se readecuó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), por un pedido de la Justicia. Se planteó una modalidad diferente de trabajo: el PISA como documento de referencia permanente, más corto, amigable y con principios bien claros de lo que es un plan integral.
NA - ¿Cuál es su análisis sobre lo que ya se hizo en la cuenca desde Acumar?
JT - Fue menos de lo esperado. Se hicieron algunas cosas. Hubo muy pocas relocalizaciones: 3.000 de 17.000, es poco para ocho años. Vale reconocer que es muy difícil construir viviendas y relocalizar familias, pero se podría haber hecho algo más.
NA - Hay zonas en las que se evidenció un cambio
JT - Se avanzó con el camino de sirga (calle que deben dejar los propietarios ribereños para uso público), que es una buena iniciativa. También hubo trabajos de caracterización de lugares contaminados, aunque no se pasó de ahí. Y hubo algunas reconversiones industriales, pero no todas fueron prioritarias.
Pero, sobre todo, se iniciaron algunas cosas que no se finalizaron, cuando en realidad lo podrían haber hecho con el mismo presupuesto. Yo prefiero iniciar algo y terminarlo, o por lo menos dejarlo encaminado.
NA - ¿Cuánto tiempo llevaría relocalizar esas 14.000 familias que faltan?
JT - Ya se lanzó un plan de alrededor de 3.500 viviendas, con la idea de poder hacerlo en tres años. Hay otras 4.000 que se están gestionando. Van a quedar unas 7.500, pero antes necesitamos confirmar los terrenos y hacer los planes. Estimo, nos llevará ocho años en total para completar las relocalizaciones.
NA - ¿Qué dicen las familias que se niegan a ser relocalizadas?
JT - Es terriblemente difícil. Se está trabajando mucho y muy bien. La gente no se muda por muchas razones: tienen la vida armada allí, les gusta la zona geográfica, ya tienen alguna actividad comercial como un kiosko, un sustento; y otros que están a pocos minutos de su empleo.
NA - ¿Y hay planes de reurbanizar las zonas?
JT - La relocalización es un cuello de botella. Entre los planes que contemplamos está la urbanización para dejar al vecino en el mismo lugar, pero con una vivienda mejor, agua, cloacas, pavimento. Esto es para los casos que están en lugares posibles.
NA - Hay 13.000 industrias en la cuenca ¿Qué van a hacer con ellas?
JT - Estimamos que hay un grupo de 220 empresas que son responsables del 90% de la contaminación de origen industrial. El foco hasta 2019, desde el punto de vista de fiscalización, estará puesto en esas 220 firmas.
NA - ¿Les van a pedir que se vayan de allí?
JT - No, le vamos a pedir que se adecuen ambientalmente, es decir, que cumplan con toda la normativa Acumar que está siendo revisada: límites de vertido, agente contaminante y uso del agua. El que no tenga voluntad de adecuarse será clausurado y pasible de multas.
NA - ¿Esa adecuación determinará que las empresas dejen de contaminar o que reduzcan los niveles de contaminación?
JT - Que dejen de contaminar. Tenemos parámetros de vuelco, como tiene cualquier cuenca sana. Si eso lo cumplieran las empresas, el problema de la contaminación industrial desaparecería. Por eso yo no hablo de reconversión ni de mudanza.
NA - ¿Qué opina de la vigente no navegabilidad determinada por la Justicia?
JT - Nosotros no nos oponemos ni estamos a favor de la navegabilidad del Riachuelo. Pasa que la navegabilidad comercial con barcos de calado bastante grande requeriría un dragado y en el dragado sí tenemos algo que decir: hay que mirar el impacto ambiental que puede generar.
NA - ¿Dragar generaría mayor contaminación?
Hay estudios de barros y algunos determinaron que esos barros son residuos peligrosos y removerlos generaría más contaminación. Hay métodos de dragado que controlan muy bien lo que se vuelve a redisolver. Después hay que ver qué hacemos con lo que sacamos.
NA - ¿Cómo piensan resolver la carga cloacal de la Ciudad y el conurbano?
JT - Estamos trabajando con AYSA en un plan que reduce sustancialmente la carga orgánica entre este año y 2023. Las obras son el Colector Margen Izquierdo, que va del lado de CABA e intercepta todo los pluviales y cloacas clandestinas. También las plantas de Lanús, Fiorito y Sudoeste. Y la de El Jagüel, que también se ampliará.
NA - ¿Qué inversión prevista hay para el saneamiento de la cuenca en los próximos años?
JT - El presupuesto más grande lo tiene AYSA: 4.000 millones de pesos, plurianual. Nosotros tenemos, hasta 2019, unos 1.500 millones. Eso, más lo que se sume adicional para las cosas que estamos relevando, más los aportes que hagan CABA y Provincia. Además, la inversión privada.
NA - En la oposición aseguran que ACUMAR fue ampliada y que hubo una suba muy fuerte de sueldos para cargos jerárquicos.
JT - ACUMAR no se amplificó, sólo se reordenó. Hay prácticamente la misma cantidad de gente respecto de la gestión anterior. Se promovió alguna gente y al hacerlo le tuvimos que subir un poco el sueldo. Y se ha tomado profesionales con un expertice que acá no se tenía, pero son menos de diez personas. Pero por otro lado se han generado ahorros en contratos de decenas de millones de pesos y en obras, de centenas de millones de pesos.
NA - ¿Se dieron de baja convenios con universidades?
JT - Esos convenios que nos dejaron como herencia significaban perder dinero. Se redujo. Hay gastos administrativos que se llevaban las universidades que no nos aportaban nada. También, gente que ni siquiera venía a trabajar. Pero la planta profesional quedó.
NA - ¿Se detectaron desvíos de fondos?
JT - Hay 7 u 8 sumarios abiertos, sobre los que esperamos resultados. Recién luego podremos presentar casos a la Justicia. Sí hubo obras contratadas absolutamente inútiles que fueron paradas. Y otras obras a medio terminar que generan un perjuicio al Estado.
NA - ¿Qué expectativas tiene sobre el trabajo que va a realizar en los próximos años?
JT - Yo planteé un objetivo de mínima, que espero se empiece a cumplir: dejar de contaminar el Riachuelo, no podemos pensar en otra cosa. Hoy no sólo está contaminado, lo seguimos contaminando con volúmenes que son muy altos.
Comentá la nota